La Procuraduría General de la Nación hizo público en la tarde de este 29 de julio su rechazo por la presunta “evasión del adolescente testigo en el caso penal que se adelanta por el atentado contra el doctor Miguel Uribe Turbay, quien se encontraba recluido en un Centro de Emergencia del” Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).
En respuesta, la directora de la entidad, Astrid Cáceres, dio varias aclaraciones sobre la situación del menor que se presentó voluntariamente ante la Fiscalía para dar unas declaraciones, el pasado 25 de julio. Cáceres explicó, en primer lugar, “que el adolescente no estaba en calidad de capturado dentro del sistema de responsabilidad penal”.
Es decir, que el menor de 17 años “no tenía medida de privación de libertad, no estaba en un centro de privación de libertad y por tanto tampoco se fugó ni se evadió porque él no estaba dentro del sistema de responsabilidad penal. Tampoco entró como testigo protegido”, señaló.
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La funcionaria también aclaró que el menor quedó a disposición del ICBF “por su condición de migrante no acompañado. A partir de eso se ubica en un centro de emergencia donde todos los niños y niñas que no están acompañados pueden brindar con condiciones de abrigo y comida”.
Además, mencionó como punto importante que esta persona no se presentó “por un delito, es decir, tampoco tenía ni orden de captura, ni captura por la Fiscalía, ni entra dentro del marco” de la investigación por el ataque sicarial contra el senador Miguel Uribe, ocurrido el 7 de junio en Bogotá.
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Según la Fiscalía, el joven habría participado en una de las reuniones donde se habría planeado el ataque contra el político del Centro Democrático. Tras presentarse, el menor firmó un compromiso voluntario para ampliar su testimonio sobre los hechos. Con él, ya son siete las personas vinculadas formalmente al caso. Entre tanto, Uribe Turbay permanece hospitalizado desde hace casi dos meses en la Fundación Santa Fe, bajo pronóstico reservado.
Las investigaciones han permitido identificar a diez personas que conformarían el primer anillo criminal detrás del atentado. De ellas, seis —incluido el menor señalado de accionar el arma— ya se encuentran detenidas y enfrentan cargos ante la justicia.
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