Ineficiencia en la Judicatura

Las supuestas irregularidades que se detectaron en el Consejo Superior de la Judicatura lo tienen en la mira de la Contraloría General de la República, tras la reciente auditoría en la que se descubrieron 116 hallazgos administrativos, de los cuales siete tienen alcance fiscal, 15 tendían alcance disciplinario y uno podría tener alcance penal. El estudio se concentró en analizar la gestión de la entidad en materia de contratación y de control, y se encontró cantidad de inconvenientes que podrían generar un detrimento patrimonial al Estado.

Como presuntos responsables del desorden en el organismo de justicia, el ente de control apunta a los magistrados José Alfredo Escobar, Hernando Torres y el exdirector ejecutivo de Administración Judicial, Juan Carlos Yepes Alzate, a quienes la Contraloría les abrirá una investigación preliminar para determinar su posible responsabilidad.

En el informe, revelado por Caracol Radio, se habla de debilidades en el cumplimiento del estatuto de contratación de la Judicatura, lo que derivó en posibles sobrecostos por falta de planeación, seguimiento y control; ineficiencia en el sistema de control interno de la entidad, especialmente en los procesos para la gestión de contratación; fallas en la ejecución y seguimiento de los procesos de infraestructura física en diferentes ciudades; problemas en los planes de descongestión judicial, que sigue sin mejoras, y fallas en la adquisición de infraestructura tecnológica. Para la Contraloría, estos son algunos de los hechos que motivan la investigación contra los funcionarios.

Fueron tantas las fallas en la gestión que descubrió el organismo de control, que prácticamente se podría decir que perdió el año. El concepto frente a la gestión y los resultados del Consejo Superior de la Judicatura fue desfavorable, al obtener una calificación del 27,7% por su “deficiente e inoportuna prestación del servicio público de justicia”.

Congestión

La congestión que aún se padece en muchos de los despachos judiciales del país fue una de las críticas. La Contraloría, tras estudiar la gestión que se adelantó para solucionar este problema, consideró que no se cumplieron los objetivos y metas del plan que se tenía establecido para sacar adelante miles de procesos represados en los juzgados. Esto “genera la falta de solución pronta y definitiva de los procesos en conocimiento en las diferentes jurisdicciones”, dice el informe.

Según el informe de auditoría, durante el año la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura ha invertido casi $500 mil millones en planes de descongestión para resolver procesos represados en los despachos judiciales. Sin embargo, hasta la fecha no se han obtenido los resultados previstos en estos planes, por lo que en muchos consejos seccionales de la Judicatura se siguen registrando altas cifras de congestión.

Señala el informe que esto “evidencia una inversión de recursos carente de planeación, que no se soportó en seguimientos y controles efectivos, como tampoco presenta procedimientos adecuados a las necesidades, situación que la convierte en una gestión ineficaz, ineficiente y antieconómica, generando la pérdida de los recursos invertidos y aumentando el riesgo en la prestación del servicio de justicia”.

Infraestructura

Otro de los elementos en los que se rajó el órgano administrativo de la justicia fueron los proyectos de infraestructura que adelantó el Consejo Superior de la Judicatura, que presentan retardos en la ejecución de los contratos de obra. Dice la Contraloría que “las demoras en los contratos no se encuentran debidamente justificadas y en la mayoría de los casos se soportan en obras que no resultan necesarias ni encaminadas al mejoramiento en la prestación del servicio”.

En estos proyectos la inversión ha superado los $80 mil millones. Obras como los palacios de Justicia de Cali, Manizales, Casanare y Putumayo presentan atrasos en los trabajos, que han generado posiblemente detrimento al obligar a incurrir en gastos como arrendamientos para mantener funcionando los despachos judiciales. Esto lo calificó el ente fiscal como algo antieconómico para la justicia.

Uno de los ejemplos es el Palacio de Justicia de Mocoa, cuya construcción se inició en el año 1996, con una proyección de valor de obra de $1.800 millones, y sólo se terminó en 2010, con una inversión real de casi ocho mil millones de pesos. A esto se suman un posible sobrecosto del 50% en el Palacio de Justicia de Yopal y de casi 300% en las obras del Palacio de Justicia de Cali.

Contratos

En hechos puntuales, la auditoría criticó el desabastecimiento de insumos de impresión para algunos de los despachos judiciales. Para la Contraloría, esta situación puso en riesgo el normal funcionamiento de los juzgados por falta de herramientas de trabajo, algo que revela las deficiencias en las labores de planeación.

También reveló que en la Judicatura adjudicaron un contrato para suministro de papelería por $198 millones, sin tener en cuenta que existía una cotización por la mitad de este valor ($99 millones), por lo que podría existir un presunto daño patrimonial.

Frente al manejo del contrato para suministro de tiquetes aéreos se encontró que la firma contratista cobró 14 facturas de venta sin presentar soportes. “Esto evidencia debilidad en los mecanismos de control para la verificación de los recursos ejecutados por este concepto”, puntualizó.

Total, la auditoría que reveló la Contraloría frente a la gestión del Consejo Superior de la Judicatura y especialmente su Sala Administrativa, puso en evidencia un supuesto desorden en el manejo de los recursos de la justicia. El paso a seguir será la programación de un plan de mejora y la apertura de las investigaciones fiscales, disciplinarias y penales que se desprendan de las presuntas irregularidades que se desnudaron con el informe del ente de control.