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La mano de la justicia llegó más de una década después al exgobernador de Magdalena, Omar Ricardo Díazgranados, quien fue imputado por presunta corrupción en su mandato, entre 2008 y 2011. Un megacontrato para servicios administrativos y de aseo en los colegios del departamento, entre 2009 y 2010, lo sitúa como el supuesto responsable de la pérdida de hasta $2.610 millones.
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La Fiscalía aseguró haber hallado hasta nueve grandes irregularidades por parte de Díazgranados, al momento de dirigir y permitir la celebración, ejecución y liquidación del contrato. Por ejemplo, en los estudios previos, se fijó sin justificación un plazo inicial de seis meses para cumplir las actividades previstas.
“Tampoco fueron explicados los fundamentos para realizar esa contratación, no se indicó si respondía a las necesidades que había en las instituciones educativas; y de manera caprichosa se destinó un presupuesto con el argumento de que serían contratados 872 trabajadores para cubrir los diferentes ítems, en jornadas laborales de 12 horas diarias, por encima de las 10 horas contenidas en la norma”, explicó la Fiscalía.
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Entre otras pistas, el ente investigador encontró que, al momento de abrir el proceso licitatorio, se dejó por fuera el mantenimiento de los colegios, que sí había sido contemplado en los estudios preliminares. Además, se habría elaborado un pliego de condiciones confuso, que habría limitado la participación de posibles contratistas con experiencia en el sector privado.
Los pecados señalados son varios: no se habría realizado una correcta evaluación de la empresa que resultó ganadora del contrato. Y se suscribió una adición que aumentó en dos meses y 20 días el tempo de ejecución, lo cual incrementó el presupuesto en más de $3.000 millones, sin justificación alguna, de acuerdo con el expediente.
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“A esto se suma que, en los documentos presentados para soportar la ejecución efectiva, aparece contratado mayor personal al que verdaderamente fue empleado en los planteles. De esta manera figuran secretarias, aseadoras, auxiliares, bibliotecarias y guardas de seguridad que nunca tuvieron vínculo laboral”, agregó el ente investigador.
En general, la Fiscalía estima que el entonces gobernador Díazgranados habría permitido que la empresa contratista se apropiara de $2.610 millones del dinero público. Una gran parte correspondería a sobreestimación de costos, luego de que la administración fijara precios por encima de los valores reales. Y otros $387 millones por pagos a 41 operarios que no fueron contratados. Díazgranados fue imputado por peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
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