Interbolsa, ante jueces
La Fiscalía busca comprobar que los investigados, todos ellos relacionados con la comisionista, manipularon información financiera para enriquecerse a través de la acción de Fabricato.
Redacción Judicial
Con apenas nueve de los 17 citados a imputación de cargos por su presunta participación en el descalabro de Interbolsa, se inició ante jueces el proceso por el mayor escándalo financiero de los últimos años. Incumplieron su cita con la justicia Juan Camilo Arango, vicepresidente ejecutivo de la comisionista; su gerente técnico, Juan Felipe Duarte; Álvaro Tirado, presidente; los hermanos Olbany y John Alexánder Muñoz, de la firma Giteco, y Edward Martínez, de la firma P&P Investment. Todos ellos, al parecer, piezas claves de las maniobras que se habrían cometido para inflar la acción de Fabricato y, por ende, hacerse a ganancias de manera irregular.
La audiencia comenzó hacia las 10 de la mañana con el debate alrededor de quiénes podrían constituirse como víctimas de la comisionista de bolsa y con la presencia de su fundador, Rodrigo Jaramillo; del polémico Alessandro Corridori y su esposa, la corredora Claudia Jaramillo Palacios, así como la hermana de ésta, María Eugenia Jaramillo Palacios; del presidente de la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa, Jorge Mauricio Infante; de Eduardo Adolfo y Luz Andrea Colmenares Pedreros, representantes de la clínica La Candelaria; de Carlos Arturo Neira, representante legal de P&P, y de Javier Tomás Villadiego, director del Comité de Riesgos.
La cantidad de gente involucrada en este expediente judicial (17 personas en total) deja ver el gran reto que enfrenta la Fiscalía a la hora de descifrar las jugadas que habrían realizado los empleados o asesores de Interbolsa para valorizar la acción de Fabricato, que en enero de 2011 estaba en $26,6 pesos y en diciembre de ese mismo año ya se había triplicado su valor: $84,5. “Interbolsa es una típica pirámide estrato seis”, señaló en su momento el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, agregando que la caída de la comisionista que manejaba el 30% de las acciones en el país debía verse como una oportunidad para discutir que la corrupción también estaba arraigada en el sector privado.
La Procuraduría ha iniciado sus propias pesquisas para determinar a qué funcionarios les corresponde una cuota de responsabilidad por cuenta del escándalo de Interbolsa. Por eso mismo, hace unas semanas el procurador les formuló pliego de cargos al superintendente financiero, Gerardo Hernández; al superintendente delegado para la supervisión de riesgos de mercado e integridad, Diego Mauricio Herrera, y a la superintendente delegada adjunta Rosita Esther Barrios. Según Ordóñez, estos funcionarios recibieron información sobre las movidas irregulares de Interbolsa alrededor de la acción de Fabricato y, sin embargo, no actuaron a tiempo para evitar el colapso de la comisionista.
A los presentes, la Fiscalía les imputó los delitos de administración desleal, manipulación de acciones, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y concierto para delinquir. A los ausentes se les imputarán cargos más adelante.
Con apenas nueve de los 17 citados a imputación de cargos por su presunta participación en el descalabro de Interbolsa, se inició ante jueces el proceso por el mayor escándalo financiero de los últimos años. Incumplieron su cita con la justicia Juan Camilo Arango, vicepresidente ejecutivo de la comisionista; su gerente técnico, Juan Felipe Duarte; Álvaro Tirado, presidente; los hermanos Olbany y John Alexánder Muñoz, de la firma Giteco, y Edward Martínez, de la firma P&P Investment. Todos ellos, al parecer, piezas claves de las maniobras que se habrían cometido para inflar la acción de Fabricato y, por ende, hacerse a ganancias de manera irregular.
La audiencia comenzó hacia las 10 de la mañana con el debate alrededor de quiénes podrían constituirse como víctimas de la comisionista de bolsa y con la presencia de su fundador, Rodrigo Jaramillo; del polémico Alessandro Corridori y su esposa, la corredora Claudia Jaramillo Palacios, así como la hermana de ésta, María Eugenia Jaramillo Palacios; del presidente de la Sociedad Administradora de Inversión de Interbolsa, Jorge Mauricio Infante; de Eduardo Adolfo y Luz Andrea Colmenares Pedreros, representantes de la clínica La Candelaria; de Carlos Arturo Neira, representante legal de P&P, y de Javier Tomás Villadiego, director del Comité de Riesgos.
La cantidad de gente involucrada en este expediente judicial (17 personas en total) deja ver el gran reto que enfrenta la Fiscalía a la hora de descifrar las jugadas que habrían realizado los empleados o asesores de Interbolsa para valorizar la acción de Fabricato, que en enero de 2011 estaba en $26,6 pesos y en diciembre de ese mismo año ya se había triplicado su valor: $84,5. “Interbolsa es una típica pirámide estrato seis”, señaló en su momento el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez, agregando que la caída de la comisionista que manejaba el 30% de las acciones en el país debía verse como una oportunidad para discutir que la corrupción también estaba arraigada en el sector privado.
La Procuraduría ha iniciado sus propias pesquisas para determinar a qué funcionarios les corresponde una cuota de responsabilidad por cuenta del escándalo de Interbolsa. Por eso mismo, hace unas semanas el procurador les formuló pliego de cargos al superintendente financiero, Gerardo Hernández; al superintendente delegado para la supervisión de riesgos de mercado e integridad, Diego Mauricio Herrera, y a la superintendente delegada adjunta Rosita Esther Barrios. Según Ordóñez, estos funcionarios recibieron información sobre las movidas irregulares de Interbolsa alrededor de la acción de Fabricato y, sin embargo, no actuaron a tiempo para evitar el colapso de la comisionista.
A los presentes, la Fiscalía les imputó los delitos de administración desleal, manipulación de acciones, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados y concierto para delinquir. A los ausentes se les imputarán cargos más adelante.