Imputan cargos al expresidente del Fondo Nacional del Ahorro por sobrecostos en nueva sede

La Fiscalía General le imputó los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros al expresidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Ricardo Arias Mora por las irregularidades que se presentaron en el proceso de compra de la nueva sede para la entidad en el año 2012.

La Fiscalía General indicó que el inmueble fue adquirido por 79 mil millones de pesos pese a que su valor real era de $34.650 de pesos. El delegado del ente investigador sostuvo que el Instituto Geológico Agustín Codazzi estableció el valor exacto de la propiedad que fue comprada por orden directa de Arias Mora. Reseñando así que con esta acción de incurrió en un desconocimiento a la ley.

“La transacción para la adquisición de la edificación se realizó con el ciudadano israelí Alberto Aroch Mugrabi, detenido por presunto lavado de activos...y se desconocieron los requisitos de la contratación estatal y planeación con este procedimiento”, explicó el fiscal del caso durante la imputación de cargos.

Teniendo en cuenta el informe de la Contraloría General se concluye que se presentó un sobrecosto cercano a los 35.937 millones de pesos. El órgano de control fiscal indicó que existían inconsistencias en el proceso de determinación del valor comercial del inmueble, realizado por la firma contratada, (Valor S.A.), que según el ente regulador, la firma debilitó la objetividad que se requería para este fin e impuso un alto nivel de subjetividad.

Para la Contraloría fue claro que la falta de planeación y selección objetiva, ligada a las deficiencias en los estudios de conveniencia y específicamente en el de mercado, constituyen una vulneración al deber funcional de los servidores que participaron en la elaboración de los estudios previos y en el proceso de adquisición de la propiedad.

Por su parte, la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras decidió interponer una denuncia ante la Procuraduría, que será la encargada de definir si hubo irregularidades de parte de la administración de Ricardo Arias Mora y si estas justifican una sanción o inhabilidad para ejercer cargos públicos.

No obstante, el informe presentó una serie de presuntas irregularidades que no terminaron en una investigación formal para Ricardo Arias Mora. En el resgistro de procesos vigentes de la entidad, consultado por El Espectador, no aparece en el registro de investigaciones en contra de Mora o alguno de los funcionarios o personas que estuvieron en el proceso de compra de este lote.

Ricardo Arias Mora  fue congresista, apoyó en la reelección del presidente Juan Manuel Santos y nombrado en la dirección del FNA por cinco años. De ahí salió a aspirar a la Alcaldía de Bogotá por el movimiento Libres, que cuenta con un fuerte apoyo de iglesias cristianas. Incluso, la semana pasada, formó parte de un encuentro de dirigentes de esta congregaciones luego del triunfo del No en el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz.

La Fiscalía General le imputó los delitos de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación a favor de terceros al expresidente del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), Ricardo Arias Mora por las irregularidades que se presentaron en el proceso de compra de la nueva sede para la entidad en el año 2012.

La Fiscalía General indicó que el inmueble fue adquirido por 79 mil millones de pesos pese a que su valor real era de $34.650 de pesos. El delegado del ente investigador sostuvo que el Instituto Geológico Agustín Codazzi estableció el valor exacto de la propiedad que fue comprada por orden directa de Arias Mora. Reseñando así que con esta acción de incurrió en un desconocimiento a la ley.

“La transacción para la adquisición de la edificación se realizó con el ciudadano israelí Alberto Aroch Mugrabi, detenido por presunto lavado de activos...y se desconocieron los requisitos de la contratación estatal y planeación con este procedimiento”, explicó el fiscal del caso durante la imputación de cargos.

Teniendo en cuenta el informe de la Contraloría General se concluye que se presentó un sobrecosto cercano a los 35.937 millones de pesos. El órgano de control fiscal indicó que existían inconsistencias en el proceso de determinación del valor comercial del inmueble, realizado por la firma contratada, (Valor S.A.), que según el ente regulador, la firma debilitó la objetividad que se requería para este fin e impuso un alto nivel de subjetividad.

Para la Contraloría fue claro que la falta de planeación y selección objetiva, ligada a las deficiencias en los estudios de conveniencia y específicamente en el de mercado, constituyen una vulneración al deber funcional de los servidores que participaron en la elaboración de los estudios previos y en el proceso de adquisición de la propiedad.

Por su parte, la Contraloría Delegada para Gestión Pública e Instituciones Financieras decidió interponer una denuncia ante la Procuraduría, que será la encargada de definir si hubo irregularidades de parte de la administración de Ricardo Arias Mora y si estas justifican una sanción o inhabilidad para ejercer cargos públicos.

No obstante, el informe presentó una serie de presuntas irregularidades que no terminaron en una investigación formal para Ricardo Arias Mora. En el resgistro de procesos vigentes de la entidad, consultado por El Espectador, no aparece en el registro de investigaciones en contra de Mora o alguno de los funcionarios o personas que estuvieron en el proceso de compra de este lote.

Ricardo Arias Mora  fue congresista, apoyó en la reelección del presidente Juan Manuel Santos y nombrado en la dirección del FNA por cinco años. De ahí salió a aspirar a la Alcaldía de Bogotá por el movimiento Libres, que cuenta con un fuerte apoyo de iglesias cristianas. Incluso, la semana pasada, formó parte de un encuentro de dirigentes de esta congregaciones luego del triunfo del No en el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz.