El próximo 5 de junio, ante el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía General le imputará cargos al magistrado seccional del Consejo Superior de la Judicatura del Meta, Christian Eduardo Pinzón, investigado por supuestamente cerrar investigaciones disciplinarias a jueces que otorgarían beneficios judiciales a procesados que delinquían en ese departamento. (Le sugerimos: Magistrados del Meta van a juicio ante la Corte Suprema de Justicia)
Cesarín, condenado a 20 años y nueve meses de cárcel por homicidio agravado, concierto para delinquir y porte ilegal de armas, recorrió varias cárceles del país en busca de recursos judiciales a su favor. Pero, de acuerdo con la Fiscalía, al llegar a una cárcel de Villavicencio logró prisión domiciliaria argumentando que era padre cabeza de familia. La documentación que presentó para presentar su petición, al parecer, era falsa.
El magistrado también se encontraba investigado a Raúl Hernán Ardila, juez primero penal municipal de garantías, porque en 2012 habría revocado la medida de aseguramiento a Carlos Barrera Alfonso, alias Ingeniero, investigado por ser el supuesto responsable del homicidio de cuatro personas. Barrera Alfonso, que también fue investigado por porte ilegal de armas y concierto para delinquir, era uno de los hombres de confianza de Martín Farfán Díaz, alias Pijarvey, excomandante paramilitar en los Llanos Orientales. (Lea también: Con mujeres, licor y $3.000 millones "compraron" a magistrados del Tribunal del Meta)
Ángel Humberto Espitia, presunto traficante de drogas, y Julio Alberto Preciado Oñate, condenado a ocho años de prisión por tráfico, fabricación y porte ilegal de armas, igualmente habrían recibido gabelas por parte de esta organización en la que, dijo la Fiscalía, participaron más funcionarios de la Rama Judicial de Villavicencio y de otras entidades.
Los funcionarios pertenecieron a esta estructura, según la Fiscalía, serían Fabián Ríos Cortés, José Luis Rangel Núñez, Arismendy Barela Moreno, Jefrey Torres Torres, Alison Fabián Nandez, Viviana Vega, Julio Alberto Preciado, Blanca Ruth Salazar, y Eduardo de Jesús Rezo Ovalle.
El magistrado Christian Eduardo Pinzón habría sido suspendido por seis meses –tres meses inicialmente y después fue prorrogada por el mismo tiempo– por la Sala Disciplinaria de la Judicatura, pero, por demoras en su proceso, el magistrado volvió a su cargo. La Fiscalía lo investigará por los delitos de prevaricato y omisión, y constreñimiento ilegal. (Le podría interesar: Capturan a 10 funcionarios judiciales por actos de corrupción en Villavicencio)
Por Redacción Judicial
