Ingrid Betancourt postula 23 testigos en demanda contra el Estado
La ex candidata presidencial pide una indemnización por la tristeza, enfermedad, el fallecimiento de su padre y el salario que dejó de recibir.
El Espectador
En los textos de la conciliación extrajudicial entregado el pasado 30 junio al Ministerio de Defensa Nacional con la cual Ingrid Betancourt y sus familiares: Yolanda Pulecio de Velez, Astrid Yolanda Betancourt Pulecio, Melanie Claire Delloye Betancourt y Lorenzo Delloye Betancourt, solicitan reparar los perjuicios que en opinión de ellos les fueron causados con ocasión del secuestro de la ex candidata presidencial se especifica la tristeza y congoja que sufrió durante casi seis años de cautiverio.
En el documento de 55 páginas, Betancourt solicita la reparación en dinero de mil 500 millones de pesos por los daños sufridos durante su retención, 500 por los perjuicios a su fallecido padre, mil 500 millones de pesos por daños psicológicos y mil 281 por los sueldos que dejó de percibir durante su secuestro.
Así mismo, postuló a 23 de sus compañeros de cautiverio como testigos del daño "irreparable" -psicológico y sentimental- al que fue sometida durante su encierro.
Entre los posibles testigos se encuentran varios de los liberados en la 'Operación Jaque', como Marck Gonzalvez, además de Luis Eladio Pérez, Jorge Eduardo Géchem, el intendente John Frank Pinchao y el general Luis Herlindo Mendieta, varios de sus familiares y un médico del Hospital Militar de Marsella en Francia.
La familia Betancourt sustenta esa acción de conciliación en que varios oficiales del Ejército el día de su secuestro, el 23 de febrero de 2002, le garantizaron que no sucedería nada y que no corría peligro el día que fue secuestrada por las Farc en una carretera del sur del país.
Por su parte, el Gobierno Nacional prepara una férrea defensa frente a la demanda que presentó Ingrid Betancourt contra el Estado colombiano por el secuestro del cual fue objeto por más de seis años.
El Ministerio de Defensa señaló en un comunicado que no encuentra elementos objetivos para las pretenciones de la ex candidata presidencial, toda vez que ella fue advertida del peligro que corría si viajaba en campaña política a San Vicente del Caguán y decidió asumir la responsabilidad de esa acción.
"Como es de conocimiento público, la doctora Ingrid Betancourt Pulecio, en su momento candidata presidencial, desatendió las insistentes recomendaciones de la Fuerza Pública y otras autoridades de no proseguir en su intensión de viajar al municipio de san Vicente del Caguán, Caquetá, donde tenía a un acto en desarrollo de su campaña política", dice la nota oficial leída por el secretario general del Ministerio de Defensa, Luis Manuel Neira.
La ex candidata presidencial fue secuestrada por las Farc el 23 de febrero de 2002, junto a la entonces su compañera para la vicepresidencia, Clara Rojas.
Betancourt fue rescatada junto a otros 14 rehenes por el Ejército el 2 de julio de 2008, en la denominada Operación Jaque, una acción maestra de las Fuerzas Armadas de Colombia que, sin disparar un solo tiro y en un impecable trabajo de inteligencia, se le propinó a la guerrilla de las Farc el golpe militar y político más contundente en su historia de violencia en el país.
En los textos de la conciliación extrajudicial entregado el pasado 30 junio al Ministerio de Defensa Nacional con la cual Ingrid Betancourt y sus familiares: Yolanda Pulecio de Velez, Astrid Yolanda Betancourt Pulecio, Melanie Claire Delloye Betancourt y Lorenzo Delloye Betancourt, solicitan reparar los perjuicios que en opinión de ellos les fueron causados con ocasión del secuestro de la ex candidata presidencial se especifica la tristeza y congoja que sufrió durante casi seis años de cautiverio.
En el documento de 55 páginas, Betancourt solicita la reparación en dinero de mil 500 millones de pesos por los daños sufridos durante su retención, 500 por los perjuicios a su fallecido padre, mil 500 millones de pesos por daños psicológicos y mil 281 por los sueldos que dejó de percibir durante su secuestro.
Así mismo, postuló a 23 de sus compañeros de cautiverio como testigos del daño "irreparable" -psicológico y sentimental- al que fue sometida durante su encierro.
Entre los posibles testigos se encuentran varios de los liberados en la 'Operación Jaque', como Marck Gonzalvez, además de Luis Eladio Pérez, Jorge Eduardo Géchem, el intendente John Frank Pinchao y el general Luis Herlindo Mendieta, varios de sus familiares y un médico del Hospital Militar de Marsella en Francia.
La familia Betancourt sustenta esa acción de conciliación en que varios oficiales del Ejército el día de su secuestro, el 23 de febrero de 2002, le garantizaron que no sucedería nada y que no corría peligro el día que fue secuestrada por las Farc en una carretera del sur del país.
Por su parte, el Gobierno Nacional prepara una férrea defensa frente a la demanda que presentó Ingrid Betancourt contra el Estado colombiano por el secuestro del cual fue objeto por más de seis años.
El Ministerio de Defensa señaló en un comunicado que no encuentra elementos objetivos para las pretenciones de la ex candidata presidencial, toda vez que ella fue advertida del peligro que corría si viajaba en campaña política a San Vicente del Caguán y decidió asumir la responsabilidad de esa acción.
"Como es de conocimiento público, la doctora Ingrid Betancourt Pulecio, en su momento candidata presidencial, desatendió las insistentes recomendaciones de la Fuerza Pública y otras autoridades de no proseguir en su intensión de viajar al municipio de san Vicente del Caguán, Caquetá, donde tenía a un acto en desarrollo de su campaña política", dice la nota oficial leída por el secretario general del Ministerio de Defensa, Luis Manuel Neira.
La ex candidata presidencial fue secuestrada por las Farc el 23 de febrero de 2002, junto a la entonces su compañera para la vicepresidencia, Clara Rojas.
Betancourt fue rescatada junto a otros 14 rehenes por el Ejército el 2 de julio de 2008, en la denominada Operación Jaque, una acción maestra de las Fuerzas Armadas de Colombia que, sin disparar un solo tiro y en un impecable trabajo de inteligencia, se le propinó a la guerrilla de las Farc el golpe militar y político más contundente en su historia de violencia en el país.