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Por medio de una serie de requerimientos, la Procuraduría General de la Nación le solicitó al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) que se ejecuten lo más pronto posible medidas para remediar y solucionar las graves irregularidades registradas en los programas de alimentación que deben beneficiar a menores de edad en extrema pobreza y a adultos mayores de estrato uno.
Según el Ministerio Público, el Estado debe velar, a través de este Instituto, porque los derechos de los beneficiarios de los programas de atención alimentaria no sean vulnerados, ante lo cual rechazó las excusas presentadas por el Instituto sobre las demoras del proceso de contratación para la adaptación y mejoramiento en este tipo de programas.
“El no cubrir las necesidades alimentarias puede desmejorar el desempeño académico de los menores de edad y atentar contra sus hábitos alimentarios saludables, asimismo, que los adultos mayores beneficiarios de los programas del ICBF podrían verse avocados a problemas de salud”, precisó uno de los requerimientos de la Procuraduría.
La procuradora delegada para la Infancia y la Adolescencia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda le solicitó al ICBF que le envíe en los próximos cinco días un informe sobre las acciones que se están desarrollando en este sentido.
Esta serie de irregularidades registradas fueron remetidas a diferentes instancias para que se evalúe si existe o no responsabilidad disciplinaria frente a estos hechos.
Por El Espectador
