Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
La Fiscalía imputó cargos contra Luis Edmundo Suárez Soto, exviceministro para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional, por su presunta responsabilidad en las irregularidades encontradas en la planeación y ejecución del contrato para el mantenimiento de los helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional.
La investigación señala que el exfuncionario, sin tener competencia funcional para ello, habría direccionado el proceso contractual suscrito el 31 de diciembre de 2024 por USD 32 millones. Según la Fiscalía, Suárez Soto habría ordenado adelantar la contratación mediante un proceso de selección directa reservada, con el fin de beneficiar a una firma representada por un ciudadano estadounidense que no acreditaba la experiencia técnica, la capacidad jurídica ni la solidez financiera necesarias para ejecutar el contrato.
El exviceministro no aceptó los cargos formulados en su contra por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción, abuso de función pública y fraude procesal.
Las pruebas señalan que el exviceministro habría participado en reuniones de estructuración para flexibilizar los requisitos del proceso, mantuvo comunicación directa con los contratistas y realizó gestiones ante la Aerocivil para agilizar un trámite indispensable para la ejecución del contrato.
Además, la Fiscalía estableció que Suárez Soto conoció informes técnicos y jurídicos que advertían sobre el incumplimiento de los requisitos por parte del contratista y que, presuntamente, dispuso que un funcionario específico realizara la evaluación financiera correspondiente.
El ente investigador sostiene que la forma de pago habría sido modificada para autorizar un desembolso anticipado equivalente al 50 % del valor total del contrato. Así, el 15 de abril de 2025 se giraron USD 16.231.700, pese a que solo se habían ejecutado actividades por cerca de USD 2,6 millones. Tras declararse el incumplimiento del contrato, aún está pendiente el reintegro de más de USD 13 millones.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
