Implicados en el pacto de Pivijay aceptaron sus nexos con paramilitares
Los exconcejales y exdiputados habrían acordado político y electoral con las Autodefensas en el Magdalena y Cesar
El Espectador
Varios de los 115 dirigentes políticos vinculados con el llamado pacto de Pivijay con grupos paramilitares se acogieron a sentencia anticipada con el fin de obtener una a la rebaja de su pena.
Los investigados por haber incurrido en el delito de concierto para delinquir solicitaron ampliación de indagatoria y en la diligencia judicial aceptarán cargos ante la Fiscalía General de la Nación.
Entre los investigados por el pacto de Pivijay se encuentran exdiputados, exconsejales y alcaldes de los departamentos de Magdalena y Cesar, quienes habrían buscado apoyo político y electoral con el grupo armado ilegal.
El ente de investigación del Estado fijará en los próximos días hora y fecha para ampliación de indagatoria donde se firmará el acta de sentencia anticipada que será presentada ante los jueces de la República.
Según el acuerdo, los dirigentes políticos se habrían reunido con el excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ con el fin de dividir la región en algo así como distritos electorales.
Esto, con el fin de apoyar las aspiraciones de los entonces candidatos al Senado: Dieb Maloof Cuse y Jorge de Jesús Castro Pacheco, y a la Cámara de Representantes: José Gamarra Sierra y Gustavo Orozco Jaraba, a cambio de que éstos, ya con su curul, ayudaran a los firmantes con recursos y cuotas burocráticas.
Además de los políticos mencionados, el citado pacto fue suscrito, entre otros, por los entonces alcaldes Manuel Meza Gamarra, de Sabanas de San Ángel; Martha Miranda, de Algarrobo; Franklin Lozano, de Zapayán; Daniel Solano, de Salamina; Arnulfo Borja, de Remolino; Fernando Orozco, de Chivolo.
Meses después a la firma de este acuerdo, los signatarios del documento cumplieron con su parte y Dieb Maloof y José Gamarra llegaron al Congreso de la República de la mano de Castro y Orozco, quienes los reemplazarían posteriormente. Así lo refirió la Corte Suprema de Justicia dentro del fallo que condenó al excongresista Jorge de Jesús Castro Pacheco a 90 meses de prisión por su participación en el Pacto de Pivijay.
Varios de los 115 dirigentes políticos vinculados con el llamado pacto de Pivijay con grupos paramilitares se acogieron a sentencia anticipada con el fin de obtener una a la rebaja de su pena.
Los investigados por haber incurrido en el delito de concierto para delinquir solicitaron ampliación de indagatoria y en la diligencia judicial aceptarán cargos ante la Fiscalía General de la Nación.
Entre los investigados por el pacto de Pivijay se encuentran exdiputados, exconsejales y alcaldes de los departamentos de Magdalena y Cesar, quienes habrían buscado apoyo político y electoral con el grupo armado ilegal.
El ente de investigación del Estado fijará en los próximos días hora y fecha para ampliación de indagatoria donde se firmará el acta de sentencia anticipada que será presentada ante los jueces de la República.
Según el acuerdo, los dirigentes políticos se habrían reunido con el excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’ con el fin de dividir la región en algo así como distritos electorales.
Esto, con el fin de apoyar las aspiraciones de los entonces candidatos al Senado: Dieb Maloof Cuse y Jorge de Jesús Castro Pacheco, y a la Cámara de Representantes: José Gamarra Sierra y Gustavo Orozco Jaraba, a cambio de que éstos, ya con su curul, ayudaran a los firmantes con recursos y cuotas burocráticas.
Además de los políticos mencionados, el citado pacto fue suscrito, entre otros, por los entonces alcaldes Manuel Meza Gamarra, de Sabanas de San Ángel; Martha Miranda, de Algarrobo; Franklin Lozano, de Zapayán; Daniel Solano, de Salamina; Arnulfo Borja, de Remolino; Fernando Orozco, de Chivolo.
Meses después a la firma de este acuerdo, los signatarios del documento cumplieron con su parte y Dieb Maloof y José Gamarra llegaron al Congreso de la República de la mano de Castro y Orozco, quienes los reemplazarían posteriormente. Así lo refirió la Corte Suprema de Justicia dentro del fallo que condenó al excongresista Jorge de Jesús Castro Pacheco a 90 meses de prisión por su participación en el Pacto de Pivijay.