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Human Rights Watch acaba de lanzar su informe mundial para el año 2016. En él, condensa la situación de los derechos humanos en el mundo y en diversos países. Entre ellos, como desde hace varios años, Colombia tiene un capítulo aparte. El mensaje dela ONG es claro: si bien la firma de los Acuerdo de Paz con las Farc son una oportunidad invaluable para “terminar con las violaciones de derechos humanos en el país”, el camino que falta es largo.
El informe hace énfasis en los asesinatos de líderes sociales, campesinos e indígenas que en los 12 días del año presente, ya asciende a cuatro. En el documento, la organización consigna que solo a septiembre de 2016, la Onu había registrado 28 asesinatos de este tipo. Para diciembre, la cifra oficial alcanzó los 58 homicidios, mientras que la Cumbre Agraria aseguró que fueron 94 los líderes caídos (Lea: Las cifras inciertas del número de líderes asesinados en 2016).
La Ong también se refirió a las amenazas a periodistas –que según la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) llegó a 91 casos para octubre– y a la situación de los líderes sindicales: “La Escuela Nacional Sindical reportó 18 asesinatos de sindicalistas ocurridos entre enero de 2015 y febrero de 2016, y el gobierno ha documentado más de 120 desde 2011”, dice el informe.
Human Rights Watch señala a quiénes podrían estar detrás de estos atentados de forma vaga, pues solo atina a decir que las amenazas de muerte y otros actos de violencia contra defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos, y otros activistas comunitarios, se dan por parte de “guerrillas y grupos sucesores del paramilitarismo, entre otros”. Eso sí, acara que “los actores que cometen actos de violencia contra civiles casi nunca rinden cuestas por sus actos”.
Asimismo, puso el dedo en la llaga en el tema del paramilitarismo, que sostienen organizaciones sociales sigue existiendo, mientras que el Gobierno asegura que éste ya fue eliminado. HRW dice que si bien hubo un proceso oficial de desmovilización, este “presentó graves falencias, y tras él numerosos miembros permanecieron activos y se reorganizaron conformando nuevos grupos”.
Pone como ejemplo de esta desmovilización fallida el caso de Buenaventura (Valle). Allí, dice HRW, “los grupos sucesores de paramilitares siguen cometiendo estos abusos”, y señala que la ciudad portuaria “presenta uno de los índices más elevados de desplazamientos forzados de Colombia: 12.956 residentes debieron abandonar sus hogares en 2015, y 1.955 entre enero y octubre de 2016”.
También habla de los avances “lentos, pero significativos”, de la Ley de justicia y Paz. Hasta julio de 2016, dice el documento, solo 182 de los más de 30.000 paramilitares desmovilizados habían sido condenados por los tribunales de Justicia y Paz. “Las condenas alcanzan tan sólo a una pequeña parte de los más de 4.000 postulados que reclaman los beneficios de la ley”, concluye la organización.