La fiscal María Cristina Patiño y el fiscal Gabriel Sandoval están bajo la lupa de la Comisión de Disciplina Judicial. Los dos investigadores son señalados de, supuestamente, haber demorado acciones importantes en el proceso por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) que avanza en contra del prófugo exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González.
El alto tribunal abrió la investigación en contra de los dos fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia este 14 de enero. Las razones, según reza en el documento de la Comisión, son las supuestas demoras injustificadas en solicitud de medida de aseguramiento y de circular roja de Interpol, en contra del exalfil del gobierno de Gustavo Petro.
De acuerdo con la información que revisa la Comisión de Disciplina Judicial, los investigadores habrían incurrido “en mora injustificada y deliberada, en el proceso que adelantó contra el señor Carlos Ramón González Merchán, al haber retardado la formulación de imputación, la solicitud de medida de aseguramiento y la gestión de la circular roja de Interpol, en el caso de corrupción de la UNGRD, aunque, según consideró, existían elementos de juicio desde 2024 que permitían adelantar el proceso penal”.
La petición de iniciar la investigación arrancó con las denuncias del veedor ciudadano Pablo Bustos, quien sostuvo que esas supuestas demoras injustificadas habrían permitido que Carlos Ramón González se fugara a Nicaragua.
La orden de captura contra González se dictó hasta el 3 de julio del año pasado y fue confirmada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá y ratificada por la propia Corte Suprema de Justicia en octubre pasado. En ese momento fue rechazada una tutela en la que el exdirector del Dapre señaló que la orden “vulneraba sus derechos fundamentales a la libertad, al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la defensa”.
Según el ente investigador, el exdirector del Dapre sería el responsable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos, derivados de su presunta participación en el escándalo de corrupción de la Ungrd. De acuerdo con las pruebas que tiene, la Fiscalía ha dicho que él habría impartido instrucciones al exdirector de la Ungrd, Olmedo López, entre septiembre y octubre de 2023, para pagar coimas con recursos provenientes de la contratación de la entidad a los entonces presidentes del Congreso, Iván Name y Andrés David Calle.
“Se le atribuye ordenar la entrega de 3.000 millones de pesos con destino al senador Name Vásquez, a través de la exconsejera para las Regiones de la Presidencia de la República, Sandra Liliana Ortiz Nova. Por su parte, el exsubdirector de Manejo de Desastres de la Ungrd, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, trasladó a Montería (Córdoba) 1.000 millones de pesos con destino al representante Calle”, asegura la Fiscalía.
Por ahora se sabe que González goza de asilo político en Nicaragua, en donde fue visto a finales del año pasado en una fiesta organizada por la Cancillería colombiana en ese país, a la cual asistieron más de 200 personas. Por la participación del prófugo exdirector de Dapre en la fiesta, distintos entes de control avanzan en investigaciones para determinar cómo fue que estuvo en el lugar.
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