“Inevitablemente, el caso Galán prescribirá”

Luego de la polémica que se tejió alrededor de la candidatura de Alejandro Ordóñez Maldonado a la Procuraduría era de esperarse que su gestión, sobre todo en los primeros meses, estuviera permanentemente bajo lupa. Sus detractores lo acusan de radical y aliado de la Casa de Nariño, y aunque él niega que pueda alterarse su imparcialidad, algunas decisiones suyas han levantado más de una polvareda. Como que, recién posesionado, absolviera a cinco funcionarios del Gobierno en el caso de la yidispolítica o que conceptuara en contra de derechos de las parejas homosexuales.

Ordóñez, sin embargo, dice que las críticas en su contra son por sus convicciones y no por sus actos. Y aunque la Procuraduría se limita, en teoría, al tema de las garantías fundamentales, su nombre se ha hecho un lugar entre los enfrentamientos del Gobierno y la Corte Suprema. Él mismo ha tratado de terciar en la pugna con escasos avances. Quizá por eso avizora que, de no resolverse cuanto antes, ésta podría derivar en la convocatoria de una constituyente.

¿Fracasó su intento de mediación entre la Corte Suprema y el Gobierno?

No sólo el Procurador sino todo el país, sus diferentes fuerzas sociales, partidos políticos, Iglesia, organizaciones sociales y sociedad civil debemos insistir en la armonía de todos los órganos del Estado. Los intereses de la patria son superiores.

Hay quienes dicen que la raíz de esta crisis es la parapolítica. ¿Lo ve así?

Es una lectura. Otra es que ha habido desbordamientos, intemperancias. Pero es menester no profundizar en eso.

¿Quién se ha desbordado más? ¿La Casa de Nariño o la Corte?

Si digo que es el Presidente van a decir que el Procurador se quiere congraciar con la Corte que ayer criticó. Si digo que la Corte, que soy uribista. Es mejor no echar sal a la herida.

¿Cómo cree que la Corte ha recibido sus ‘gestiones de paz’?

Ha sido muy respetuosa. Así como la confrontación fue producto de un proceso, el restablecimiento también lo será, no puede ser de la noche a la mañana.

¿Hacia dónde nos está llevando este enfrentamiento institucional?

Uno sabe cómo se inician estos enfrentamientos, pero no cómo terminan. Estamos ad portas de saltar al vacío institucional. Y eso sería sumamente grave, porque podría ponernos al frente de escenarios constituyentes. Ese sería un escenario que no le convendría al país ni a nadie, pero en esas riesgosas aguas estamos ingresando. Y en eso deben reflexionar los actores de este drama.

¿Usted les ha hablado con esta claridad a la Corte y a la Casa de Nariño?

No, pero es que es casi de sentido común. Esto ya no es exclusivo de la intelectualidad, es un lugar común en las conversaciones. Yo no comparto lo de la constituyente, pero pienso que puede ser una opción. Hay que tener mucha cabeza fría y seguir avanzando.

¿Por qué le llamó la atención a la Corte por entrevistar a potenciales testigos de la parapolítica sin presencia de la Procuraduría?

Es un tema esencial para los derechos al debido proceso y la defensa. Aunque la Corte considera que no los está desconociendo, yo expresé que sí por dos circunstancias: las entrevistas las realizan sin delegados del Ministerio Público, y en éstas debemos estar, así de simple. Además, las están haciendo los magistrados auxiliares que carecen de funciones de Policía Judicial.

¿Alguna otra irregularidad encontró en estos procesos?

A mí me dicen que en la Corte están divididos respecto de mi solicitud de que el Ministerio Público acompañe las entrevistas de los jefes paramilitares, pero que los que están en contra del pronunciamiento que se emitió no pueden echar para atrás todo lo que han hecho en las investigaciones de la parapolítica.

¿Esto podría tumbar acaso la parapolítica?

Es complicado. Me va a tocar acudir a la acción de tutela, pero igual hay que auscultar si estos hechos podrían causar nulidad o no en lo actuado en las investigaciones adelantadas por la Corte. Desde luego, primero voy a visitar la Sala Pena y exponer mis argumentos.

¿Y qué le va a decir?

Que hacer esas entrevistas en solitario se presta para suspicacias. Alguien podría decir que la Corte se reúne solita con los testigos para preparar que los testimonios digan esto y lo otro.

¿Los ya sentenciados podrían empezar a refutar sus fallos?

Claro. Lo que tengo que hacer ahora es acudir a la Corte Constitucional a decirles lo que está sucediendo. Para que ellos analicen y decidan. La tutela estará lista en unos ocho días.

¿Cómo va el tema de las ‘chuzadas’?

Se han practicado más de 60 diligencias, se han recibido versiones de más de 45 personas y aspiro que en dos semanas entremos a la tercera etapa del proceso: o se archivan los casos o se abren pliegos de cargos.

¿Usted qué les responde a quienes lo califican de ‘mandadero’ del Gobierno?

Si mis detractores analizaran con detenimiento y mesura, sin prejuicios políticos o ideológicos, encontrarán que he sido un Procurador equilibrado. Absolví al ex ministro Sabas Pretelt y al ministro Diego Palacio en el caso de la yidispolítica, sí, pero pedí condena para Teodolindo Avendaño y le abrí pliego de cargos al secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo, por su reunión con Job, por dar algunos ejemplos.

Entonces, ¿qué es lo que no les gusta a sus detractores?

No les parece bien que un conservador y católico practicante, con mis conceptos ya conocidos sobre temas como la vida o la adopción de niños por parejas homosexuales, después de 35 años haya llegado a la Procuraduría. Los que me atacan son personas con prejuicios ideológicos. Haga lo que haga, nunca me perdonarán mis convicciones. En 20 años como juez proferí cientos de sentencias y nunca me criticaron una sola. No me critican lo que hago sino lo que pienso. Igual, las críticas son un activo de la democracia. A veces me gustan.

¿Por qué asumir, después de tanto tiempo, la revisión del caso de Álvaro Gómez Hurtado?

Porque creo que es necesaria la verdad para que haya justicia y reparación. De todos los delitos en Colombia, no solamente el de Álvaro Gómez. Tengo una voluntad política para dilucidar otros casos de magnicidios, como el de Bernardo Jaramillo, o el de Gloria Lara. Las investigaciones, desde luego, no dependen de nosotros, pero vamos a actuar con mucha intensidad.

¿Fue un crimen de Estado, como dijo Fernando Botero Zea?

Hay que esperar a que la investigación avance. Se han recaudado nuevas pruebas y se van a recibir los testimonios de Luis Hernando Gómez Bustamante (Rasguño) y de Santander López Sierra (El Hombre Marlboro).

¿Se sigue contemplando la participación de la Brigada XX en este crimen?

Es una hipótesis que no se ha desechado, como otras.

¿En la investigación sobre el asesinato de Gloria Lara hay información nueva?

Vamos a pelear porque se considere de lesa humanidad. Estamos evaluando todos los escenarios, incluso el internacional.

¿El caso de Luis Carlos Galán va a prescribir?

Nosotros tenemos un gran temor: el riesgo de que prescriba es muy alto. La prescripción ordinaria en estos procesos es de 20 años, que se cumplen el próximo 18 de agosto.

Pero se anunció con bombos y platillos que esto se iba a evitar.

Hace varios meses, ante esa eventualidad, acudimos a la Fiscalía para prender las alarmas. Les dijimos que descargaran al fiscal del caso de cualquier negocio diferente, que se creara una unidad especial de tres fiscales y que yo hacía lo propio, para recoger rápidamente pruebas y antes del 18 de agosto lograr proferir resolución de acusación, y así evitar la prescripción. No se hizo. Entonces, inevitablemente, la prescripción ordinaria se producirá el 18 de agosto.

¿Y la propuesta del fiscal Mario Iguarán de clasificarlo como crimen de lesa humanidad?

Calificarlo de lesa humanidad, como un genocidio, no es fácil de probar con el Nuevo Liberalismo. No es un caso como el de la Unión Patriótica (UP). El problema es que no se ha hecho ninguna actividad probatoria para demostrar tal genocidio. Otra posibilidad para calificarlo de lesa humanidad es decir que fue un crimen de Estado. Pero Miguel Maza Márquez y Alberto Santofimio, por ejemplo, fueron vinculados al proceso por el delito de homicidio agravado. Esa afirmación de crimen de lesa humanidad ni siquiera le corresponde al fiscal, en últimas, le corresponde al Tribunal Superior de Bogotá, que es el juez de cierre de este expediente.

¿Y vincular al general (r) Maza, ex director del DAS, no es suficiente para considerarlo crimen de Estado?

No basta con eso. Se necesita probar que hubo una voluntad del Estado tendiente a matar a Galán. El homicidio de Rodrigo Lara prescribió como un homicidio agravado, entonces es muy complicado.

¿Qué elementos nuevos encontró la Procuraduría para afirmar que valía la pena vincular a Maza Márquez ?

Las pruebas de carácter testimonial recaudadas en esta última fase de la investigación apuntan hacia allá, generan la duda sobre sus acciones.

¿Se ha pensado crear una unidad especial para el capítulo UP?

Tengo muchos proyectos en mente, pero el macro es combatir la impunidad. Estamos evaluando también crímenes de casos como los de defensores de Derechos Humanos y líderes sindicales.

¿Cómo ve la elección que tiene que hacer la Corte Suprema del próximo Fiscal?

Creo que las funciones administrativas que les otorgó la Constitución del 91 a las altas cortes no son las mejores, dejan un sabor dulce y amargo.

¿Le gusta la terna?

Los doctores Camilo Ospina y Juan Ángel Palacio son amigos míos, así que no opino. Pero sí creo que quien ocupe ese cargo, así la ley no lo exija, debe saber de derecho penal, constitucional y de administración, porque la Fiscalía, con 19 mil empleados, es la empresa más grande del Estado.

¿Le gusta la segunda reelección?

Sobre eso no puedo opinar porque si el referendo pasa a control en la Corte Constitucional, yo tengo que dar un concepto.

Luego de la polémica que se tejió alrededor de la candidatura de Alejandro Ordóñez Maldonado a la Procuraduría era de esperarse que su gestión, sobre todo en los primeros meses, estuviera permanentemente bajo lupa. Sus detractores lo acusan de radical y aliado de la Casa de Nariño, y aunque él niega que pueda alterarse su imparcialidad, algunas decisiones suyas han levantado más de una polvareda. Como que, recién posesionado, absolviera a cinco funcionarios del Gobierno en el caso de la yidispolítica o que conceptuara en contra de derechos de las parejas homosexuales.

Ordóñez, sin embargo, dice que las críticas en su contra son por sus convicciones y no por sus actos. Y aunque la Procuraduría se limita, en teoría, al tema de las garantías fundamentales, su nombre se ha hecho un lugar entre los enfrentamientos del Gobierno y la Corte Suprema. Él mismo ha tratado de terciar en la pugna con escasos avances. Quizá por eso avizora que, de no resolverse cuanto antes, ésta podría derivar en la convocatoria de una constituyente.

¿Fracasó su intento de mediación entre la Corte Suprema y el Gobierno?

No sólo el Procurador sino todo el país, sus diferentes fuerzas sociales, partidos políticos, Iglesia, organizaciones sociales y sociedad civil debemos insistir en la armonía de todos los órganos del Estado. Los intereses de la patria son superiores.

Hay quienes dicen que la raíz de esta crisis es la parapolítica. ¿Lo ve así?

Es una lectura. Otra es que ha habido desbordamientos, intemperancias. Pero es menester no profundizar en eso.

¿Quién se ha desbordado más? ¿La Casa de Nariño o la Corte?

Si digo que es el Presidente van a decir que el Procurador se quiere congraciar con la Corte que ayer criticó. Si digo que la Corte, que soy uribista. Es mejor no echar sal a la herida.

¿Cómo cree que la Corte ha recibido sus ‘gestiones de paz’?

Ha sido muy respetuosa. Así como la confrontación fue producto de un proceso, el restablecimiento también lo será, no puede ser de la noche a la mañana.

¿Hacia dónde nos está llevando este enfrentamiento institucional?

Uno sabe cómo se inician estos enfrentamientos, pero no cómo terminan. Estamos ad portas de saltar al vacío institucional. Y eso sería sumamente grave, porque podría ponernos al frente de escenarios constituyentes. Ese sería un escenario que no le convendría al país ni a nadie, pero en esas riesgosas aguas estamos ingresando. Y en eso deben reflexionar los actores de este drama.

¿Usted les ha hablado con esta claridad a la Corte y a la Casa de Nariño?

No, pero es que es casi de sentido común. Esto ya no es exclusivo de la intelectualidad, es un lugar común en las conversaciones. Yo no comparto lo de la constituyente, pero pienso que puede ser una opción. Hay que tener mucha cabeza fría y seguir avanzando.

¿Por qué le llamó la atención a la Corte por entrevistar a potenciales testigos de la parapolítica sin presencia de la Procuraduría?

Es un tema esencial para los derechos al debido proceso y la defensa. Aunque la Corte considera que no los está desconociendo, yo expresé que sí por dos circunstancias: las entrevistas las realizan sin delegados del Ministerio Público, y en éstas debemos estar, así de simple. Además, las están haciendo los magistrados auxiliares que carecen de funciones de Policía Judicial.

¿Alguna otra irregularidad encontró en estos procesos?

A mí me dicen que en la Corte están divididos respecto de mi solicitud de que el Ministerio Público acompañe las entrevistas de los jefes paramilitares, pero que los que están en contra del pronunciamiento que se emitió no pueden echar para atrás todo lo que han hecho en las investigaciones de la parapolítica.

¿Esto podría tumbar acaso la parapolítica?

Es complicado. Me va a tocar acudir a la acción de tutela, pero igual hay que auscultar si estos hechos podrían causar nulidad o no en lo actuado en las investigaciones adelantadas por la Corte. Desde luego, primero voy a visitar la Sala Pena y exponer mis argumentos.

¿Y qué le va a decir?

Que hacer esas entrevistas en solitario se presta para suspicacias. Alguien podría decir que la Corte se reúne solita con los testigos para preparar que los testimonios digan esto y lo otro.

¿Los ya sentenciados podrían empezar a refutar sus fallos?

Claro. Lo que tengo que hacer ahora es acudir a la Corte Constitucional a decirles lo que está sucediendo. Para que ellos analicen y decidan. La tutela estará lista en unos ocho días.

¿Cómo va el tema de las ‘chuzadas’?

Se han practicado más de 60 diligencias, se han recibido versiones de más de 45 personas y aspiro que en dos semanas entremos a la tercera etapa del proceso: o se archivan los casos o se abren pliegos de cargos.

¿Usted qué les responde a quienes lo califican de ‘mandadero’ del Gobierno?

Si mis detractores analizaran con detenimiento y mesura, sin prejuicios políticos o ideológicos, encontrarán que he sido un Procurador equilibrado. Absolví al ex ministro Sabas Pretelt y al ministro Diego Palacio en el caso de la yidispolítica, sí, pero pedí condena para Teodolindo Avendaño y le abrí pliego de cargos al secretario jurídico de Palacio, Edmundo del Castillo, por su reunión con Job, por dar algunos ejemplos.

Entonces, ¿qué es lo que no les gusta a sus detractores?

No les parece bien que un conservador y católico practicante, con mis conceptos ya conocidos sobre temas como la vida o la adopción de niños por parejas homosexuales, después de 35 años haya llegado a la Procuraduría. Los que me atacan son personas con prejuicios ideológicos. Haga lo que haga, nunca me perdonarán mis convicciones. En 20 años como juez proferí cientos de sentencias y nunca me criticaron una sola. No me critican lo que hago sino lo que pienso. Igual, las críticas son un activo de la democracia. A veces me gustan.

¿Por qué asumir, después de tanto tiempo, la revisión del caso de Álvaro Gómez Hurtado?

Porque creo que es necesaria la verdad para que haya justicia y reparación. De todos los delitos en Colombia, no solamente el de Álvaro Gómez. Tengo una voluntad política para dilucidar otros casos de magnicidios, como el de Bernardo Jaramillo, o el de Gloria Lara. Las investigaciones, desde luego, no dependen de nosotros, pero vamos a actuar con mucha intensidad.

¿Fue un crimen de Estado, como dijo Fernando Botero Zea?

Hay que esperar a que la investigación avance. Se han recaudado nuevas pruebas y se van a recibir los testimonios de Luis Hernando Gómez Bustamante (Rasguño) y de Santander López Sierra (El Hombre Marlboro).

¿Se sigue contemplando la participación de la Brigada XX en este crimen?

Es una hipótesis que no se ha desechado, como otras.

¿En la investigación sobre el asesinato de Gloria Lara hay información nueva?

Vamos a pelear porque se considere de lesa humanidad. Estamos evaluando todos los escenarios, incluso el internacional.

¿El caso de Luis Carlos Galán va a prescribir?

Nosotros tenemos un gran temor: el riesgo de que prescriba es muy alto. La prescripción ordinaria en estos procesos es de 20 años, que se cumplen el próximo 18 de agosto.

Pero se anunció con bombos y platillos que esto se iba a evitar.

Hace varios meses, ante esa eventualidad, acudimos a la Fiscalía para prender las alarmas. Les dijimos que descargaran al fiscal del caso de cualquier negocio diferente, que se creara una unidad especial de tres fiscales y que yo hacía lo propio, para recoger rápidamente pruebas y antes del 18 de agosto lograr proferir resolución de acusación, y así evitar la prescripción. No se hizo. Entonces, inevitablemente, la prescripción ordinaria se producirá el 18 de agosto.

¿Y la propuesta del fiscal Mario Iguarán de clasificarlo como crimen de lesa humanidad?

Calificarlo de lesa humanidad, como un genocidio, no es fácil de probar con el Nuevo Liberalismo. No es un caso como el de la Unión Patriótica (UP). El problema es que no se ha hecho ninguna actividad probatoria para demostrar tal genocidio. Otra posibilidad para calificarlo de lesa humanidad es decir que fue un crimen de Estado. Pero Miguel Maza Márquez y Alberto Santofimio, por ejemplo, fueron vinculados al proceso por el delito de homicidio agravado. Esa afirmación de crimen de lesa humanidad ni siquiera le corresponde al fiscal, en últimas, le corresponde al Tribunal Superior de Bogotá, que es el juez de cierre de este expediente.

¿Y vincular al general (r) Maza, ex director del DAS, no es suficiente para considerarlo crimen de Estado?

No basta con eso. Se necesita probar que hubo una voluntad del Estado tendiente a matar a Galán. El homicidio de Rodrigo Lara prescribió como un homicidio agravado, entonces es muy complicado.

¿Qué elementos nuevos encontró la Procuraduría para afirmar que valía la pena vincular a Maza Márquez ?

Las pruebas de carácter testimonial recaudadas en esta última fase de la investigación apuntan hacia allá, generan la duda sobre sus acciones.

¿Se ha pensado crear una unidad especial para el capítulo UP?

Tengo muchos proyectos en mente, pero el macro es combatir la impunidad. Estamos evaluando también crímenes de casos como los de defensores de Derechos Humanos y líderes sindicales.

¿Cómo ve la elección que tiene que hacer la Corte Suprema del próximo Fiscal?

Creo que las funciones administrativas que les otorgó la Constitución del 91 a las altas cortes no son las mejores, dejan un sabor dulce y amargo.

¿Le gusta la terna?

Los doctores Camilo Ospina y Juan Ángel Palacio son amigos míos, así que no opino. Pero sí creo que quien ocupe ese cargo, así la ley no lo exija, debe saber de derecho penal, constitucional y de administración, porque la Fiscalía, con 19 mil empleados, es la empresa más grande del Estado.

¿Le gusta la segunda reelección?

Sobre eso no puedo opinar porque si el referendo pasa a control en la Corte Constitucional, yo tengo que dar un concepto.