Intervención de la Contraloría en paro judicial es indiscutible: Morelli
La contralora general habló de su petición de declarar ilegal el paro judicial y reiteró que no se puede privar a los ciudadanos de un servicio público esencial.
El Espectador
La contralora general Sandra Morelli habló para Bluradio sobre su decisión de pedir que el paro judicial sea declarado ilegal. Ante el cuestionamiento de si a la Contraloría tiene potestad para realizar este tipo de acciones Morelli resaltó que “en la constitución nacional está previsto que le corresponde a la Contraloría interponer las acciones de cara a proteger el patrimonio público”.
Así mismo añadió que el daño patrimonial que se le causa al Estado le parece "más que evidente (...) estamos hablando de una nómina diaria de más de 2.700 millones de pesos, una infraestructura inutilizada, muchas decisiones judiciales que no se toman y las consecuencias de esto”, así reiteró que considera que la competencia de la Contraloría en dicho asunto es indiscutible.
Morelli resaltó que se trata de la cesación de un servicio público y que su suspensión colectiva es ilegal “independientemente de que el reclamo sea justo, con ello se afecta el normal funcionamiento de un Estado”.
Cabe el cuestionamiento de si la justicia es o no un servicio público, ante ello la contralora señaló que esto está adscrito en las normas de la ley estatutaria de administración de justicia. “Es una discusión válida, pero en Colombia tanto el constituyente como el legislador optaron por esa definición” añadió.
El primer paso que dará la Contraloría será definir si se debe o no pagar el salario de los empleados que están en paro, de ser declarado ilegal el cese de actividades de la rama judicial no se dará el pago.
La contralora general Sandra Morelli habló para Bluradio sobre su decisión de pedir que el paro judicial sea declarado ilegal. Ante el cuestionamiento de si a la Contraloría tiene potestad para realizar este tipo de acciones Morelli resaltó que “en la constitución nacional está previsto que le corresponde a la Contraloría interponer las acciones de cara a proteger el patrimonio público”.
Así mismo añadió que el daño patrimonial que se le causa al Estado le parece "más que evidente (...) estamos hablando de una nómina diaria de más de 2.700 millones de pesos, una infraestructura inutilizada, muchas decisiones judiciales que no se toman y las consecuencias de esto”, así reiteró que considera que la competencia de la Contraloría en dicho asunto es indiscutible.
Morelli resaltó que se trata de la cesación de un servicio público y que su suspensión colectiva es ilegal “independientemente de que el reclamo sea justo, con ello se afecta el normal funcionamiento de un Estado”.
Cabe el cuestionamiento de si la justicia es o no un servicio público, ante ello la contralora señaló que esto está adscrito en las normas de la ley estatutaria de administración de justicia. “Es una discusión válida, pero en Colombia tanto el constituyente como el legislador optaron por esa definición” añadió.
El primer paso que dará la Contraloría será definir si se debe o no pagar el salario de los empleados que están en paro, de ser declarado ilegal el cese de actividades de la rama judicial no se dará el pago.