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El fiscal Martín Moreno imputó cargos contra el exsecretario general del ministerio de Agricultura, Juan David Ortega, como presunto responsable del cumulo de irregularidades que rodean el programa Agro Ingreso Seguro (AIS), en el cual se presume la entrega de subsidios no reembolsables a agricultores adinerados, cuando el objetivo era beneficiar a los campesinos más necesitados.
Ante la solicitud de un nuevo aplazamiento, la juez 55 Penal Municipal de Bogotá con funciones de Control de Garantías, Johana Santa María, determinó que este viernes sólo se desarrollará la audiencia de imputación de cargos, en contra del ex secretario General del Ministerio de Agricultura, Juan David Ortega.
La operadora jurídica tuvo en cuenta la postura del defensor del inidiciado y de él mismo, quienes estaban dispuestos a que la definición de su caso podía determinarse, aún en ausencia de quienes haciendo parte del Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, se vieron implicados en los supuestos ilícitos que son objeto de la investigación.
Se espera que el ente acusador impute cargos y solicite el envío a prisión de Ortega, porque supuestamente propició el desvío de multimillonarios recursos destinados a campesinos necesitados.
El ente acusador vinculó al proceso al ex director de desarrollo Rural de la entidad Javier Enrique Romero y al ex director Rodolfo Campos Soto, cuya situación jurídica se encuentra aún por ser resuelta, luego de que se avalara la petición de sus abogados de contar con un plazo mayor para preparar la defensa técnica.
Para el fiscal Martín Moreno, existe un elevado grado de certeza de que los indiciados incurrieron en peculado por apropiación de terceros, interés ilícito en celebración de contratos y contrato sin cumplimiento de requisitos legales, lo que los hace merecedores a una medida de aseguramiento.
Ortega, uno de los llamados a rendir cuentas, señaló que a su juicio están siendo blanco no de una actuación penal tranparente y ajusta a la Ley sino de un juicio político, en el cual autoridades jurisdiccionales buscan que se señalen delitos que no hay, a cambio de beneficios procesales.
Por los mismos hechos ya se encuentran recluidos en prisión el exviceministro Juan Camilo Salazar, sus ex jefes Jurídicos Tulia Eugenia Méndez y Óskar Shroeder, además de la ex jefe de Financiamiento y Comercio Camila Reyes del Toro.
Por El Espectador
