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Con el decreto 487 de 2020, el 27 de marzo el presidente Iván Duque ordenó suspender todos los términos por 30 días para las extradiciones de colombianos requeridos por la justicia de otros países. El pasado 26 de junio La Corte Constitucional se pronunció al respecto y levanto la suspensión tras considerarla inconstitucional. El día de ayer, 15 internos de la cárcel la Picota fueron notificados de que serán extraditados a Estados Unidos el día de hoy. Piden que se aplace la diligencia por cómo se está desarrollando la pandemia en el país norteamericano.
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A través de un video, los extraditables expresaron su preocupación de ser trasladados a cárceles estadounidenses donde pueden contraer el virus. Además, aseguraron que, con la decisión, “están violando el decreto de ley 595 por el cual suspendieron todas las extradiciones por la pandemia, no entendemos cómo están violando nuestros derechos”. En este decreto, el gobierno “reglamenta el Decreto Legislativo 487 del 27 de marzo de 2020 ‘por el cual se dictan medidas especiales relacionadas con el sector Justicia y del Derecho en materia de extradición, con ocasión del “estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica” declarada en todo el territorio nacional, derivada de la Pandemia COVID-19″.
A pesar de haber adoptado medidas en las que el Ministerio de Defensa suspendió toda comisión al extranjero, la Corte Constitucional determinó que la coyuntura no se puede prestar para vulnerar los derechos de las personas que están a la espera de resolver su extradición mientras están privadas de la libertad.
De acuerdo con la decisión de la corte Corte: “Sin desconocer la importancia de los compromisos internacionales de Colombia en materia de cooperación judicial, la lucha contra el crimen, pero además la protección a la salud de los funcionarios públicos y en general las medidas para salvaguardar estos intereses, no se puede generar un escenario de desprotección y vulneración de derechos fundamentales para las personas inmersas en un trámite de extradición, toda vez que en materia penal, dicha restricción conlleva un alto costo de la eficacia de sus mecanismos de defensa y de las causales legales previstas para el restablecimiento de la libertad”.
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No obstante, para Kevin Alejandro Ruiz, solicitado por el distrito Sur de Florida (Estados Unidos) por narcotráfico, la puesta en marcha de las extradiciones es un agravante. “Garantizo que me encuentro en buen estado de salud, no estoy contagiado de Covid-19 y voy a ser extraditado a un estado donde hay casos de contagios y muertes diarios. Pienso que allí, no se va a prevalecer mi vida y donde seguramente podré contagiarme de Covid-19 sin saber si pueda sobrevivir al virus”.
La situación de virus en Estados Unidos es dramática. El país norteamericano reporta la mayor tasa de contagios y muertes. Allí, 138.358 personas han fallecido por la enfermedad y más de 3 millones de personas contrajeron el virus. En la Florida, donde Ruiz será extraditado, de los 278.667 casos confirmados, aún no se reportan casos de personas recuperadas del virus según las cifras de Centro para el Control y la prevención de Enfermedades (CDC). En California (Estados Unidos), donde algunos de los extraditables fueron solicitados, los casos ascienden a los tres mil.
Ante este panorama, los extraditables pidieron al Gobierno suspender el proceso de extradición hasta que el pico de la pandemia en Estados Unidos esté controlado.
Entre los extraditables están Iván Darío De los Ríos Valencia, alias Pelusa, uno de los supuestos miembros de la red de narcotráfico a la que también, se vinculó al exfutbolista de la selección Colombia, Jhon Viáfara. En junio de 2018, De los Ríos fue solicitado por una Corte de Estados Unidos por el delito de narcotráfico y desde noviembre del año pasado todo estaba listo para enviarlo a esa jurisdicción. Ligio Giraldo Belalcazar, alias Mocho, es otro capturado pendiente por extraditar a Estados Unidos desde el año pasado.
De acuerdo con la justicia norteamericana, el hombre lideraba una organización conocida como La Constru dedicada al tráfico de drogas para los carteles mexicanos en Putumayo. El Mocho fue capturado en 2018 en una clínica de Cali (Valle) cuando se realizaba una cirugía estética con el objetivo de cambiar su aspecto físico. Con el fallo de la Corte, los extraditables podrán definir su situación judicial ante este la justicia norteamericana.
El abogado Iván Darío Durango, quien tiene otros casos de extraditables, señala que los presos no se están oponiendo a la extradición y que se tiene que tener en cuenta que uno de los epicentros de la pandemia es EE.UU. “Hay una clara y flagrante violación a los derechos humanos. Aunque estas personas están siendo investigadas por una serie de delitos, también gozan de la presunción de inocencia. Claro que ellos tendrán que ir a responder ante la justicia de ese país pero no puede ser que ese traslado se haga en medio de una pandemia. Ya hay un caso de un colombiano que murió en ese país”, señaló el penalista.
