Humberto Arias Bejarano, el actual presidente de equipo de fútbol Deportivo Cali, es un ciudadano condenado por la justicia colombiana. La decisión la tomó el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Cali el pasado 28 de febrero y su contenido había logrado pasar desapercibido hasta ahora. El Espectador conoció el documento de 100 páginas en el que esa instancia judicial condenó al dirigente deportivo a pagar 19 años de cárcel por el delito de porte de armas, en el marco de un caso de homicidio.
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La historia arranca el 24 de enero de 2015. Ese día, el contador Carlos Alberto Sarria Posada fue atacado por un sicario en el Parque del Perro en Cali. La verdad judicial plasmada en esta sentencia de primera instancia señala que, a pesar de que la víctima recibió un disparo con arma de fuego, la razón de su muerte fue un contundente golpe en la cabeza. Para la Fiscalía, el presidente del Deportivo Cali fue quien dio la orden de asesinar al contador, en medio de una disputa familiar por la herencia del padre de Arias Bejarano.
Para llegar a esa conclusión, el ente investigador le dio toda la credibilidad al testigo José Fernando Hinestrosa Mejía, abogado Carlos Humberto Arias Guinand, medio hermano del director del Deportivo Cali. El defensor le contó a la justicia que, para 2011, la familia enfrentaba un lío jurídico de sucesión, tras la muerte de Humberto Arias padre, quien también fue presidente de Deportivo Cali, y quien dejó lujosos bienes, por los cuales sus hijos no han llegado a un acuerdo sobre quién debe heredar qué. En ese proceso, el abogado Hinestrosa Mejía trabajó mano a mano con la víctima, el contador Sarria.
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El testigo aseguró que quien llevaba el liderazgo del proceso era el condenado Humberto Arias Bejarano, dado que era el administrador de los bienes y de las sociedades. Hinestrosa Mejía testificó que, hacia 2014, el contador Sarria descubrió que Arias Bejarano estaba adelantando en Jamundí un trámite notarial en el que aparecía como único heredero de la fortuna. Un proceso que, para el testigo, se realizó en paralelo al que se adelantaba judicial y notarialmente con los otros hermanos en Cali.
Quería, al parecer, quedarse con todo. De hecho, la Fiscalía también acusó a Arias Bejarano en junio de 2016 por los delitos de estafa y falsedad en documento público, pero el juzgado no se pronunció sobre esas conductas, pues ya estaban prescritas. En todo caso, el abogado aseguró que cuando su cliente, Arias Guinand, se enteró de los movimientos del hoy condenado y que fueron detectados por la víctima, también quiso sacar provecho, pues podría ser una manera de llegar a unos bienes que eran de su interés.
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En específico, unos apartamentos de la urbanización Casaloma en el suroeste de Cali. Según el abogado, el presidente del Cali se enteró de que alguien estaba averiguando qué pasaba en la notaría de Jamundí. Por eso, citó al defensor de su medio hermano para reclamarle. Cuando se reunieron, dijo el testigo, Arias Bejarano “decide la muerte de Carlos Alberto Sarria Posada”, se lee textualmente en la sentencia. La Fiscalía le dio toda credibilidad al testimonio del abogado, quien decidió contar su versión de los hechos para recibir beneficios de la justicia, pues también estaba procesado por este caso.
Con la orden dada, la sentencia sostiene que Arias Bejarano le pidió a Carlos Alfonso Manrique Lozano que gestionara la actividad sicarial. “Para el despacho, las menciones claras e inequívocas que se dirigen contra Humberto Arias Bejarano y Carlos Fernando Manrique, por parte de este testigo, son fundamento firme para la determinación de responsabilidad penal de estos dos acusados en la comisión del delito de porte de armas por el que fueron acusados. De manera principal, en el caso de Arias Bejarano, de quien se indica es el que emite la orden para que se produzca el atentado contra el contador Sarria Posada”, sentenció el juzgado.
Humberto Arias fue acusado por el delito de homicidio, pero fue absuelto
Cuando la Fiscalía imputó y acusó a Humberto Arias Bejarano en 2016, quedó claro que el presidente del Deportivo Cali iba a ser investigado también por el delito de homicidio. No obstante, el juzgado lo absolvió por una razón: la Fiscalía no logró probar un homicidio por el hecho de que el contador no murió por el ataque del sicario, sino por un golpe en su cabeza. Para llegar a esa conclusión, fue clave el dictamen que entregó un médico forense, perito adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal.
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En su dictamen, el experto explicó que la bala perforó su pulmón izquierdo, generando una laceración, pero no tuvo una “connotación de carácter mortal”. En contraste, agregó el perito, en el cráneo de la víctima encontró un coágulo producto de un “hematoma subdural que es ocasionado por un trauma contundente. Ese es el que produce la muerte”. El galeno descartó que el golpe contundente en la cabeza hubiese sido causado por la caída después del disparo, dado que semejante potencia solo se observa en muertes originadas por caídas de grandes alturas.
Así las cosas, el juzgado aseguró que el motivo de la muerte quedó en “el espacio de las conjeturas, territorio vedado a la acción de un operador judicial”. De hecho, en la misma sentencia, el juez del caso deja claras sus dudas y críticas a trabajo de la Fiscalía: “¿La víctima entonces fue golpeada en su cabeza con un objeto contundente después de recibir disparos de un arma de fuego? Y si es así, ¿quién la golpeó? ¿En qué momento? ¿Ocurrió este segundo ataque en el mismo sitio donde se perpetró el ataque sicarial, o tuvo lugar en el hospital, o en el desplazamiento hacia el centro de salud?”.
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Para el juzgado, todas esas preguntas debieron ocupar la mente del fiscal antes de formular la acusación y que, si hubiera leído con atención la evaluación pericial del cadáver de la víctima, hubiese sabido que en su teoría del caso se abría un boquete enorme que era preciso cubrir antes de llevar a los procesados al juicio. En otras palabras, según el juzgado, resultó imposible atribuirle responsabilidad por la muerte del contador al presidente del Cali, por la investigación que hizo la Fiscalía.
La condena por porte de armas
Aunque Arias Bejarano no fue quien portó ni usó el arma de fuego que se utilizó en el crimen del contador, la justicia lo condenó por participar en un plan criminal en el que sí se usó un arma sin permiso legal. Según el juez, lo importante en este tipo de delitos no es que cada uno tenga o dispare el arma, sino que se haya participado de manera consciente en un crimen donde se usó un arma ilegal.
En este caso, el sicario que disparó (Jerson Valverde) no tenía permiso para portar armas. Aunque no se aportó un documento del Ministerio de Defensa confirmándolo, el juez aceptó otros medios válidos de prueba: la declaración del propio sicario, quien dijo que el arma no era suya y se la entregaron justo antes del ataque. El juez concluyó que, si no era suya, no podía tener permiso legal para portarla, y eso basta para probar que el arma era ilegal.
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La defensa de Humberto Arias Bejarano
De otro lado, la defensa del condenado Arias Bejarano explicó que la Fiscalía habría incurrido en “anomalías”. Lo hizo, según los abogados, tanto en la investigación como en el juicio, dado que nunca apareció el arma ni el proyectil que hirió a la víctima. Asimismo, que no había motivación del presidente de Deportivo Cali para intentar asesinar a Sarria, dado que, en sus palabras, había logrado que sus hermanos “le cedieran a él sus derechos herenciales”. Y esa sería la razón por la cual el trámite de sucesión, que originalmente venía tramitándose en Cali, habría sido trasladado a Jamundí, donde supuestamente se resolvería más rápido.
La condena a 19 años de cárcel contra el presidente del Deportivo Cali, sin opción para cumplirla en prisión domiciliaria, se conoce ahora, en medio de una crisis económica y deportiva para el equipo, pero con una aparente buena noticia: la contratación de Alberto Gamero como el nuevo director técnico. La sentencia ya fue apelada y está en estudio ante el Tribunal Superior de Cali. En todo caso, una sanción penal como esta podría determinar la salida de Arias Bejarano del club, pues la ley es clara en que dirigentes de fútbol con “sospechas” en procesos penales no pueden seguir en sus cargos. Las autoridades tienen la última palabra.
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