Durante un poco más de cinco horas permanecieron retenidos 16 soldados que se encontraban adelantando una labor judicial emitida por la Fiscalía. Los uniformados que fueron retenidos por miembros de una comunidad indígena del resguardo San Francisco en la vereda La Pila del municipio de Toribío (Cauca), fueron liberados en la tarde de este martes tras una conciliación de la Defensoría del Pueblo y autoridades locales.
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“Los uniformados fueron entregados a una comisión humanitaria que lideró la Defensoría del Pueblo y fue acompañada por la Personería de Toribío, la alcaldía municipal y la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAAP/OEA), y manifestaron que recibieron un buen trato por parte de la comunidad indígena”, expresó la Defensoría.
Mientras el órgano defensor adelantaba su labor, el Ejército anunció que interpondrá una denuncia por secuestro y, por su parte, el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) denunció que hubo una intervención militar arbitraria. Las imágenes que circularon por las redes muestran a decenas de ciudadanos evitando el normal paso del Ejército en el sector.
Fotos mostraban, incluso, al grupo militar sentado a la espera de que los indígenas resolvieran su situación. Según la versión del Comando de la Tercera División del Ejército, el grupo de soldados estaba haciendo efectiva una orden de captura emitida por la Fiscalía y un juez de Garantías, para capturar un “sujeto que era requerido por el delito de homicidio agravado y fabricación, porte y tenencia ilegal de armas de fuego”.
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En desarrollo del procedimiento, dice el Ejército, las tropas habrían sido retenidas por hasta 700 personas, quienes serían habitantes del sector y comuneros de la Guardia Indígena. La institución castrense agregó que la persona capturada resultó herida, luego de intentar huir del lugar.
“Información preliminar indica que el sujeto resultó herido al intentar escapar, al parecer, como producto de una cortadura en una de sus piernas; sin embargo, esto será motivo de investigación por parte de las autoridades competentes para confirmarlo o desvirtuarlo. Posterior a ello, según lo reportado, la comunidad interfiere y se lleva al sujeto, quien a esta hora se encontraría en el hospital de la región”, señaló la institución.
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En un comunicado público, Edwin Capaz, Consejero mayor del CRIC, señaló que se trataría de un atropello por parte de la Fuerza Pública: “Esta unidad militar incursionó de manera violenta en una vivienda familiar, hirió a un integrante de sus comunidades, con el pretexto de buscar un positivo. Sin embargo, el cotejo de identidad demuestra que no es una persona a la cual las autoridades militares estarían buscando y se trataría de un comunero que no tiene ningún nivel de búsqueda por la justicia ordinaria”.
Tras la liberación de los uniformados, la Defensoría del Pueblo reiteró el llamado a las comunidades indígenas a mantener y fortalecer espacios de diálogo con el fin de evitar que se vuelvan a presentar este tipo de situaciones. Además, el órgano de control se comprometió a brindar acompañamiento a la comunidad en relación con las investigaciones relacionadas respecto a presuntas acciones irregulares en los procedimientos adelantados por la fuerza pública.
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