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El Consejo Superior de la Judicatura, que maneja los recursos de la Rama Judicial, abrió una convocatoria para implementar el Sistema Integrado de Gestión Judicial, el cual promete ser una herramienta tecnológica para descongestionar los procesos en Colombia. La empresa Indra Colombia se presentó para un contrato de $22.000 millones, pero la Red Nacional de Veedurías Ciudadanas Bien Común advirtió posibles inhabilidades, totalmente descartadas por la misma multinacional española.
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De acuerdo con el veedor Henry Anaya, la multinacional Indra “ha estado envuelta en innumerables escándalos públicos, como la operación Lezo en España (posible desvío de fondos públicos a miembros del Partido Popular) en época electoral”. Además, el representante de la red de veedurías ciudadanas aseguró que Indra pertenecería a un “cartel de contratación de concursos públicos”, sancionada en 2019 por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC).
Luego de las denuncias contra la multinacional, que tiene más de 25 años trabajando en Colombia, el abogado Jesús Albeiro Yepes, representante de Indra, avisó que en los próximos días iniciará acciones penales contra el veedor Henry Anaya, dado que estaría afectando el buen nombre del gigante de la tecnología. Se trata de “afirmaciones falsas, injuriosas y calumniosas, en contra de la empresa dentro de este proceso de convocatoria”, le explicó Yepes a El Espectador. Este jueves 15 de abril, denunció a Anaya por los delitos de injuria y calumnia.
Todo nace de una denuncia del pasado 6 de abril, cuando Anaya dirigió una comunicación a José Mauricio Cuesta, director ejecutivo de la Administración de Justicia en Colombia. El veedor ciudadano insistió por todos los flancos, pues copió el correo a la Cámara de Comercio, a la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública, a la Contraloría y a diferentes medios de comunicación ¿El centro de su denuncia? Las leyes antisoborno prohíben que empresas vinculadas a hechos de corrupción transnacional contraten con el Estado.
“Nos preocupa enormemente la presencia de la empresa Indra SAS. No solo no aportó experiencia acreditada en el tema sino que se relaciona con la empresa Indra Soluciones Tecnológicas de la Información, con NIT diferente. La casa Matriz española ha estado envuelta en innumerables escándalos públicos (…). También ha sido sancionada en firme por pertenecer a un cartel de contratación de concursos públicos y multada con más de 850 mil euros por parte de La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC)”, allegó Anaya.
Tal fue el sinsabor de la empresa, por los reclamos de la red de veedurías, que desde Madrid (España), el presidente Fernando Abril-Martorell dirigió una carta a la magistrada Gloria Stella López, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura. El empresario aseguró que no es cierto, entre otras cosas, que Indra Colombia tenga un número doble de identificación NIT, que experiencia le sobra y, asimismo, desplegó todo un pergamino con los premios y reconocimientos nacionales e internacionales que la multinacional ha recibido durante los últimos años.
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“Indra es la mayor empresa de tecnología e innovación de España en el mundo, con más de 47.000 empleados, operaciones comerciales en más de 160 países y oficinas en 46, entre ellos de manera muy importante en Colombia. Trabajamos en todos los sectores, público y privado. No existe ninguna inhabilitación para contratar con ningún sector, menos en el público. En 2021, Indra, Telefónica e IBM han supuesto casi el 20% de toda la contratación en las Administraciones Públicas en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC)”, explicó el presidente Abril-Martorell.
Por otro lado, la empresa informó al Consejo Superior de la Judicatura que la sanción impuesta por el “cartel de la contratación” es parcialmente falsa, pues en realidad Indra Colombia S.A.S fue la entidad que se anotó al concurso, diferente a la cuestionada Indra España. De acuerdo con la comunicación, incluso esa sanción está pendiente de sentencia en el país europeo y, de todas formas, interpondrán recursos judiciales contra el Tribunal Supremo, en caso de obtener un fallo en contra.
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En marzo de 2019, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de España (CNMC) sancionó a 15 grandes constructoras de ese país, entre ellas Indra, por firmar alianzas para “amañar” contratos ferroviarios. “Durante catorce años estas empresas crearon varios cárteles en las licitaciones del AVE (red ferroviaria de alta velocidad de España) y del tren convencional. Por esta razón, se les impone en su conjunto una sanción de 118 millones de euros y a los directivos responsables de tales conductas una sanción en conjunto de 666.000 euros”, explicó la CNMC.
En uno de los “carteles”, de acuerdo con la CNMC española, las empresas Siemens, Alstom, Elecnor e Indra estaban directamente involucradas. El “amaño” se creó para repartirse concursos públicos y uno privado, en Noruega, para la construcción y el suministro de electromecánica de la AVE, el cual cuenta con un total de 13 líneas, recorridas por 96 trenes de alta velocidad. Los hechos fueron conocidos tras la colaboración de Alstom y Siemens, a los cuales se les perdonó el pago de millonarias deudas.
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Si bien Indra Colombia explica que su casa matriz no está impedida para contratar en España, la CNMC explicó el 19 de marzo de 2019 que se había activado un proceso para llevar a cabo esa sanción. Al final, la multinacional cuestionada pidió ser tenida en cuenta en el proceso de la Rama Judicial y agregó que cada uno de sus proyectos que han llegado a feliz término en Colombia: el Metro, Metro Cable, Metro Bus y Tranvía de Medellín, el monitoreo de varios tuéneles del país, la implementación de estaciones radar en el espacio aéreo y el desarrollo del primer radar nacional entre el Ministerio de Defensa y el centro de Simulación Airbus A320 en Bogotá, entre otras.
“Su actitud sinuosa (presuntamente de Anaya) se ha orientado a fijar una connotación delictiva en el desempeño de Indra, omitiendo maliciosamente la exoneración en un caso, y asegurando la ejecutoria de las sanciones en otra. De forma deliberada el señor Anaya ha dispuesto un meditado plan de desprestigio y calumnia para influir en el proceso contractual de la Rama Judicial; así, por el camino de la mentira, la injuria y las falsas imputaciones delictivas, ha logrado inducir en error a los periodistas y a la entidad contratante para descalificar a Indra como proponente, en provecho indebido de terceros competidores”, denunció Indra ante la Fiscalía.
Para el defensor de Indra Colombia, el abogado Yepes, “genera suspicacias” que el veedor Henry Anaya hubiese entregado a medios de comunicación, durante la semana pasada, datos que el Consejo Superior de la Judicatura recién publicó el pasado 12 de abril. Se trata de un informe de selección abreviada, en el cual está el resultado de las cinco empresas que están concursando por el contrato de tecnología en la Rama Judicial. En el último informe, tras las denuncias de Anaya, a Indra Colombia se le calificó con un “no cumple” en el requisito de experiencia específica, a pesar de llevar más de 25 años trabajando en Colombia.
Asimismo, para el defensor Jesús Albeiro Yepes llama la atención que en el informe anterior al del pasado 12 de abril, en el cual el Consejo Superior de la Judicatura también hizo seguimiento a los contratistas, Indra Colombia “cumplió” con los cinco requisitos solicitados por la alta corte, entre ellos experiencia específica. Además, la empresa con sede matriz en España ocupó, en ese documento, el primer puesto en relación con los demás oferentes, sacándole 12,2 puntos de ventaja al segundo.
El pasado de Henry Anaya
El veedor ciudadano Henry Anaya fue registrador especial en Barrancabermeja (Santander) hasta agosto de 2008. Fue relevado del cargo luego de que uno de los abogados del extraditado Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, aliado del narcotraficante Pablo Escobar, lo grabara realizando toda una puesta en escena como funcionario de la Corte Suprema de Justicia. En el video quedó retratado como un emisario que, de camisa y corbata, ofrecía beneficios a paramilitares en la cárcel a pesar de que nada tenía que ver con la Corte.
Antecedentes: Destituyen a registrador de Barrancabermeja
Henry Anaya duró cuatro meses como registrador especial de Barrancabermeja, sin embargo, luego de la exposición de sus videos, la Registraduría de Santander lo destituyó. Anaya, ante los abogados de Don Berna, propuso conseguirle beneficios al exparamilitar a cambio de que declarara contra políticos de Antioquia, Santander y Cundinamarca, entre otros. Incluso, según Semana, el veedor ciudadano les habría pedido a los defensores US$ 15.000 para evitar que el socio de Pablo Escobar fuera trasladado a una cárcel de Boyacá.
Antes de ser registrador especial en Santander, Anaya fue miembro de la Red Ver de Barrancabermeja. Además, quien denunció a Indra Colombia fue candidato a la alcaldía de esa misma ciudad, para las elecciones de 2003. En las elecciones locales de 2007 fue uno de los asesores del candidato Alfonso Eljach Manrique, a quien apoyó directamente desde emisoras de radio. Investigaciones periodísticas señalan a Anaya como una persona que tiene buenos contactos en instituciones públicas como la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia.