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La Procuraduría General abrió una indagación previa contra funcionarios que aún faltan por determinar del Instituto de Casas Fiscales del Ejército Nacional. De acuerdo con el ente de control, habría irregularidades en contratos suscritos por esa entidad, que tenían como finalidad la construcción de residencias para uniformados en distintas partes del país.
Dice el Ministerio Público que, al parecer, se encontraron irregularidades específicamente en dos contratos. Los acuerdos fueron firmados por el Instituto de Casas Fiscales y el Ejército Nacional y tenían como finalidad la construcción de unidades residenciales en Nilo, Cundinamarca, y Buenavista, Guajira.
La Procuraduría, en su Regional de Instrucción de Cundinamarca, recibió información sobre una posible pérdida de recursos, debido a que se suspendieron las labores de construcción de 36 casas que debían ser entregadas dentro de los nueve meses siguientes a la firma del acta de inicio del contrato.
El Ministerio Público sostiene que, al aparecer, “las obras de construcción se suspendieron en agosto, los negocios jurídicos se vencieron y no hay claridad sobre la utilización de los anticipos hechos en 2019 y 2021 por más de $2.000 millones, situación por la que se cobraron multas e iniciaron procesos sancionatorios por incumplimientos parciales”.
Con la indagación previa que se ordenó, la Procuraduría busca determinar si ocurrió o no una conducta que constituya una falta disciplinaria, así como definir si se actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad.
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