Después del anuncio del gobierno de Abelardo de la Espriella de que se establecerá un protocolo para al actuación de la fuerza pública en las universidades cuando haya situaciones de violencia y alteraciones al orden público que vayan más allá del derecho a la protesta de los estudiantes, la Defensoría del Pueblo hizo varios llamados al Ejecutivo. Dentro de las principales peticiones, está el respeto por la autonomía universitaria.
Según la entidad, "resulta fundamental que cualquier medida que se adopte preserve simultáneamente la autonomía universitaria, el ejercicio legítimo de la protesta y la obligación del Estado de proteger los derechos de todas las personas". La Defensoría agregó que es esencial distinguir "entre el ejercicio legítimo de la protesta y situaciones de violencia, flagrancia, peligro o alteraciones extraordinarias del orden público".
Esas distinciones, señala, son vitales para "orientar tanto la construcción del protocolo anunciado como cualquier actuación de las autoridades". La entidad agregó que la autonomía universitaria "no significa extraterritorialidad ni convierte a las universidades en espacios excluidos de la Constitución, la ley o de la actuación legítima de las autoridades".
Asimismo, resaltó que "la Corte Constitucional ha señalado que se trata de una garantía fundamental para que las universidades puedan autodirigirse y autorregularse, preservar la libertad académica y mantenerse libres de interferencias indebidas". Aun así, pone de presente que "también ha establecido que no tiene carácter absoluto. Por tanto, existen circunstancias excepcionales en las cuales la Fuerza Pública puede intervenir al interior de una universidad".
Dentro de las circunstancias está la flagrancia "y, en estos casos, no se requiere como regla general autorización previa de las autoridades universitarias". Sin embargo, dice la Defensoría, "ninguna circunstancia habilita actuaciones ilimitadas: toda intervención debe tener un fundamento jurídico concreto y respetar estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación".
La entidad resaltó que "la protesta pacífica, las asambleas estudiantiles, la deliberación académica y las expresiones de inconformidad o disenso político no constituyen, por sí mismas, razones que justifiquen el ingreso de la Fuerza Pública a los campus universitarios". Según explicó, se trata de "expresiones legítimas de la comunidad universitaria y del derecho de estudiantes a reunirse y manifestarse pacíficamente en las universidades".
El comunicado de la Defensoría dice que deben evitar "interpretaciones amplias que terminen equiparando la protesta o la inconformidad con conductas violentas o delictivas". Según explica la entidad, "cuando algunas personas incurran en hechos de violencia, la actuación estatal debe estar dirigida específicamente a enfrentar esas conductas y no puede traducirse en una intervención indiscriminada sobre el conjunto de estudiantes, docentes, trabajadores o demás integrantes de la comunidad universitaria ni en limitaciones generalizadas al derecho de reunión, manifestación y protesta pacífica".
El lugar central en las protestas, dice la Defensoría, debe tenerlo el diálogo y la mediación. Agrega que el uso de la fuerza debe ser excepcional y responder a una necesidad concreta, "diferenciando a quienes ejercen pacíficamente sus derechos de quienes puedan estar involucrados en actos de violencia. La intensidad de cualquier intervención debe ser proporcional al riesgo que se pretende controlar".
Para los casos, la Defensoría pudo de presento que tienen competencias relacionadas con la protesta, como favorecer el diálogo, mediar en la solución de las tensiones que dan lugar a la protesta, hacer llamados a las autoridades sobre las condiciones necesarias para el uso de la fuerza. También pidió a los manifestantes evitar excesos "que desborden el ámbito protegido del derecho a la protesta".
Para salvaguardar la integridad universitaria, dice la Defensoría, es fundamental la coordinación y comunicación con las autoridades universitarias. Ese diálogo contribuye "a proteger a la comunidad académica, reducir riesgos y preservar tanto los derechos de las personas como el funcionamiento de las universidades, sin desconocer las facultades que excepcionalmente corresponden a las autoridades ante situaciones como la flagrancia".
La entidad agregó que "la historia de nuestro país exige especial cuidado frente a las intervenciones de la Fuerza Pública en escenarios universitarios. Proteger la autonomía universitaria no significa tolerar delitos; garantizar el orden público tampoco puede significar restringir indebidamente la protesta, la libertad de expresión, la libertad académica o los demás derechos fundamentales".
Finalmente, la Defensoría dijo que el protocolo anunciado por el gobierno de Abelardo de la Espriella "debe ser expedido como resultado de un proceso participativo, como el ordenado por la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia STC7641 de 2020″. Asimismo, ese proceso debe "establecer de manera clara y precisa los supuestos excepcionales de intervención, las responsabilidades de las autoridades, los mecanismos de coordinación y las garantías para prevenir excesos en el uso de la fuerza".
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