Investigan obtención de documentos de la Policía por parte de Andrés Sepúlveda

Varios campos de investigación maneja la Fiscalía General en el caso de Andrés Sepúlveda Ardila, el ingeniero de sistemas señalado por las autoridades de interceptar de manera ilegal correos electrónicos de miembros de las Farc y funcionarios del Gobierno Nacional relacionados con el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba.

Los investigadores analizan varios documentos oficiales de la Policía Nacional que fueron incautados en los operativos adelantados en su oficina y apartamento del ingeniero de sistemas de 39 años de edad. Igualmente se busca determinar la veracidad del dicho de Sepúlveda quien le ha asegurado a las autoridades que él habría sido uno de los creadores del plan de cuadrantes en el año 2011.

La próxima semana realizarán una serie de entrevistas con los conocidos y familiares de Sepúlveda, a quienes les habría manifestado en repetidas oportunidades que tenía contratos de cooperación en sistemas y tecnología con las Fuerzas Militares. Así como el hecho de que recaudó varios datos sobre el paro agrario en agosto del año pasado, el cual habría infiltrado, y otras organizaciones.

En este punto es menester esclarecer si el ahora procesado infiltró la base de datos de la Institución o si tenía un contrato con la Policía. El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino manifestó que en ningún momento Sepúlveda Ardila tuvo una relación contractual por lo que ya anunció una investigación interna para establecer la forma en cómo esta persona tuvo acceso y logró obtener tantos documentos reservados.

“¿De qué manera y por qué circunstancia llegaron a poder de este particular? Ahí habría una fuga o quizá bien los obtuvo de manera ilegal o le fueron entregados. En todo ese caso estos documentos en poder de un particular están en el lugar equivocado”, precisó el oficial quien espera que en poco tiempo se resuelvan estas incógnitas.

Por su parte el director de la Dijin, general Jorge Rodríguez aseguró que durante su tiempo en la Institución no ha conocido ni tenido ningún tipo de contacto con el ingeniero. “Que recuerde nunca se ha firmado un contrato con esa persona vinculada en todo este escándalo”. El pasado jueves, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón negó que Sepúlveda hubiera trabajado con las Fuerzas Armadas.

Según se ha podido establecer, el procesado tenía documentos relacionados con operaciones militares, movimientos y desplazamientos de uniformados, una base de datos con información reservada de militares (principalmente los encargados de operaciones de inteligencia). Ante esto la Fiscalía busca establecer si tenía infiltrados en las Fuerzas Militares o si obtuvo esta información aprovechando su gran conocimiento sobre medios informáticos.

Actualmente, Sepúlveda se encuentra privado de la libertad en el búnker de la Fiscalía General. No se descarta que en los próximos días firme un preacuerdo o un principio de oportunidad con el ente investigador en el cual se comprometería a entregar información para esclarecer estos hechos.

Las autoridades están tras la pista de otras cuatro personas que habrían infiltrado correos electrónicos y habrían vendido la información reservada a un grupo de personas. Este es otro de los puntos clave de esta compleja investigación.

Varios campos de investigación maneja la Fiscalía General en el caso de Andrés Sepúlveda Ardila, el ingeniero de sistemas señalado por las autoridades de interceptar de manera ilegal correos electrónicos de miembros de las Farc y funcionarios del Gobierno Nacional relacionados con el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba.

Los investigadores analizan varios documentos oficiales de la Policía Nacional que fueron incautados en los operativos adelantados en su oficina y apartamento del ingeniero de sistemas de 39 años de edad. Igualmente se busca determinar la veracidad del dicho de Sepúlveda quien le ha asegurado a las autoridades que él habría sido uno de los creadores del plan de cuadrantes en el año 2011.

La próxima semana realizarán una serie de entrevistas con los conocidos y familiares de Sepúlveda, a quienes les habría manifestado en repetidas oportunidades que tenía contratos de cooperación en sistemas y tecnología con las Fuerzas Militares. Así como el hecho de que recaudó varios datos sobre el paro agrario en agosto del año pasado, el cual habría infiltrado, y otras organizaciones.

En este punto es menester esclarecer si el ahora procesado infiltró la base de datos de la Institución o si tenía un contrato con la Policía. El director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino manifestó que en ningún momento Sepúlveda Ardila tuvo una relación contractual por lo que ya anunció una investigación interna para establecer la forma en cómo esta persona tuvo acceso y logró obtener tantos documentos reservados.

“¿De qué manera y por qué circunstancia llegaron a poder de este particular? Ahí habría una fuga o quizá bien los obtuvo de manera ilegal o le fueron entregados. En todo ese caso estos documentos en poder de un particular están en el lugar equivocado”, precisó el oficial quien espera que en poco tiempo se resuelvan estas incógnitas.

Por su parte el director de la Dijin, general Jorge Rodríguez aseguró que durante su tiempo en la Institución no ha conocido ni tenido ningún tipo de contacto con el ingeniero. “Que recuerde nunca se ha firmado un contrato con esa persona vinculada en todo este escándalo”. El pasado jueves, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón negó que Sepúlveda hubiera trabajado con las Fuerzas Armadas.

Según se ha podido establecer, el procesado tenía documentos relacionados con operaciones militares, movimientos y desplazamientos de uniformados, una base de datos con información reservada de militares (principalmente los encargados de operaciones de inteligencia). Ante esto la Fiscalía busca establecer si tenía infiltrados en las Fuerzas Militares o si obtuvo esta información aprovechando su gran conocimiento sobre medios informáticos.

Actualmente, Sepúlveda se encuentra privado de la libertad en el búnker de la Fiscalía General. No se descarta que en los próximos días firme un preacuerdo o un principio de oportunidad con el ente investigador en el cual se comprometería a entregar información para esclarecer estos hechos.

Las autoridades están tras la pista de otras cuatro personas que habrían infiltrado correos electrónicos y habrían vendido la información reservada a un grupo de personas. Este es otro de los puntos clave de esta compleja investigación.