Tropas del Grupo de Caballería Mecanizado N.° 3, adscrito a la Tercera División del Ejército Nacional, ubicaron e incautaron un depósito ilegal con 3,8 toneladas de material explosivo en zona urbana del municipio de Ipiales (Nariño). El material pertenecería a grupos ilegales que delinquen en la región.
En ese lugar fueron encontrados aproximadamente 31.000 metros de mecha de seguridad, 800 kilogramos de mezcla explosiva de uso industrial, 19.000 detonadores comunes, 3.500 metros de cordón detonante y más de 2.500 kilogramos de explosivos tipo emulsión. Estos materiales serían usados para la fabricación de al menos 38.000 minas antipersona.
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Las 3,8 toneladas de materiales explosivos, que ya fueron destruidas por el Grupo de Manejo de Artefactos Explosivos del Ejército Nacional (Marte), pertenecerían al grupo armado Comandos de Frontera, que delinque en el Pacífico colombiano, especialmente en los departamentos de Nariño y Putumayo.
El operativo se llevó a cabo gracias a labores de inteligencia militar, que permitieron ubicar un inmueble usado para almacenar dichos materiales. De acuerdo con los análisis técnicos, estos elementos tendrían la capacidad de afectar a más de tres millones de personas.
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Durante los últimos meses, los Comandos de Frontera han recrudecido su acción criminal en el suroccidente del país. Las autoridades los han señalado como los responsables del hostigamiento a tropas de las Fuerzas Armadas de Ecuador el pasado 9 de mayo, en el que murieron 11 uniformados de ese país. También serían el gurpo detrás de las confrontaciones armadas de abril de este año, con el grupo delincuencial Los Choneros, con quienes se disputan las rentas del narcotráfico y la minería ilegal en la zona de frontera entre Colombia y Ecuador.
En los últimos años, según datos recopilados por la Presidencia de la República, el número de ciudadanos afectados por minas antipersona ha venido disminuyendo en los últimos diez años. Sin embargo, en lo corrido de 2025, 64 personas han sido víctimas de detonaciones de este tipo de artefactos.
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Los cinco municipios con mayor índice de víctimas desde 1990 hasta fecha son Tumaco (Nariño), Vistahermosa (Meta), Tame (Arauca), Tarazá (Antioquia) y San Vicente del Caguán (Caquetá).
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