Inocencio Meléndez recibió presiones para que no contara verdad del 'carrusel'

Ante la juez décima especial de Bogotá, el exsubdirector técnico del IDU, Inocencio Meléndez Julio manifestó que en repetidas oportunidades fue presionado por un grupo de personas cercanas a funcionarios del Instituto y contratistas para que no contara toda la verdad sobre las irregularidades en la entrega de contratos viales en Bogotá.

En su explicación, ante las preguntas de la Fiscalía, el exfuncionario indicó que cuando se encontraba recluido en el pabellón de servidores públicos en la cárcel de La Picota recibió continuas visitas de personas cercanas a la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, quienes buscaban que cambiara su versión de los hechos.

Meléndez Julio mencionó al abogado Eduardo Salazar Reyes, asesor del IDU y muy cercano Pardo Gaona, quien le ofreció sus servicios para defenderlo en los procesos penales y disciplinarios que se le iban a adelantar por el llamado ‘carrusel de la contratación’.

El exfuncionario aseguró que en una oportunidad el abogado le manifestó que iba asesorar su defensa en este proceso, “sin embargo yo ya en esos momentos había decidido contratar a una persona de mi absoluta confianza que iba a actuar con autonomía e independencia, por lo que me negué rotundamente”.

Igualmente señaló que durante su reclusión recibió la visita de María Teresa Palacio Jaramillo quien le dijo que tenía que quedarse callado. “Que cuando me preguntaran que había pasado yo no podía decir nada, no le podía contar la verdad a la Fiscalía pues el fiscal (Germán) Pabón era ‘maluco’ por no decir otra palabra”.

En esa reunión, según la descripción de Meléndez, la mujer le indicó que él iba a estar por siete meses privado de su libertad y que después de eso iban a tocar las puertas de todas las universidades para que yo volviera a ingresar a dar clases. “Que todo iba a estar normal”.

Sin embargo, poco después se enteraron que ya había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía en la que aceptaba su responsabilidad en los tres delitos imputados por el ente y se comprometía a entregar información sobre los hechos que rodearon la entrega de los contratos viales de la Fase III de TransMilenio, reparación de la malla vial y valorización.

Cuando se encontraba recluido en los calabozos del edificio del DAS, después de que fuera condenado a siete años y nueve meses de prisión, Meléndez Julio recibió la visita de Rafael Mendieta quien le cuestionó su posición frente a la entrega de información a la Fiscalía.

Poco tiempo después, “según cuenta en los registros” la visita de Julio Aveñaneda “conocido de Liliana Pardo y amigo de los Nule, a quien ellos en el proceso se licitación le pagaban cuentas en la contratación en Bogotá”.

En un organigrama se indicó que existía una relación directa entre el alcalde de Bogotá, en ese momento Samuel Moreno Rojas y el comité directivo del IDU para analizar el desarrollo de los proyectos, licitaciones y contrataciones.

Estas declaraciones fueron entregadas en el proceso que se adelanta contra el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi y la exdirectora del IDU, Liliana Pardo Gaona.

Ante la juez décima especial de Bogotá, el exsubdirector técnico del IDU, Inocencio Meléndez Julio manifestó que en repetidas oportunidades fue presionado por un grupo de personas cercanas a funcionarios del Instituto y contratistas para que no contara toda la verdad sobre las irregularidades en la entrega de contratos viales en Bogotá.

En su explicación, ante las preguntas de la Fiscalía, el exfuncionario indicó que cuando se encontraba recluido en el pabellón de servidores públicos en la cárcel de La Picota recibió continuas visitas de personas cercanas a la exdirectora del IDU, Liliana Pardo, quienes buscaban que cambiara su versión de los hechos.

Meléndez Julio mencionó al abogado Eduardo Salazar Reyes, asesor del IDU y muy cercano Pardo Gaona, quien le ofreció sus servicios para defenderlo en los procesos penales y disciplinarios que se le iban a adelantar por el llamado ‘carrusel de la contratación’.

El exfuncionario aseguró que en una oportunidad el abogado le manifestó que iba asesorar su defensa en este proceso, “sin embargo yo ya en esos momentos había decidido contratar a una persona de mi absoluta confianza que iba a actuar con autonomía e independencia, por lo que me negué rotundamente”.

Igualmente señaló que durante su reclusión recibió la visita de María Teresa Palacio Jaramillo quien le dijo que tenía que quedarse callado. “Que cuando me preguntaran que había pasado yo no podía decir nada, no le podía contar la verdad a la Fiscalía pues el fiscal (Germán) Pabón era ‘maluco’ por no decir otra palabra”.

En esa reunión, según la descripción de Meléndez, la mujer le indicó que él iba a estar por siete meses privado de su libertad y que después de eso iban a tocar las puertas de todas las universidades para que yo volviera a ingresar a dar clases. “Que todo iba a estar normal”.

Sin embargo, poco después se enteraron que ya había llegado a un preacuerdo con la Fiscalía en la que aceptaba su responsabilidad en los tres delitos imputados por el ente y se comprometía a entregar información sobre los hechos que rodearon la entrega de los contratos viales de la Fase III de TransMilenio, reparación de la malla vial y valorización.

Cuando se encontraba recluido en los calabozos del edificio del DAS, después de que fuera condenado a siete años y nueve meses de prisión, Meléndez Julio recibió la visita de Rafael Mendieta quien le cuestionó su posición frente a la entrega de información a la Fiscalía.

Poco tiempo después, “según cuenta en los registros” la visita de Julio Aveñaneda “conocido de Liliana Pardo y amigo de los Nule, a quien ellos en el proceso se licitación le pagaban cuentas en la contratación en Bogotá”.

En un organigrama se indicó que existía una relación directa entre el alcalde de Bogotá, en ese momento Samuel Moreno Rojas y el comité directivo del IDU para analizar el desarrollo de los proyectos, licitaciones y contrataciones.

Estas declaraciones fueron entregadas en el proceso que se adelanta contra el excontralor de Bogotá, Miguel Ángel Moralesrussi y la exdirectora del IDU, Liliana Pardo Gaona.