Hugo Aguilar habría utilizado la separación con su esposa para ocultar $1803 millones

La decisión de la Fiscalía General de investigar al detenido exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por supuestamente haber encubierto activos ilícitos obtenidos por sus nexos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, tiene varias aristas. Una de las tesis en que trabaja ese organismo es en identificar si el coronel (r) de la Policía utilizó la separación con Mónica María Barrera Carreño para ocultar una fortuna de $1.803 millones.

A ente investigador le causó extrañeza, y así se lo hizo saber al juez en 74 de garantías de Bogotá, que la ruptura de la sociedad conyugal se dio en épocas en que la Corte Suprema tenía en la mira al exgobernador por concierto para delinquir agravado, delito que fue probado y por el cual recibió una pena de nueve años de prisión y una sanción de 10.750 salarios mínimos en 2013. Mediante la escritura pública 1604 del 17 de noviembre de 2011, en una notaria de Bogotá, se realizó dicha liquidación entre Aguilar Naranjo y Barrera Carreño.

Según la Fiscalía, allí quedó consignado los bienes que rastreó producto de la compulsa de copias a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos, que entró a verificar bienes de personas condenadas por parapolítica, y otros más que poco se sabía hasta ahora. Están distribuidos en oficinas, parqueaderos, lotes, camionetas, fideicomisos, acciones en una clínica de Bucaramanga —por $88 millones—, y hasta una motocicleta Yamaha avaluada en ocho millones de pesos. En total, los onerosos bienes fueron tasados por la Fiscalía en $1.803 millones.

La Fiscalía sostuvo que de esa liquidación conyugal también se encontraron otros activos como dos camionetas Audi avaluadas en $407 millones, un Chevrolet de $18 millones y un Nissan de 64 millones. Además, infiere que esa rotura conyugal no fue un “ejercicio legítimo” para dirimir ese patrimonio, sino que se trató de una maniobra para poner el presunto capital ilícito del coronel (r) en manos de Mónica María Barrera Carreño. Ambos, incluida la señora Socorro Carreño Miranda y Yeison Albeiro Sáenz Plazas, presuntos testaferros, se encuentran detenidos esperando la decisión del juez sobre la medida de aseguramiento. En total, se relacionan 14 activos. 

Fiscalia rastrea supuestos ingresos sin justificar

Igualmente, la Fiscalía revisó los registros del condenado político en la Cámara de Comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), registros públicos de inmuebles, oficinas de transitó municipales e información consignada en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y lo que concluyó, en un informe fechado el 23 de enero pasado, es que entre 2000 y 2015 Aguilar Naranjo presentó ingresos en sus declaraciones de renta que no han sido justificados, “por lo que (...) se desconoció su origen y procedencia de los mismos”. 

Pero el ente investigador también encontró inconsistencias en los ingresos declarados por concepto de salarios y pensión de jubilación frente a los ingresos reportados por la Gobernación de Santander y la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional. “Se rompe el principio de veracidad —dijo la Fiscalía— de la declaración de renta y en segundo lugar permite inferir una posible maniobra para justificar ingresos adicionales al patrimonio haciéndolos pasar por una fuente lícita”. En este caso, se presentaron incongruencias superiores a los $400 millones. 

La decisión de la Fiscalía General de investigar al detenido exgobernador de Santander, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo, por supuestamente haber encubierto activos ilícitos obtenidos por sus nexos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, tiene varias aristas. Una de las tesis en que trabaja ese organismo es en identificar si el coronel (r) de la Policía utilizó la separación con Mónica María Barrera Carreño para ocultar una fortuna de $1.803 millones.

A ente investigador le causó extrañeza, y así se lo hizo saber al juez en 74 de garantías de Bogotá, que la ruptura de la sociedad conyugal se dio en épocas en que la Corte Suprema tenía en la mira al exgobernador por concierto para delinquir agravado, delito que fue probado y por el cual recibió una pena de nueve años de prisión y una sanción de 10.750 salarios mínimos en 2013. Mediante la escritura pública 1604 del 17 de noviembre de 2011, en una notaria de Bogotá, se realizó dicha liquidación entre Aguilar Naranjo y Barrera Carreño.

Según la Fiscalía, allí quedó consignado los bienes que rastreó producto de la compulsa de copias a la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos, que entró a verificar bienes de personas condenadas por parapolítica, y otros más que poco se sabía hasta ahora. Están distribuidos en oficinas, parqueaderos, lotes, camionetas, fideicomisos, acciones en una clínica de Bucaramanga —por $88 millones—, y hasta una motocicleta Yamaha avaluada en ocho millones de pesos. En total, los onerosos bienes fueron tasados por la Fiscalía en $1.803 millones.

La Fiscalía sostuvo que de esa liquidación conyugal también se encontraron otros activos como dos camionetas Audi avaluadas en $407 millones, un Chevrolet de $18 millones y un Nissan de 64 millones. Además, infiere que esa rotura conyugal no fue un “ejercicio legítimo” para dirimir ese patrimonio, sino que se trató de una maniobra para poner el presunto capital ilícito del coronel (r) en manos de Mónica María Barrera Carreño. Ambos, incluida la señora Socorro Carreño Miranda y Yeison Albeiro Sáenz Plazas, presuntos testaferros, se encuentran detenidos esperando la decisión del juez sobre la medida de aseguramiento. En total, se relacionan 14 activos. 

Fiscalia rastrea supuestos ingresos sin justificar

Igualmente, la Fiscalía revisó los registros del condenado político en la Cámara de Comercio, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), registros públicos de inmuebles, oficinas de transitó municipales e información consignada en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y lo que concluyó, en un informe fechado el 23 de enero pasado, es que entre 2000 y 2015 Aguilar Naranjo presentó ingresos en sus declaraciones de renta que no han sido justificados, “por lo que (...) se desconoció su origen y procedencia de los mismos”. 

Pero el ente investigador también encontró inconsistencias en los ingresos declarados por concepto de salarios y pensión de jubilación frente a los ingresos reportados por la Gobernación de Santander y la caja de sueldos de retiro de la Policía Nacional. “Se rompe el principio de veracidad —dijo la Fiscalía— de la declaración de renta y en segundo lugar permite inferir una posible maniobra para justificar ingresos adicionales al patrimonio haciéndolos pasar por una fuente lícita”. En este caso, se presentaron incongruencias superiores a los $400 millones.