Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
El ministro de Defensa Diego Molano presentó el primer informe que produce el recién creado Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional que le seguirá la pista a las Fuerzas Militares. El documento es un registro de acciones, proyectos, iniciativas y resultados del año pasado, en medio de protestas, paros y múltiples denuncias de abusos de fuerza. En sus declaraciones, una vez más, Molano sostuvo que si ha habido excesos fueron casos aislados, a pesar de que entes internacionales han reconocido un abuso generalizado de la fuerza en el paro de 2021.
Lea también: ¿Qué pasó con los desaparecidos del paro nacional?
En contrapeso, se registró que frente a las denuncias de uso excesivo de la fuerza se iniciaron “231 indagaciones disciplinarias, la Procuraduría 188 procesos y la Jurisdicción Penal Militar reportó 168 indagaciones”. Apenas en 9 casos ha habido sanciones disciplinarias. De las 231 investigaciones que abrió internamente la Policía, 193 las cerró y solo 38 siguen vigentes.
Además, el informe le resta legitimidad a las protestas e insiste en la versión del ministro de Defensa: dice que fueron infiltradas por miembros del Eln y otros grupos armados ilegales, lo que, según el documento, ocasionó que hubiera hechos de vandalismo. Molano puso de presente, por ejemplo, que durante las protestas del 2021 hubo 1.753 miembros de la Fuerza Pública heridos y tres perdieron la vida. El informe a su vez da cuenta de que “148 uniformados murieron en cumplimiento de su deber” en todo el año.
A su vez, el documento presenta como aciertos las capturas de líderes de organizaciones criminales. “Hemos podido avanzar en la captura y judicialización de actores criminales que perpetraban violaciones a los derechos humanos”, aseguró el ministro en su intervención. En relación con este punto, el informe presentó la captura de Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, principal líder del Clan del Golfo y la muerte de líderes del Ejército de Liberación Nacional (Eln) como logros para la protección de los derechos humanos.
Le recomendamos: El patrón de castigo que estaría detrás de las lesiones oculares
Y hace un corte de cuentas de la formación que han recibido en derechos humanos: “En el marco del Plan Anual de Capacitación, se formaron más de 95.570 uniformados y se capacitaron otros 433.340″. El ministro Molano insistió en este punto afirmando que, “hoy no hay un solo soldado o policía que no haya recibido instrucción rigurosa sobre lo que debe ser su compromiso en el respeto por los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”.
Dentro del informe finalmente se incluyen los proyectos para que los uniformados se capaciten en derechos humanos. Según el documento, a los miembros de la Fuerza Pública se les está preparando bajo cinco líneas estratégicas: Liderazgo y desarrollo integral de militares y policías, Educación Militar y Policial que responda a los retos y amenazas del país, Investigación Formativa y Aplicada, Desarrollo e Innovación Militar y Policial Sostenible de Proyección Nacional e Internacional, Enseñanza, Aprendizaje y Certificación de una o más lenguas para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional y Uso y Apropiación de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplicadas a la Educación de Militares y Policías.
Podría interesarle: Violencia y autoritarismo: organizaciones de derechos humanos rajan a Duque
Aun así, el informe no respondió a algunas denuncias sobre las violaciones a derechos humanos que se han presentado contra la fuerza pública. Para enero de este año, la Fiscalía tenía en sus cifras que aún hay 27 personas desaparecidas durante el paro nacional del año pasado. Asimismo, parte de las capacitaciones expuesta en el informe ya habían sido ordenadas por autoridades judiciales.
Por ejemplo, en el caso del Esmad, el Consejo de Estado ordenó en septiembre del año pasado en que tendrían que ser capacitados en derechos humanos por múltiples denuncias de violaciones a estos. En esa ocasión, el alto tribunal determinó que patrulleros, suboficiales y oficiales deben someterse a un proceso de capacitación, socialización y entendimiento del Decreto 003 del 2021, el cual establece un protocolo para el uso de la fuerza durante la protesta ciudadana.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
