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La fiscal encargada de la Unidad de Persecución de bienes, Liliana Donado, anunció que se están adelantando investigaciones penales y disciplinarias en contra de un grupo de funcionarios del Incoder, así como del Fondo Ganadero y diferentes notarios por su presunta participación en la adjudicación irregular de 100 predios a grupos paramilitares.
En su corta intervención, la fiscal indicó que se busca establecer la participación de los funcionarios, así como miembros de notarías de Montería y Apartadó en una alianza para legalizar el despojo de tierras de las que habían sido víctimas los campesinos del Urabá antioqueño y cordobés a finales de los años noventa.
Donado indicó que las investigaciones disciplinarias son adelantadas por la Superintendencia de Notariado y Registro y las penales por la Fiscalía, teniendo en cuenta el material probatorio obtenido en los últimos años que indican irregularidades en la adjudicación de cientos de hectáreas que terminaron en manos de los bloques paramilitares comandados por Salvatore Mancuso y los hermanos Carlos y Vicente Castaño Gil.
La fiscal anunció que estas decisiones se tomaron además por las versiones presentadas por el extraditado comandante paramilitar Salvatore Mancuso y el exgobernador de Córdoba y expresidente del Fondo Ganadero del mismo departamento quienes indicaron la responsabilidad de estos funcionarios en dichos actos irregulares e ilegales.
En este sentido indicó que es menester establecer la presunta complicidad de los funcionarios del organismo estatal y las notarías para legalizar el despojo de 6.500 hectáreas de tierra, pertenecientes a 60 familias de Córdoba y Antioquia.
Vía teleconferencia desde Estados Unidos, Mancuso Gómez aseguró que “en uno de los predios de los que se apropió el Fondo (Ganadero de Córdoba) con complicidad del Incoder y de las notarías, Carlos Castaño tenía un inmueble que le servía como refugio. En esta finca también se firmó el acuerdo donde se conformaron las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC”.
Y es que el entonces máximo jefe paramilitar logró este terreno gracias al trabajo hecho por la Fundación para la Paz de Córdoba, Funpazcor, una ONG creada por él y sus hermanos para facilitar el despojo de tierras en la región bajo el conocimiento de los órganos estatales.
“Sor Teresa Gómez actuó como intermediaria entre las víctimas del despojo y el Fondo Ganadero de Córdoba a través de poderes falsos de los campesinos”, señaló la fiscal del caso quien indicó que las firmas y las huellas de los campesinos que supuestamente estaban vendiendo sus tierras de manera voluntaria al Fondo Ganadero habían sido falsificadas.
Por El Espectador
