'Indígenas, a punto de desaparecer'

Los pueblos indígenas Guayabero (también llamado Jiw) y Nükak están en el epicentro del conflicto, al borde del exterminio físico y cultural. La respuesta del Estado ha sido “meramente formal”, mientras los actores del conflicto los desplazan, los reclutan, los confinan, controlan su territorio, los obligan a trabajar en plantaciones ilegales, los amenazan y los asesinan. Están perdiendo su lengua, su cultura y sus tradiciones. El conflicto les arrebató la posibilidad de pescar y cazar, las principales actividades que solían sostenerlos económicamente. Por este motivo han llegado a la crítica situación de depender del insuficiente abastecimiento que provee el Estado.

Esas son, palabras más palabras menos, las preocupaciones mayúsculas que llevaron a la Corte Constitucional a emitir el Auto 173 de 2012. Para el alto tribunal es evidente que las comunidades indígenas Guayabero y Nükak, consideradas seminómadas, son como una vela a punto de apagarse por cuenta de la violencia que las afecta diariamente. El auto, además, resultó ser un llamado de atención para todas las entidades estatales que podrían con sus acciones evitar que este sea el fatal destino de las mencionadas tribus. Según el documento, todos los grupos armados han puesto su cuota para empujar a los nükaks y los guayaberos al borde del abismo que hoy avisoran.

Y todos son todos. Según el documento de 94 páginas, con el lema “Un hijo para la guerra”, el Erpac empezó una fuerte campaña para adherir a sus filas a mujeres campesinas e indígenas. Presuntos testaferros de paramilitares, con sus mallas de pesca industriales, los dejan sin animales que pescar o les ponen límites de horario. Colonos entran a sus territorios sin autorización. La Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, que colinda con el resguardo Guayabero de Barrancón, ha generado “contaminación física del territorio por municiones sin explotar (Muse)”. Por las Muse y las minas antipersonal cuatro indígenas han muerto y 13 han resultado heridos.

Su crisis se acentúa con hechos como que de los terrenos de la comunidad Guayabero sólo el 8% es apto para la agricultura. Algunas familias que son desterradas no lo denuncian por la burocracia que implica; otras no pueden acceder a servicios de salud porque no tienen documentos de identidad o porque las EPS no los atienden. A los nükaks los aquejan enfermedades como diarrea, malaria y tuberculosis. Pero, al parecer, nadie hace nada. Alcaldes de los municipios aledaños no llegan a las reuniones en las que, se supone, se van a debatir sus problemáticas. Como si fuera poco, tanto los guayaberos como los nükaks se han convertido en el rostro del desplazamiento forzado: de los primeros, el 80% han sido despojados de sus resguardos. De los segundos, el 90%.

Por todas estas razones la Corte Constitucional tomó 27 determinaciones con el propósito de intentar salvar estas etnias de la extinción. Entre ellas, establecer un ‘Plan provisional urgente de reacción y contingencia’ que cubra necesidades prioritarias como salud, nutrición y seguridad alimentaria. Encontrar predios para mejorar sus condiciones de vida. Documentarlos. Formular proyectos de etnoeducación y hacer un censo de etnoeducadores. Presentar informes sobre qué líderes indígenas están amenazados y qué se ha hecho para protegerlos. Estas órdenes involucran a entidades de todo orden: Procuraduría, Registraduría, Defensoría del Pueblo, alcaldías, gobernaciones, ministerios de Defensa, Interior, Educación y Cultura, y Contraloría.

Ayer se alcanzó a decir que la Corte había ordenado retirar la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina. Inclusive, comandantes militares, como el general Alejandro Navas, reaccionaron afirmando que, con el Auto 173 de 2012, la seguridad nacional estaba en riesgo. Sin embargo, la Corte misma aclaró que la orden era la de salir de seis hectáreas del resguardo indígena Guayabero, que actualmente ocupa la Escuela, con construcciones como piscinas de buceo, planta de acueducto y alojamiento.

En la tarde del jueves, tras una reunión urgente en el Ministerio de Defensa, los altos mandos castrenses dedujeron lo mismo. En diálogo con El Espectador, el general Navas señaló que su reacción había derivado de los informes periodísticos que hablaban de desalojo de los uniformados. “Es que lo relacionaron con Cauca, hicieron la misma ecuación, y yo me imaginé que se nos vendría toda la comunidad indígena a sacarnos”.

Los pueblos indígenas Guayabero (también llamado Jiw) y Nükak están en el epicentro del conflicto, al borde del exterminio físico y cultural. La respuesta del Estado ha sido “meramente formal”, mientras los actores del conflicto los desplazan, los reclutan, los confinan, controlan su territorio, los obligan a trabajar en plantaciones ilegales, los amenazan y los asesinan. Están perdiendo su lengua, su cultura y sus tradiciones. El conflicto les arrebató la posibilidad de pescar y cazar, las principales actividades que solían sostenerlos económicamente. Por este motivo han llegado a la crítica situación de depender del insuficiente abastecimiento que provee el Estado.

Esas son, palabras más palabras menos, las preocupaciones mayúsculas que llevaron a la Corte Constitucional a emitir el Auto 173 de 2012. Para el alto tribunal es evidente que las comunidades indígenas Guayabero y Nükak, consideradas seminómadas, son como una vela a punto de apagarse por cuenta de la violencia que las afecta diariamente. El auto, además, resultó ser un llamado de atención para todas las entidades estatales que podrían con sus acciones evitar que este sea el fatal destino de las mencionadas tribus. Según el documento, todos los grupos armados han puesto su cuota para empujar a los nükaks y los guayaberos al borde del abismo que hoy avisoran.

Y todos son todos. Según el documento de 94 páginas, con el lema “Un hijo para la guerra”, el Erpac empezó una fuerte campaña para adherir a sus filas a mujeres campesinas e indígenas. Presuntos testaferros de paramilitares, con sus mallas de pesca industriales, los dejan sin animales que pescar o les ponen límites de horario. Colonos entran a sus territorios sin autorización. La Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, que colinda con el resguardo Guayabero de Barrancón, ha generado “contaminación física del territorio por municiones sin explotar (Muse)”. Por las Muse y las minas antipersonal cuatro indígenas han muerto y 13 han resultado heridos.

Su crisis se acentúa con hechos como que de los terrenos de la comunidad Guayabero sólo el 8% es apto para la agricultura. Algunas familias que son desterradas no lo denuncian por la burocracia que implica; otras no pueden acceder a servicios de salud porque no tienen documentos de identidad o porque las EPS no los atienden. A los nükaks los aquejan enfermedades como diarrea, malaria y tuberculosis. Pero, al parecer, nadie hace nada. Alcaldes de los municipios aledaños no llegan a las reuniones en las que, se supone, se van a debatir sus problemáticas. Como si fuera poco, tanto los guayaberos como los nükaks se han convertido en el rostro del desplazamiento forzado: de los primeros, el 80% han sido despojados de sus resguardos. De los segundos, el 90%.

Por todas estas razones la Corte Constitucional tomó 27 determinaciones con el propósito de intentar salvar estas etnias de la extinción. Entre ellas, establecer un ‘Plan provisional urgente de reacción y contingencia’ que cubra necesidades prioritarias como salud, nutrición y seguridad alimentaria. Encontrar predios para mejorar sus condiciones de vida. Documentarlos. Formular proyectos de etnoeducación y hacer un censo de etnoeducadores. Presentar informes sobre qué líderes indígenas están amenazados y qué se ha hecho para protegerlos. Estas órdenes involucran a entidades de todo orden: Procuraduría, Registraduría, Defensoría del Pueblo, alcaldías, gobernaciones, ministerios de Defensa, Interior, Educación y Cultura, y Contraloría.

Ayer se alcanzó a decir que la Corte había ordenado retirar la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina. Inclusive, comandantes militares, como el general Alejandro Navas, reaccionaron afirmando que, con el Auto 173 de 2012, la seguridad nacional estaba en riesgo. Sin embargo, la Corte misma aclaró que la orden era la de salir de seis hectáreas del resguardo indígena Guayabero, que actualmente ocupa la Escuela, con construcciones como piscinas de buceo, planta de acueducto y alojamiento.

En la tarde del jueves, tras una reunión urgente en el Ministerio de Defensa, los altos mandos castrenses dedujeron lo mismo. En diálogo con El Espectador, el general Navas señaló que su reacción había derivado de los informes periodísticos que hablaban de desalojo de los uniformados. “Es que lo relacionaron con Cauca, hicieron la misma ecuación, y yo me imaginé que se nos vendría toda la comunidad indígena a sacarnos”.