Doce años de labores de búsqueda y exhumaciones por parte de la Fiscalía han dejado la recuperación de 9.000 cuerpos de víctimas atribuidas al paramilitarismo en Colombia. Así lo señaló hace un par de días Mery Patricia Conejo, directora de Justicia Transicional de la entidad. Según el ente investigador, se han ubicado 5.547 fosas y se han realizado intervenciones en 13 cementerios ubicados en los departamentos de Meta, Guaviare, Risaralda, Santander, Caquetá, entre otros.
“Hemos identificado 4.300, entregados dignamente con un protocolo establecido y de acuerdo con los usos y costumbres de cada familia y cada zona del país. Hoy por hoy, el resto de cuerpos que tenemos exhumados están esperando no solo a los familiares, sino además la muestra que nos permita hacer los cotejos genéticos correspondientes para poder encontrar ese gran número que nos falta”, señaló la directora de Justicia Transicional de Fiscalía.
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La muestra biológica requerida por la Fiscalía es una muestra de saliva o de sangre. Este tipo de muestras se pueden tomar directamente en la Fiscalía o en un hospital, con un personal especializado. Luego, estas pruebas son llevadas a genética para hacer el cotejo requerido. Finalmente, esas muestras llegan al Banco de Perfiles Genéticos para buscar las coincidencias con los cuerpos ya encontrados. “Nosotros vamos hacia donde está la víctima y así no se tiene que desplazar a Bogotá. También están los diferentes puntos de Justicia Transicional de la Fiscalía, allí se puede tomar la muestra”, señaló Mery Patricia Conejo. Hoy hay 1.934 cuerpos no identificados.
En 30 de los 32 departamentos del país, la Fiscalía junto con Medicina Legal, el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI) y la Policía Nacional ha puesto en marcha el ‘Plan de Cementerios’. La actividad de búsqueda se ha realizado gracias a la información proporcionada de testigos y de exintegrantes de grupos armados que se han postulado a la Ley de Justicia y Paz. Asimismo, se han tomado elementos obtenidos en procesos penales de personas que se han acogido a programas de beneficios por colaboración eficaz.
En las diferentes fosas encontradas los cuerpos ascienden a 7.056. Según el registro que se ha llevado, Antioquia es el departamento con el mayor número de hallazgos con un total de 1.235; El departamento de Magdalena le sigue con 706 cuerpos; Putumayo con 559; Meta con 537; y Córdoba en último lugar con un total de 437 cuerpos encontrados. Los cuerpos que aún no se han identificado permanecen aún en los laboratorios mientras avanza la búsqueda de los familiares que van permitir obtener información y muestras biológicas de los cadáveres.
Según información del Centro Nacional de Memoria Histórica, Colombia, registró entre 1970 y 2015 un total de 60.630 víctimas de desaparición forzada. Una cantidad que supera las cifras de las dictaduras militares de Augusto Pinochet y Jorge Videla en Chile y de Argentina. De igual forma, se aseguró que un 46% de los casos de desaparición forzada en el país son perpetrados por grupos paramilitares. Seguidos de las guerrillas con 19,9% de participación.
¿Qué significa para las víctimas?
La familia Taborda, víctima del conflicto armado en Córdoba, fue uno de los grupos que, después de muchos años de espera, recibió los restos de sus familiares desaparecidos. En este caso, fue el cuerpo de Álvaro José Taborda Álvarez el que se entregó. Él fue secuestrado en la madrugada del 9 de enero de 1997. Un grupo de paramilitares entró a su casa, en un barrio del sur de Montería (Córdoba), y ante su esposa e hijo de 5 años fue llevado a la fuerza.
Ese hijo, Álvaro Taborda Ruiz, creció para encargarse de perseguir la verdad del crimen contra su padre, un docente de la zona. Su madre denunció los hechos ante las autoridades al día siguiente. Cuatro días después de la desaparición del profesor, según le contó a este diario Álvaro Taborda Ruiz, las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) publicaron un comunicado en el que se atribuían el secuestro de su padre junto al de tres hombres más, al parecer también maestros. Tiempo después, gracias a la investigación que se abrió del caso, se pudo comprobar la responsabilidad del Bloque Córdoba de las Auc.
Álvaro Taborda Ruiz pudo asistir a una audiencia de versión libre en 2009, cuando tenía 17 años. En esa audiencia, relató a El Espectador, Salvatore Mancuso confesó lo sucedido con su padre, pero expresó que no podía dar información del lugar en que estaba el cuerpo porque el crimen lo habían cometido otras personas. Taborda Ruiz afirma que después de que a Mancuso lo extraditaron a Estados Unidos, nunca más volvió a dar información del crimen. “Realmente fue muy duro lo que vivimos, para nosotros enterrar a mi padre era algo que queríamos hacer para poder cerrar ese ciclo y no lo habíamos podido lograr porque no encontraban el cadáver”.
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Después de casi 20 años del secuestro y asesinato, gracias al testimonio de un desmovilizado del grupo paramilitar ante la Fiscalía, se pudo conocer la ubicación de la fosa común donde se hallaban sus restos: en el corregimiento de Volador, en la vía al municipio de Tierralta (Córdoba). Los restos del padre de Álvaro Taborda Ruiz fueron reconocidos por una prótesis dental. En 2017, después de dos décadas de espera, la Fiscalía entregó el cuerpo y posteriormente la familia pudo realizar la sepultura cristiana. “Para mí fue una situación de muchos sentimientos encontrados. Fue algo bueno porque cerré un ciclo, pero por otro lado fue muy doloroso enterrar los restos de mi padre”
De igual forma, afirmó que los procesos de hallazgo y entrega de los cuerpos de otras víctimas están siendo muy lentos y pide que se concentren más los esfuerzos del Estado en este tipo de cosas. Álvaro Taborda Ruiz piensa que los procesos de reparación simbólica se quedan cortos, pues muchas veces las víctimas no alcanzan a conocer toda la verdad que les podría permitir recibir una reparación real ante la pérdida que la guerra en Colombia les causó
Por Redacción Judicial
