Más de 19 toneladas de coltán, que eran transportadas de manera ilegal en el departamento de Vichada, fueron incautadas en una operación conjunta entre tropas del Ejército y unidades de la Policía. El mineral, valorado en aproximadamente US$7 millones, presuntamente iba a ser comercializado por las disidencias de la Segunda Marquetalia para financiar sus actividades criminales.
El hallazgo se produjo en un puesto de control ubicado en la Ruta 38, vía que conecta a Cumaribo (Vichada) con Villavicencio (Meta). Durante la inspección de una tractomula, los uniformados detectaron la actitud sospechosa del conductor, lo que motivó una revisión exhaustiva del vehículo. En su interior encontraron decenas de bultos de coltán, material de alto valor en el mercado tecnológico.
El hombre que transportaba el cargamento no contaba con los documentos requeridos para su movilización ni pudo justificar la procedencia ni el destino del material, por lo que fue capturado y puesto a disposición de las autoridades judiciales.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, el coltán incautado sumaba un total de 19.040 kilogramos y representaba una fuente significativa de financiamiento para la estructura criminal Acacio Medina, de la Segunda Marquetalia, disidencias de las Farc.
El coltán es un mineral clave en la fabricación de dispositivos electrónicos, lo que lo convierte en un recurso altamente codiciado en el mercado internacional. Su explotación ilegal en la Amazonía no solo fortalece a los grupos criminales; también provoca un grave daño ambiental y ecosistémico.
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Expertos alertan sobre minería ilegal y su impacto en la Amazonia
El abogado especialista en minería, Esteban Bello, advirtió sobre la crisis que enfrenta la región amazónica debido a la minería ilegal. A través de una publicación en X, Bello explicó que la extracción de tierras raras y minerales como el oro y el coltán impulsa economías ilícitas que destruyen ecosistemas, y el Estado no ha logrado ejercer control sobre estas actividades.
De acuerdo con una investigación de Vorágine, la minería ilegal no es un fenómeno artesanal, sino una red estructurada donde grupos armados controlan —mediante rutas clandestinas y lavado de dinero—, más del 70 % del oro extraído en Guainía, región de la Amazonía. Existen al menos 80 pistas ilegales allí utilizadas para la extracción y tráfico de minerales sin ningún tipo de regulación y que genera ganancias de millones de dólares anualmente.
El especialista subrayó la necesidad de que el Estado fortalezca sus capacidades de control en la zona, así como la desarticulación de las rutas clandestinas, la auditoría de concesiones mineras con tecnología satelital y la protección de líderes comunitarios que denuncian estas economías criminales en la Amazonía.
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Bello destacó que la minería ilegal, junto con la ausencia de una regulación efectiva, sigue representando una amenaza para el medio ambiente y la seguridad de la región. “La ausencia estatal no es neutral. Permite que minería ilegal y violencia financien ecocidio, mientras comunidades cargan con la culpa”, recalcó el abogado.
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