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Ante los presuntos manejos irregulares en la contratación de la alimentación para todas las cárceles del país, agentes de la Fiscalía y de la Dijín de la Policía intervinieron este martes la Unidad de Servicios Carcelarios y Penitenciarios (Uspec). Las autoridades decomisaron el archivo interno de esa entidad.
De acuerdo con las denuncias de la Veeduría Nacional ‘Recursos Sagrados’, a través de contratos se estarían beneficiando “presuntamente los denominados zares de la alimentación carcelaria, lo que ocasionó un detrimento fiscal gravísimo contra las finanzas de la entidad, ya que se trasladó todo el proceso contractual mediante la modalidad de convenio a la Bolsa Mercantil de Colombia”.
Según la acusación de la Veeduría, “las cosas han sido así y la administración de la actual gerente, María Cristina Palau Salazar, (ha aplicado) para adelantar el proceso de contratación de la alimentación a todos los internos del país el sistema de ración para la atención de aquellos que se encuentran en los establecimientos de reclusión del orden nacional de reclusión militar y/o estaciones de policía, cuyo valor supera los $480 mil millones”.
Por su parte, la Unión de trabajadores penitenciarios UTP, sindicato del Inpec, respaldó la intervención que está realizando la Fiscalía General de la Nación.
“Esta organización sindical en varias ocasiones ha denunciado malos manejos administrativos, especialmente en la pésima gestión contractual y corrupta, las obras inconclusas, el nefasto contrato de vigilancia electrónica, la mala alimentación para las personas privadas de la libertad, la salud, convenio con Fonade, entre otras que han sido la constante de la Uspec”, expresó Horacio Bustamante Reyes, presidente nacional del sindicato del Inpec.
La Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la Superintendencia de Industria y Comercio también tienen conocimiento de las denuncias sobre las posibles irregularidades en la contratación realizada por esa entidad.
Por Redacción Judcial
