Este lunes se conoció que el fiscal 11 delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Julio Ospino renunció a su cargo, hecho por el cual se ha generado una gran incertidumbre por el futuro de los procesos que se adelantan por las llamadas chuzadas del DAS.
Esta información se conoció en el proceso que se adelanta contra el exdiector de inteligencia, Giancarlo Auque de Silvestri y otros cuatro exfuncionarios del organismo de inteligencia por las operaciones de seguimiento e interceptaciones ilegales a un grupo de periodistas, políticos de oposición, abogados y defensores de derechos humanos.
En la diligencia judicial se pudo conocer que el fiscal Ospino será magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, hecho que lo obliga a renunciar a todos los procesos que adelanta, principalmente el de las ‘chuzadas’, por lo que se tiene que nombrar un fiscal encargado en los próximos días para seguir con estos procesos judiciales.
Fuentes allegadas al caso aseguraron que existe cierta incertidumbre en este caso pues no se sabe si el cambio de fiscal puede afectar lo que se ha adelantado hasta el momento en el caso de los exfuncionarios del DAS, como ha sido la recolección de pruebas testimoniales, revisión de “horas y horas” de grabaciones, así como la búsqueda selectiva de datos.
Señalaron además que Ospino ha conocido desde el principio todos los procesos que se han adelantado en los juzgados especializado relacionados con las interceptaciones ilegales, entre los cuales se encuentran las investigaciones contra el exsubdirector del DAS, José Miguel Narváez y otros 22 exfuncionarios.
El caso de Auque
Según las pruebas recolectadas por la Fiscalía, fue Jean Carlo Auque quien sugirió la creación de un grupo especial para mantener vigiladas a las Organizaciones No Gubernamentales, ONG, como lo fue la plataforma denominada G3; así lo aseguró el ex coordinador de esa unidad Jaime Fernando Ovalle Olaz.
En varias oportunidades el exdirector de Informática del organismo, Rafael García, señaló que Auque de Silvestri también se benefició de contratos irregulares que habría gestionado Noguera Cotes y que beneficiaba al paramilitarismo.
García indicó que fue el propio exdirector del organismo quien le manifestó que Auque “había hecho su negocio” con una convenio celebrado para la instalación de una sala de interceptación a cargo de la Dirección de Inteligencia.
El testigo también denunció que Noguera señaló que el excomandante paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40”, sería acreedor de esa iniciativa.
“Jorge Noguera me dijo que Giancarlo sabía que esos dineros tenían que ser entregados a Jorge 40, comandante del Bloque Norte de las Autodefensas”, dijo García.
En este proceso también son investigados Ignacio Moreno Tamayo, exsubdirector de Fuentes Humanas; Gian Carlo Auque, exdirector de inteligencia; Eduardo Aya Castro, excoordinador de la Subdirección de Operaciones, por estar implicados en el caso de las interceptaciones telefónicas ilegales, así como a los miembros del grupo de inteligencia G-3, Rodolfo Medina Alemán y Mario Orlando Ortiz Mena.
Por El Espectador
