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Tras una compulsa de copias por parte de la Corte Suprema de Justicia, la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía acaba de embargarle 12 propiedades al exsenador del Partido de la U, Martín Emilio Morales Diz, y a su circulo familiar. Los bienes estaban repartidos entre Bogotá y Córdoba.
En contexto: Senador Martín Morales Diz fue condenado a 25 años por narcotráfico.
Entre las propiedades secuestradas está una casa ubicada en un conjunto residencial del barrio Chapinero Alto de Bogotá; un apartamento, dos parqueaderos y un depósito en un edificio del sector el Recreo de Montería (Córdoba). También fueron incautados siete bienes en San Antero (Córdoba), que figuraban a nombre de su expareja y excuñada.
De acuerdo con la Fiscalía, el valor de todas las propiedades asciende a $1.600 millones y, por lo menos los bienes ubicados en San Antero (Córdoba), fueron adquiridos cuando el exsenador Morales Diz fue alcalde de ese municipio. El político fue condenado por integrar, en compañía de su antecesor, Wilmer Pérez, una organización criminal aliada de las Águilas Negras.
“Las investigaciones evidenciaron que uno de estos bienes, un terreno de gran extensión, aparece en el papel como si hubiera sido comprado en 2006 por $100.000 y, posteriormente, trasferido a la exesposa de Morales Diaz. En las verificaciones se constató que, en realidad, no hubo pago alguno por esa propiedad”, agregó la Fiscalía.
Antecedentes: En firme condena de 25 años de prisión contra exsenador Martín Morales.
Las propiedades que le pertenecían a Morales Diz quedaron en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) del Ministerio de Hacienda, una institución de Gobierno que se encarga de administrar los bienes producto de procesos de extinción de dominio. El exsenador de la U afronta el proceso desde la cárcel, pues está condenado desde el 1° de junio de 2018.
“La evidencia recaudada permitió establecer que el exsenador Morales Diz adquirió los bienes con dineros producto del tráfico de sustancias ilegales. Enfrentar las finanzas ilegales es una prioridad”, agregó la directora especializada de Extinción de Dominio, Patricia Saavedra Yepes.
#ATENCIÓN | Ocupados con fines de extinción de dominio bienes que pertenecerían al excongresista Martín Emilio Morales Diz. Medidas cautelares impuestas por la #Fiscalía responden a una compulsa de copias hecha por la Corte Suprema de Justicia en la condena contra el exsenador. pic.twitter.com/WgzVEhlbvC
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) March 23, 2021
La Sala Penal de la Corte Suprema encontró a Morales Diz, en 2018, responsable por los delitos de concierto para delinquir agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; tentativa de homicidio agravado; y porte ilegal de armas y municiones. De acuerdo con las investigaciones, entre 2005 y 2012, estuvo vinculado al narcotráfico y la venta ilegal de armas en San Antero (Córdoba).
La organización criminal integrada por Morales Diz envió cocaína a Centroamérica por 1.200, 1.500 y 2.000 kilogramos, en tres oportunidades respectivamente. Además, se habría asociado con las Águilas Negras para la expansión de ese grupo en la zona, por lo cual entregó armas. Morales Diz fue condenado a 25 años de prisión.
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De acuerdo con la Corte Suprema, Morales Diz contó con el apoyo del Bloque Montes de María de las autodefensas para llegar a la alcaldía de San Antero para el periodo 2004-2007. Llegó para reemplazar a Wilmer Pérez, quien fue condenado a 56 meses de prisión por firmar acuerdos con paramilitares a través del Pacto de Ralito.
“Soy inocente. No soy ni asesino, ni paramilitar ni soy mafioso. Soy un padre de familia, un hombre casado, un buen hijo y un buen hermano (…) Haber tomado la decisión de denunciar una extorsión ha sido la causa y la razón por la que hoy me encuentro en el banquillo de los acusados”, le dijo Morales Diz a los magistrados de la Corte Suprema durante el proceso en su defensa.
La condena a 25 años contra Morales Diz fue confirmada en noviembre de 2018, sin embargo, la Corte Constitucional, luego de estudiar una acción de tutela, determinó en agosto de 2019 que al exsenador se le debe garantizar el derecho a impugnar su fallo (doble conformidad), pues su sentencia condenatoria se dio en única instancia.