“No es tan dramática”. Así describió la situación de seguridad pública de Colombia el exministro de Defensa, Iván Velásquez, el pasado 25 de febrero, días antes de que dejara el cargo en el que estuvo durante los primeros 30 meses del mandato de Gustavo Petro. Con un nuevo funcionario a la cabeza de ese despacho del Gobierno, las cifras siguen mostrando que, contrario a como lo señaló Velásquez, la situación sí es alarmante.
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Un reciente informe de la Federación Nacional de Departamentos (FND), conocido por El Espectador, muestra altas variaciones en delitos como el tráfico de migrantes y la trata de personas. La información ya está en manos del ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, para que, con ello, tome decisiones sobre la seguridad del país.
Si bien en sus últimos discursos como ministro, Velásquez puso la extorsión de rasero y dijo que era el único delito con cifras al alza, el informe, que recoge datos de la Defensoría del Pueblo, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos y hasta del propio Ministerio de Defensa, demuestra lo contrario.
El año pasado, según las autoridades, en Colombia se reportaron 12.334 casos de extorsión, que representaron un aumento del 11% respecto al año 2023. Y entre los años 2019 y 2024, según los datos analizados por la FND, la variación en ese delito fue del 48%. Además, entre enero y febrero de 2025, las denuncias de extorsión sumaron un reporte de 1.845 casos, como se lee en el informe.
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Además del comportamiento de la extorsión, otros delitos han tenido una variación alarmante en el mismo lapso de 2019 a 2024 —casi cuatro años del gobierno de Iván Duque y poco más de dos del mandato de Gustavo Petro—. El que mayor preocupación genera es el tráfico de migrantes, con una variación del 1.800%.
Y en el mismo grupo de los denominados delitos contra la libertad individual y otras garantías constitucionales también hubo una variación del 121% en los casos de trata de personas. Situaciones como la que se vive en el Tapón del Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá, lo sustentan. Solo en 2024 cruzaron por allí 400.612 de forma irregular, según datos de la Defensoría del Pueblo.
Si bien en el grupo de los delitos contra la seguridad pública hubo una variación general del -17% entre 2019 y 2024, los datos discriminados del informe revelan que los atentados a puentes y vías aumentaron en un 800% en ese período. Colombia pasó de cinco ofensivas contra esas estructuras en 2019, a 45 en 2025.
El año con la cifra más baja fue 2021, con tres ataques; la más alta se presentó en 2020, con 93 afectaciones, y varias enmarcadas en las protestas sociales. Aunque aún no hay un consolidado de estos hechos en 2025, las autoridades han reportado ataques en departamentos como Cauca y Norte de Santander. Solo en la noche del 19 de febrero hubo cinco ofensivas con explosivos a peajes de Cúcuta y su área metropolitana.
Las masacres también tuvieron una variación importante, del 100% según lo analiza la Federación. Aunque los últimos años la cifra ha estado a la baja, analistas coinciden en que no es solo una cuestión de números, pues lo que hay detrás es una reconfiguración de los patrones de criminalidad de los grupos al margen de la ley y de aumento de la efectividad en sus estrategias de hostigamiento para atemorizar a la población civil.
Según el Ministerio de Defensa, el 2024 cerró con una cifra de 87 masacres y 299 víctimas. Analistas consultados por este medio explicaron que hay un vacío en cuanto a las cifras de hechos como masacres y desplazamientos forzados, por un cambio reciente en la metodología de conteo por parte del Gobierno.
El Espectador buscó sobre esos cambios y halló una respuesta del Ministerio de Defensa a Juan Carlos Rivera Peña, secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el pasado 10 de febrero, que advierte que sí se modificó el método, lo que dificulta hacer una lectura concreta del comportamiento de ese delito.
“Durante el año 2023 se realizó un cambio en la metodología de conteo en criminalidad en el Sistema de Información Estadístico, Delincuencial, Contravencional y Operativo – Siedco de la Policía Nacional encaminada a unificar su metodología con respecto al conteo de criminalidad de la Fiscalía General de la Nación, dicho cambio se hizo solo desde el año 2022 en adelante, por lo que la información estadística de masacres previa a estos años no es comparable”, se lee en el documento.
Dos delitos relacionados directamente con la extorsión, que también tuvieron variaciones de incidencia importante, según el análisis de la FND, son el secuestro extorsivo y el secuestro simple. Entre 2019 y 2024, su variación fue del 74% y el 86%, respectivamente. El país pasó de 107 casos de secuestro extorsivo en 2019 a 186 en 2024. Y de 56 secuestros simples reportados en 2019, a 104 el año pasado.
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En lo que va de 2025, el informe señala que se han denunciado 9 casos de secuestro simple y 31 de secuestro extorsivo. Uno de los más recientes ocurrió hace dos semanas en el departamento del Meta. Presuntos integrantes del Clan del Golfo retuvieron a seis ganaderos con la intención de hacerse a 60 cabezas de ganado avaluadas en $480 millones.
Otros datos relacionados con el primer semestre de 2025 presentan importantes aumentos en comparación al año anterior. “Las acciones armadas, especialmente en Cauca, Chocó, Bolívar, Norte de Santander y Valle del Cauca, han aumentado en un 57%”, señala el informe. Hay aumento del 6% en los enfrentamientos entre grupos armados, del 43% en incursiones armadas y del 100% en bloqueos de vías, retenes ilegales y hostigamientos armados.
La razón de ese comportamiento general, no solo de la extorsión, está en que los grupos armados funcionan siguiendo un modelo de “sistema de crimen organizado territorial” en el que rentas como el narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y el contrabando están encadenadas unas a otras.
El análisis de seguridad en las regiones hecho por la FND fue entregado al ministro Sánchez Suárez en una reunión hace dos semanas, en la que también participaron representantes de las gobernaciones y de la cúpula militar. Organizaciones que han hecho recomendaciones al jefe de la cartera de Defensa coinciden en que hay buena disposición de su parte para acogerlas.
También el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, dijo en una entrevista reciente con El Espectador que dentro de las instituciones sienten que las cosas fluyen mejor que con el exministro Velásquez. Algo necesario para pasar de los pronunciamientos públicos a la acción, en un momento en el que la crisis de seguridad no da tregua.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
Por Gustavo Montes Arias
