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Wilfrido Cañizares, director de la Fundación Progresar en Norte de Santander: “Las víctimas de desaparición podrían llegar a 10.000″
Según la Fundación Progresar que usted dirige, ¿cuál es el número de desaparecidos en el departamento y cuántas familias buscan aún a sus parientes?
En este departamento hay 7.324 personas desaparecidas, de acuerdo con el Sistema Nacional de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec). A pesar de que la cifra es alta, hemos documentado un subregistro de aproximadamente el 40 %, es decir, que las víctimas de desaparición podrían llegar a una cifra cercana a 10.000. La mayoría de las familias que han padecido el dolor de tener un ser querido desaparecido de manera forzada continúan en su búsqueda. Nosotros hemos acompañado estos casos desde mediados de la década del noventa, o sea, hace unos 28 años. Las mujeres son las que han persistido, de forma mayoritaria, en la búsqueda de sus seres queridos.
¿Las historias de las víctimas son similares a las de los falsos positivos o son diferentes?
Ha presentado algunos patrones de acción que pueden resultar similares a los de las ejecuciones extrajudiciales. Sin embargo, esa práctica ha sido tan generalizada en nuestra región, que no existe un perfil socioeconómico ni una historia de vida común a todas las víctimas. Norte de Santander fue y es escenario de desapariciones forzadas por parte de grupos armados organizados e incluso de la delincuencia común. Vivir en la frontera, en el Catatumbo, en el área metropolitana de Cúcuta, en la provincia de Ocaña, es para nosotros un riesgo.
¿Los delincuentes comunes también ejecutan desapariciones? ¿Por qué se llegó a este extremo criminal en Norte de Santander?
Por varios factores, uno de ellos la ausencia de Estado. Los delincuentes comunes se dieron cuenta de que era menos riesgoso desaparecer a sus víctimas que cometer un homicidio, porque un cuerpo llama la atención de la prensa y de las autoridades. En cambio la desaparición forzada no tiene cubrimiento periodístico ni las autoridades le dedican tanto esfuerzo a ese fenómeno como al de las muertes violentas.
¿Se ha determinado en cuáles períodos hubo mayor número de desaparecidos, en cuáles zonas y por responsabilidad de cuáles grupos armados delictivos?
El período más grave en la comisión del crimen de desaparición forzada fue entre 1999 y 2004, que corresponde al arribo paramilitar a Norte de Santander. Un segundo momento sucedió entre 2010 y 2013, con la presencia de los grupos sucesores del paramilitarismo, como los Urabeños, las Autodefensas de la Frontera, el denominado Ejército Paramilitar de Norte de Santander, los Rastrojos, entre otros. Los municipios más afectados son Cúcuta, con aproximadamente el 40 % de los casos, y Tibú, con un 25 %.
¿Cuándo tuvieron noticias verificables de que se estaban incinerando cuerpos para desaparecer su rastro y cómo determinaron la credibilidad de esos datos?
En cuanto el paramilitar de las AUC, alias Hernán, comenzó con la práctica de incineración de cuerpos en el corregimiento de Juan Frío, del municipio de Villa del Rosario, y alias el Iguano empezó a usar un método criminal similar, pero con llantas de vehículos en el sector de Guaramito, área rural de Cúcuta (cuando hacía hogueras con llantas de vehículos y arrojaba, en la mitad, los cuerpos, las comunidades escucharon lo que estaba sucediendo. En 2007 iniciamos la documentación de los casos mediante entrevistas a los pobladores de Juan Frío, a los familiares de las víctimas y a las organizaciones civiles de estos sectores. Desde entonces llamamos la atención del gobierno, en aquel momento, del presidente Uribe.
¿Con algún resultado? ¿Algún funcionario ordenó activar las investigaciones?
No tuvimos respuesta. El comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, nos envió una carta en la que sostenía que para enfrentar las denuncias estaba la estrategia oficial de la “seguridad democrática”. Eso fue todo. También denunciamos ante el fiscal general: 100 familias víctimas le escribieron, cada una, una carta en la que contaban la tragedia de la desaparición de su ser querido. Fuimos a Bogotá y radicamos todas las cartas. La Fiscalía nunca respondió ni colectiva ni individualmente.
Los hornos intervenidos recientemente por la Unidad de Búsqueda de Personas por ser los presuntos sitios en donde se incineraron cuerpos, ¿constituyen para ustedes confirmación de que las denuncias tenían fundamento?
Así es. Por más de 20 años hemos denunciado la desaparición forzada en el departamento como una práctica permanente. Hemos acudido a alcaldes, gobernadores, presidentes, fiscales, defensores del pueblo. Nadie nos escuchó. Hemos realizado protestas en la calle junto a las familias, actos de memoria, galerías, etc. Estos antecedentes de ausencia de Estado nos hacen valorar la actual decisión de la JEP, de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y del Gobierno Nacional. No solo nos oyen por primera vez, sino que se toman decisiones correctas, como intervenir territorios en donde se encuentran sepultados los restos de miles de desparecidos, decretar medidas cautelares, ordenar acciones locales y regionales, decretar estos lugares como de interés forense. En fin, acciones que tarde o temprano responderán a las exigencias de búsqueda, localización, identificación y entrega digna a las familias de sus víctimas.
Pero aún no se sabe si en los hornos intervenidos se encontrarán restos o fragmentos humanos.
Cierto. Pero esta intervención, más allá de buscar un resultado inmediato, pretende resolver dudas o encontrar elementos que indiquen que allí hubo incineraciones de CNI (cuerpos no identificados). El hecho de que no se dé un resultado inmediato en cuanto al hallazgo de cuerpos no es un determinante en este momento, porque la zona geográfica es muy amplia y hay muchos más sitios de interés forense en donde se presume que hay restos de los desaparecidos. Reitero que en este departamento valoramos la decisión y la intervención de la Unidad, porque hay esperanza de que se les entreguen respuestas a las familias que llevan décadas esperando conocer lo que sucedió. Ellas dicen que sus seres queridos están vivos hasta cuando el Estado les demuestre que murieron y cómo perdieron la vida, y que ahora hay un plan: salir a buscarlos y encontrarlos.
Entre los propietarios originales de los trapiches y las otras actividades campesinas en la zona, ¿hay un número significativo de desaparecidos?
Sí. En la zona hay decenas de fosas comunes, lugares de enterramientos ilegales. La información de los campesinos pobladores de la región y de los propietarios de las fincas sobre cuántos cuerpos pueden estar sepultados allí es abrumadora.
Entonces, ¿puede decirse que hay esperanza de verdad y reconocimiento?
Todas las acciones que se tienen planeadas y las que se están ejecutando cuentan con el apoyo de los miles de familias, porque apuntan a sus exigencias históricas y a los esfuerzos de décadas de las organizaciones de derechos humanos. Lo que falta ahora es un mayor compromiso de los perpetradores en la entrega de la identidad de las personas desaparecidas por ellos.
¿Cuántos casos han seguido ustedes desde la Fundación?
Acompañamos a 719 familiares buscadores. En algunos casos, ya hay nuevas generaciones incorporándose a la búsqueda de sus desaparecidos, principalmente nietos y nietas lo que indica el tamaño de la tragedia que ya va en la tercera generación. Esta línea de trabajo estratégica la iniciamos para responder a la crisis humanitaria ocurrida a raíz de la incursión paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), en mayo de 1999, cuando convirtieron la desaparición forzada en un crimen masivo, sistemático e indiscriminado.
¿Qué sucedió cuando llegaron los paramilitares a esa zona de Norte de Santander?
En mayo de 1999 sucedió la incursión del paramilitarismo en Tibú. Se trasladaron desde el Nudo de Paramillo (entre Córdoba y Antioquia) hasta Tibú (Norte de Sant.). 340 paramilitares viajaron, por vía terrestre desde el occidente del país hasta el oriente, acompañados por miembros del Ejército para instalarse en esta región. Desde entonces, nuestro departamento ha vivido la mayor tragedia humanitaria que ha padecido la zona: fue cuando se presentaron o incrementaron las masacres, los homicidios, el fenómeno de los desaparecidos y de las personas desplazadas.
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Marlon Sánchez, antropólogo forense de la Unidad de Búsqueda de Personas: “Sí pudo haber incineración de restos”
¿Por qué los sitios intervenidos en Norte de Santander por la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD), que han sido relacionados con la desaparición forzada, se pueden calificar de hornos crematorios y por qué esos antiguos trapiches tienen potencial forense?
Desde los años 90 hay documentos e investigaciones que permiten inferir la existencia de ese fenómeno en la zona. Exintegrantes de grupos armados que operaron allí y confesaron ante la justicia, pobladores de la región, entidades, ONG y la prensa han documentado la posibilidad de que esos espacios se utilizaron para desaparecer cuerpos. Y son de interés forense porque la propia investigación humanitaria y extrajudicial adelantada por esta entidad que recoge todas las fuentes permite considerar la hipótesis de que los sitios intervenidos en la vereda Juan Frío, del municipio de Villa del Rosario, fueron escenarios utilizados para incinerar cuerpos de las víctimas de los grupos armados. En síntesis, la incineración de restos humanos es una posibilidad que no está confirmada ni descartada, pero sobre la que hay elementos serios para considerarla de interés forense. Las menciones de “hornos crematorios” son referencias de los pobladores y la prensa que los ha llamado así.
¿Cuánto hace que la UBPD está trabajando en esa zona fronteriza y cómo delimitaron el área geográfica en donde se habría ejecutado la incineración de restos?
Además de la investigación que venimos haciendo de tiempo atrás y de la consulta de la información de las fuentes que he mencionado, en campo hemos adelantado dos acciones importantes por ahora: la de mayo pasado, que consistió en un ejercicio de caracterización espacial, geográfica, fotográfica y topográfica de los sitios, y la ubicación de los escenarios. Esta última acción, que iniciamos hace unos días, es intrusiva; es decir, se ejecuta con excavaciones de arqueología forense: encontramos algunos vestigios de antiguos escenarios o estructuras de un trapiche que nos permiten inferir que allí podría ser el área referida como posible escenario de las incineraciones. Los vestigios que aún pueden observarse son indicativos de que ese era un lugar sobre el cual podrían confirmarse las hipótesis de la investigación.
Entonces, ¿aún no se puede afirmar rotundamente que hubo incineración de cuerpos en los hornos intervenidos por ustedes, cuyas fotografías y videos fueron ampliamente difundidos?
Es una pregunta cuya respuesta estamos, hasta ahora, construyendo. Esta fue una primera intervención, pero hay otras que realizaremos en el futuro. Por ahora no hay un hallazgo forense puntual que nos permita ratificar, de forma inequívoca, que allí hubo incineraciones. No hay que perder de vista que estamos ante un escenario muy complejo debido a que, en caso de ser cierto que existieron estructuras óseas sometidas a agentes de incineración, hoy podrían estar muy deterioradas por el paso del tiempo: dos décadas. Si bien es muy fuerte la hipótesis y esta podría ser confirmada, los hallazgos hasta el momento son preliminares. También es necesario decir que no tenemos elementos de juicio para descartarla. En cambio, hay condiciones que indicarían que el lugar intervenido sí pudo ser utilizado en esas prácticas, puesto que encontramos un área para producir fuego y mantener la concentración de altas temperaturas en un espacio determinado. De otro lado, también es necesario considerar que en esa región de frontera se desplegaron, de muchas maneras, posibles prácticas, además de incineraciones, de enterramientos en fosas clandestinas, posibles arrojamientos de cuerpos al río, probable disposición o traspaso de cuerpos a Venezuela. Se trata de escenarios diferentes.
Además de las confesiones de los exparamilitares que se acogieron a la Ley de Justicia y Paz en 2005, sobre esa práctica de criminales de guerra, ¿cuáles otros contextos históricos soportan las investigaciones?
Creo que hay que darles a las personas buscadoras y a sus colectivos y organizaciones de derechos humanos el reconocimiento de que han mantenido la memoria y han persistido en la necesidad de que se intervengan esos sitios.
¿En cuáles actividades han participado las familias buscadoras y cuáles han sido sus reacciones a sus trabajos en la zona?
Como le decía, ellas han sido las que han permitido que permanezca la memoria de esos escenarios como posibles destinos finales de los cuerpos de sus familiares. En las acciones presentes, propiamente la intervención del sitio de los hornos, hubo un trabajo en conjunto. Las familias y las mujeres buscadoras fueron convocadas por nosotros para que estuvieran presentes desde el inicio. Nos decían: “Llevamos años esperando a que estas excavaciones se hicieran; a que, al fin, estos sitios se intervinieran”. Su tarea ha sido estar de la mano con la entidad, hacer parte de la construcción y del esclarecimiento de esos escenarios y de lo que posiblemente pudo ocurrir allí. El trabajo técnico forense se pudo realizar gracias a todo el proceso de acompañamiento, impulso y persistencia de las familias.
¿Qué espera encontrar la UBPD cuando las investigaciones avancen o concluyan?
Es importante decir que las exhumaciones de estructuras óseas, si bien son hallazgos importantes, no constituyen el único elemento que se debe considerar. Este esfuerzo hace parte de un ejercicio mucho mayor que consiste en el derecho de las familias a saber lo que pasó, a reconstruir la verdad que les da su lugar en el esclarecimiento de los hechos, de lo que sucedió con sus seres queridos. Encontrar los sitios, documentar los lugares en donde posiblemente se dieron esas prácticas es también una forma de conocer y reconstruir la verdad. Se trata de un ejercicio más humano, colectivo y social que también aporta elementos sobre los cuales la Unidad puede conseguir nuevos hallazgos y tener y emitir juicios.
Además del área intervenida actualmente por la Unidad de Búsqueda de Personas, ¿cuántas más y en cuál extensión de la misma zona, son de interés forense?
No es el primer escenario que se interviene pero, tal vez, sí es el primero de posibles espacios de incineración de cuerpos. Y no será el último. No es posible cuantificar estas actividades porque se trata de diferentes espacios y de investigaciones de alta complejidad. Pero, por supuesto, la entidad va a seguir respondiendo técnicamente a esos retos.
La arqueología forense, ¿cómo actúa en este caso?
La arqueología forense es un conjunto de métodos, de técnicas aplicados para abordar de una manera cuidadosa, técnica y muy meticulosa un escenario tan complejo como estos: a la vez que vamos excavando, descendiendo y retirando todo el sedimento en búsqueda de cualquier hallazgo para que no pase inadvertido, vamos reconstruyendo espacial y contextualmente posibles eventos de todo tipo ocurridos en ese escenario. No podemos verlo todo pero sí podemos hacer una aproximación a partir de la reconstrucción: es el trabajo de la arqueología forense.
