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Después de debates por la jurisdicción y aplazamientos, todo parece indicar que este martes se llevará acabo la imputación contra el coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita y los otros tres uniformados presuntamente vinculados al homicidio del exguerrillero Dimar Torres, que murió por acción de un hombre del Ejército, el pasado 22 de abril.
A pesar de que el crimen fue cometido hace 9 meses, la imputación en contra del alto oficial y los soldados profesionales Cristian David Pulido, William Andrés Castrillón y Yeison Alexander Duarte no se había podido realizar. Cuando se iba a desarrollar la diligencia, el coronel Amézquita y los soldados profesionales presuntamente vinculados al homicidio pidieron que el caso fuera llevado Justicia Penal Militar, bajo el argumento de que la acción fue parte del servicio de la Fuerza Pública.
(Puede ver: Dimar Torres: condenan a 20 años de prisión a cabo por homicidio del excombatiente)
Curiosamente, en ese momento, la defensa de los militares fundamentó la petición en el pronunciamiento con el que Jesús Santrich fue dejado en libertad, luego de que el Consejo de Estado reconociera que el hoy retornado a las armas tenía investidura de congresista. El alto tribunal señaló entonces que el Consejo de Estado le había mantenido a Santrich su investidura como congresista y, por ende, la Corte Suprema debía ser su juez natural.
La tesis sostenida por la defensa de Pérez Amézquita y los otros uniformados bajo su mando es que, como miembros activos del Ejército, las órdenes operacionales, los cálculos de inteligencia y otras acciones precedentes a la muerte de Dimar Torres se enmarcaron dentro del servicio, por lo que, por “garantías procesales, constitucionales y penales”, la justicia penal tenía jurisdicción sobre este caso.
Sin embargo, este argumento no fue compartido por el juzgado 27 penal del Circuito de Bogotá. Esta instancia judicial, a la que llegó el caso después de que la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se abstuviera de pronunciarse, señaló que ese expediente no puede llevarse en la justicia penal militar, como pretendía la defensa del uniformado, sino en la justicia ordinaria.
(En contexto: Desvinculan del Ejército a testigo del caso Dimar Torres)
Después de este entuerto de competencias, la audiencia de imputación de cargos fue programada para finales de 2019, el 19 de diciembre, un día antes del comienzo de la vacancia judicial. Sin embargo, no se pudo realizar la imputación porque uno de los defensores de los uniformados tenía una sanción que se prolongaba hasta el 20 de enero de 2020. Asimismo, los uniformados no se presentaron a la diligencia, por lo que despertó la alerta de los abogados de las víctimas.
El coronel (r) Jorge Armando Pérez Amézquita y los otros tres uniformados son señalados de haber sido participes de la muerte de Dimar Torres. Según revelaciones hechas por la revista Semana, la muerte del exguerrillero se habría ejecutado como una venganza en contra de hombres del Eln que operan en el Catatumbo, Norte de Santander.
La presunta ejecución extrajudicial se habría presentado luego de que el soldado Pablo Borja muriera por pisar una mina, presuntamente instalada por hombres del Eln. Según la publicación, el coronel (r) Pérez Amezquita habría ordenado dar con los responsables y responderles. “Hay que destruirles cuanta mierda tengan (...) yo no necesito reportar nada. Necesito es vengar la muerte del soldado, hay que matar”, habría dicho el oficial (r), según declaraciones dadas por soldados al ente investigador.
(En contexto: Caso Dimar Torres: el paradójico argumento del coronel (r) bajo la lupa de la Fiscalía)
El cabo del Ejército Daniel Eduardo Gómez Robledo habría seguido órdenes y acusó a Dimar Torres de ser explosivista del Eln, sin tener mayores pruebas de ello. El cabo (r) Gómez Robledo empezó a seguir de cerca los movimientos de Torres hasta que el 22 de abril, dice la Fiscalía, el uniformado lo interceptó cuando iba en su moto y lo asesinó: “Motivado por la orden del coronel, el cabo resolvió dolosamente ejecutar la muerte”.
El cabo Gómez Robledo es el único vinculado al homicidio de Dimar Torres que aceptó los cargos, tras llegar a un preacuerdo con el ente acusador. Tras la confesión, el juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Cúcuta condenó a 20 años de prisión al uniformado por el delito de homicidio en persona protegida.