Huérfanos reclaman sus tierras

El quinto punto en la agenda de las negociaciones en La Habana serán las víctimas del conflicto; justicia, verdad y reparación para desandar medio siglo de violencia en la vía de la reconciliación. Sin embargo, esta tarea no será posible mientras delitos que parecen olvidarse en medio de la confrontación no se discutan en los términos que corresponden. El Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), por ejemplo, alerta que los menores no están siendo visibilizados como víctimas, más allá del reclutamiento forzado, y que se han pasado por alto crímenes como el abuso sexual, el secuestro, las minas antipersonas y, en especial, la orfandad de miles de niños a los que la violencia les arrebató no sólo a sus padres, sino las tierras.

En este momento 31 niños de Casanare le reclaman a la justicia que les restituya los predios que las balas les quitaron. La Coalición Contra la Vinculación de Niños al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) ha luchado para que graves delitos perpetrados por los grupos ilegales no queden en la impunidad. La subdirectora del ICBF, Adriana González, evidenció la preocupación que tienen en la institución por los niños que han perdido a sus padres en la guerra: “Siempre se habla de los niños forzados a la guerra, abusados sexualmente o víctimas del secuestro, pero nunca del niño huérfano como consecuencia de un hecho violento”.

¿Dónde están los niños huérfanos del conflicto? Esa es la inquietud que surgió en el ICBF después de que el Centro de Memoria Histórica revelara un estudio en el que se registraban centenares de masacres en todo Colombia, a —¿cuál de todas más bárbara?—. En mayo de 2012, a través de los defensores de familia que trabajan las zonas de mayor peligro para los menores, se inició un rastreo en sus bases de datos para determinar qué niños —a quienes les asesinaron o desaparecieron sus padres– tendrían la posibilidad de que se les restituyera su derecho patrimonial para tener la tierra en la que vivían.

El ICBF ha capacitado a más de 1.400 defensores de familia para que adquieran las herramientas necesarias para identificar los posibles casos de niños que tengan derechos patrimoniales sobre la tierra y por tal motivo se les deba restituir de inmediato. Para estructurar estos casos, los primeros indicios de niños huérfanos reclamantes llegaron desde el municipio de Recetor (Casanare). Gracias a los ejercicios con 60 niños de distintos municipios del mismo departamento se logró establecer en qué territorios vivían anteriormente. “Ellos a través de sus testimonios nos indicaron dónde vivían, en qué zona, quiénes eran sus vecinos. Siempre evitamos recordar el suceso violento, ya que muchos fueron testigos de las muertes de sus padres”, resaltó la subdirectora Adriana González.

Este proceso de reconstrucción de memoria arrojó 31 posibles casos de niños que van desde los 7 hasta los 18 años (dos de ellos cumplieron la mayoría de edad durante el proceso, pero el ICBF seguirá apoyándolos) que tienen el derecho a la restitución. Por tal motivo la entidad se contactó con la Unidad de Restitución de Tierras, que adelantará el proceso jurídico de los casos. Luisa Sanabria Torres, encargada del seguimiento de los procesos, enfatizó que el objetivo era “trazar un cronograma que permitiera la identificación de los casos para los cuales aplicara el proceso de restitución de tierras en el evento de que estos niños hubiesen sido despojados u obligados a abandonar predios”.

Asimismo, ambas entidades habían solicitado ante el Consejo Superior de la Judicatura que se nombrara un juez especial para que atendiera únicamente los casos relacionados con los niños a los cuales se les restituiría la tierra. El funcionario judicial ya fue designado y sólo espera que la Unidad de Restitución de Tierras termine de consolidar la investigación de los 31 procesos. “El interés superior es que el Estado les reconozca los derechos a los niños”, puntualizó Sanabria.

La labor del ICBF no será únicamente encontrar a los niños huérfanos que puedan acceder al derecho de restitución, sino que además deberá llevar un proceso alterno ante un juez de familia para que designe un guardián del bien del menor. Por tal razón, se tendrá que nombrar a una persona —que bien puede ser un familiar— para que se encargue de administrar los terrenos adquiridos, mientras los niños llegan a su mayoría de edad.

Igualmente, se están realizando ejercicios de reconstrucción de memoria de la tierra en distintas zonas del país, como Nariño, para encontrar más casos de niños huérfanos del conflicto armado y así visibilizarlos para que se les reparen sus derechos y restituyan sus bienes.

A través de una alianza creada a finales del año pasado entre el ICBF y el Instituto de Memoria Histórica se está liderando un proyecto llamado “Las voces de niños, niñas y adolescentes. Ecos para la reparación integral y la inclusión social”. Las investigaciones se realizan en tres departamentos donde la violencia de los grupos armados ha sido una constante en medio siglo de confrontación: Meta, Cauca y Antioquia.

La iniciativa vincula a niños que han sufrido desde distintos frentes la violencia porque son “quienes le tienen que contar al Estado y a la sociedad cómo han vivido el conflicto”, dice González. Además, la coordinadora del proyecto, Paula Ila, indicó que se han realizado trabajos con jóvenes y adultos que también fueron víctimas del conflicto cuando eran niños para evitar de esta forma que continúe “la cadena del odio”.

“Los trabajos que se han realizado de reconstrucción de memoria histórica están solamente bajo la mirada de los adultos. Por eso son necesarias las historias de los niños, porque ayudarán a construir un lineamiento general de la política de reconstrucción nacional”, recalcó la coordinadora de la investigación. El objetivo principal del proyecto es lograr vincular a la sociedad con los procesos de reparación de los derechos de los niños, para generar acciones simbólicas y recuperar su memoria.

En Twitter @SantsMartinez

El quinto punto en la agenda de las negociaciones en La Habana serán las víctimas del conflicto; justicia, verdad y reparación para desandar medio siglo de violencia en la vía de la reconciliación. Sin embargo, esta tarea no será posible mientras delitos que parecen olvidarse en medio de la confrontación no se discutan en los términos que corresponden. El Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), por ejemplo, alerta que los menores no están siendo visibilizados como víctimas, más allá del reclutamiento forzado, y que se han pasado por alto crímenes como el abuso sexual, el secuestro, las minas antipersonas y, en especial, la orfandad de miles de niños a los que la violencia les arrebató no sólo a sus padres, sino las tierras.

En este momento 31 niños de Casanare le reclaman a la justicia que les restituya los predios que las balas les quitaron. La Coalición Contra la Vinculación de Niños al Conflicto Armado en Colombia (Coalico) ha luchado para que graves delitos perpetrados por los grupos ilegales no queden en la impunidad. La subdirectora del ICBF, Adriana González, evidenció la preocupación que tienen en la institución por los niños que han perdido a sus padres en la guerra: “Siempre se habla de los niños forzados a la guerra, abusados sexualmente o víctimas del secuestro, pero nunca del niño huérfano como consecuencia de un hecho violento”.

¿Dónde están los niños huérfanos del conflicto? Esa es la inquietud que surgió en el ICBF después de que el Centro de Memoria Histórica revelara un estudio en el que se registraban centenares de masacres en todo Colombia, a —¿cuál de todas más bárbara?—. En mayo de 2012, a través de los defensores de familia que trabajan las zonas de mayor peligro para los menores, se inició un rastreo en sus bases de datos para determinar qué niños —a quienes les asesinaron o desaparecieron sus padres– tendrían la posibilidad de que se les restituyera su derecho patrimonial para tener la tierra en la que vivían.

El ICBF ha capacitado a más de 1.400 defensores de familia para que adquieran las herramientas necesarias para identificar los posibles casos de niños que tengan derechos patrimoniales sobre la tierra y por tal motivo se les deba restituir de inmediato. Para estructurar estos casos, los primeros indicios de niños huérfanos reclamantes llegaron desde el municipio de Recetor (Casanare). Gracias a los ejercicios con 60 niños de distintos municipios del mismo departamento se logró establecer en qué territorios vivían anteriormente. “Ellos a través de sus testimonios nos indicaron dónde vivían, en qué zona, quiénes eran sus vecinos. Siempre evitamos recordar el suceso violento, ya que muchos fueron testigos de las muertes de sus padres”, resaltó la subdirectora Adriana González.

Este proceso de reconstrucción de memoria arrojó 31 posibles casos de niños que van desde los 7 hasta los 18 años (dos de ellos cumplieron la mayoría de edad durante el proceso, pero el ICBF seguirá apoyándolos) que tienen el derecho a la restitución. Por tal motivo la entidad se contactó con la Unidad de Restitución de Tierras, que adelantará el proceso jurídico de los casos. Luisa Sanabria Torres, encargada del seguimiento de los procesos, enfatizó que el objetivo era “trazar un cronograma que permitiera la identificación de los casos para los cuales aplicara el proceso de restitución de tierras en el evento de que estos niños hubiesen sido despojados u obligados a abandonar predios”.

Asimismo, ambas entidades habían solicitado ante el Consejo Superior de la Judicatura que se nombrara un juez especial para que atendiera únicamente los casos relacionados con los niños a los cuales se les restituiría la tierra. El funcionario judicial ya fue designado y sólo espera que la Unidad de Restitución de Tierras termine de consolidar la investigación de los 31 procesos. “El interés superior es que el Estado les reconozca los derechos a los niños”, puntualizó Sanabria.

La labor del ICBF no será únicamente encontrar a los niños huérfanos que puedan acceder al derecho de restitución, sino que además deberá llevar un proceso alterno ante un juez de familia para que designe un guardián del bien del menor. Por tal razón, se tendrá que nombrar a una persona —que bien puede ser un familiar— para que se encargue de administrar los terrenos adquiridos, mientras los niños llegan a su mayoría de edad.

Igualmente, se están realizando ejercicios de reconstrucción de memoria de la tierra en distintas zonas del país, como Nariño, para encontrar más casos de niños huérfanos del conflicto armado y así visibilizarlos para que se les reparen sus derechos y restituyan sus bienes.

A través de una alianza creada a finales del año pasado entre el ICBF y el Instituto de Memoria Histórica se está liderando un proyecto llamado “Las voces de niños, niñas y adolescentes. Ecos para la reparación integral y la inclusión social”. Las investigaciones se realizan en tres departamentos donde la violencia de los grupos armados ha sido una constante en medio siglo de confrontación: Meta, Cauca y Antioquia.

La iniciativa vincula a niños que han sufrido desde distintos frentes la violencia porque son “quienes le tienen que contar al Estado y a la sociedad cómo han vivido el conflicto”, dice González. Además, la coordinadora del proyecto, Paula Ila, indicó que se han realizado trabajos con jóvenes y adultos que también fueron víctimas del conflicto cuando eran niños para evitar de esta forma que continúe “la cadena del odio”.

“Los trabajos que se han realizado de reconstrucción de memoria histórica están solamente bajo la mirada de los adultos. Por eso son necesarias las historias de los niños, porque ayudarán a construir un lineamiento general de la política de reconstrucción nacional”, recalcó la coordinadora de la investigación. El objetivo principal del proyecto es lograr vincular a la sociedad con los procesos de reparación de los derechos de los niños, para generar acciones simbólicas y recuperar su memoria.

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