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El próximo dos de agosto un fiscal de la unidad anticorrupción le imputará cargos a tres personas que se habrían hecho pasar como víctimas de la masacre de Mapiripán, perpretrada por paramilitares entre los días 15 y 20 de julio de 1997.
Estas personas tendrán que responder por su presunta participación en los delitos de fraude procesal y estafa agravada puesto que habrían faltado a la verdad con el fin de lograr beneficios y reparación económica. (Ver 'Los abogados negociaron con la masacre de Mapiripán')
En octubre de 2011, una fiscal de la Unidad de Justicia y Paz le manifestó al Tribunal Superior de Bogotá que existían pruebas que relacionaban a un grupo de personas de haber mentido sobre la suerte de sus familiares y seres queridos quienes no habría fallecido ni desaparecido en la masacre.
Puso como ejemplo el caso de tres menores de edad quienes supuestamente estarían desaparecidos luego de que los paramilitares los amenazaran. “Unos niños de 9, 10 y 12 años habrían salido de la población en el marco de esa masacre, pero ahora se duda de la veracidad de los testimonios que los vincularon en casos de desaparición forzada pues hay contradicciones”.
Además se pudo comprobar que algunos nombres de personas declaradas como desaparecidas no están completos o no se tiene plena identificación sobre ellas. Por lo que se busca entrevistar al personero de Mapiripán, así como al párroco para que den testimonio o al menos una acercamiento de quiénes fueron los desaparecidos.
“La Fiscalía en estos momentos dice que fueron 68 núcleos familiares los que tuvieron que desplazarse forzadamente por la violencia. Sin embargo, tenemos que revisar todos los registros para dar con el número exacto”, señaló la fiscal de Justicia y Paz quien adelanta la investigación por la masacre.
En este caso Mariela Contreras confesó que su esposo había sido asesinado por la guerrilla antes de la incursión de los paramilitares, mientras que sus dos hijos habían sido reclutados también por ese mismo grupo armado y existen pruebas de vida de ambos posteriores a la masacre de 1997.
Ese caso dio pie a que el Gobierno recurriera la sentencia ante la Corte IDH tras cuestionar la sinceridad de otras víctimas ya indemnizadas y discutir la propia veracidad de la masacre.
La responsabilidad del Estado
El pasado 28 de noviembre, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ratificó el carácter definitivo e inapelable de sus sentencias, y desestimó la solicitud de revisión que el Estado colombiano frente a la condena interpuesta en contra del Estado.
Ante esto se indica que ninguno de los elementos presentados por el Estado desvirtúa los fundamentos de atribución de responsabilidad estatal por la comisión de la masacre perpetrada por grupos paramilitares.
“Las faltas del Estado en sus deberes de protección de las víctimas y familiares durante la masacre y en su debida diligencia en las investigaciones propiciaron que, a la fecha de la sentencia, la mayoría de las víctimas y sus familiares no hubiesen sido identificados”, precisa uno de los apartes de la decisión de 20 páginas. (Ver Mapiripán y sus culpas)
La Corte Interamericana excluyó a 6 personas que habían sido identificadas como víctimas de la masacre en la sentencia de septiembre de 2005 y, por ende, beneficiarias de indemnizaciones. Al revisar el material presentado por el Estado, el organismo encontró que estas personas no fueron víctimas de la matanza y que por esa misma razón "las reparaciones ordenadas a su favor no deben tener efectos".
Las personas señaladas en la supervisión de cumplimiento de sentencia que la Corte acaba de proferir son: Gustavo Caicedo Rodríguez y su núcleo familiar, compuesto por ocho personas incluida Mariela Contreras -la mujer con la que se destapó el escándalo de las falsas víctimas-, y a Manuel Arévalo, Omar Patiño Vaca y Eliécer Martínez Vaca. (Ver 'Pido perdón por lo que hice')
Estos dos últimos habían sido reconocidos y propuestos como víctimas de la masacre por el propio Estado, pero fueron luego cuestionados por el mismo. En 2009, en otra supervisión de cumplimiento de sentencia, la Corte se había negado a excluir a esos dos hombres de la lista de afectados por este crimen colectivo.
Según los representantes de las víctima,s pese a las declaraciones realizadas ante los medios de comunicación por la ministra de Relaciones Exteriores y el entonces Ministro de Justicia en febrero de este año, el Estado no presentó ninguna evidencia que desvirtuara la responsabilidad de sus agentes en la planeación y ejecución de la masacre de Mapiripán, la falta de investigación adecuada y la ausencia de debida diligencia en la identificación plena de las víctimas.
Con relación a la falta de identificación de las víctimas, la Corte recordó en su decisión que los yerros en los que incurrió el tribunal internacional en este asunto se debieron a la actuación de los delegados estatales colombianos, y las manifiestas deficiencias investigativas de la Fiscalía. (Ver Los muertos de Mapiripán)
El tribunal reconoció que, una vez activadas las investigaciones internas, han trascendido hechos relacionados con otras víctimas que no habían sido conocidos con anterioridad, pero que en nada modifican “la magnitud de los hechos de la masacre” ni el “alcance de la responsabilidad del Estado”.
Por El Espectador
