Investigan posible daño patrimonial en contrato de brazaletes electrónicos

Una vigilancia especial para el contrato suscrito como resultado de la declaratoria de Urgencia Manifiesta efectuada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), que permitió la contratación de brazaletes para detenidos. La relación contractual se extendió por seis meses.

Dice el informe que ante las numerosas denuncias sobre irregularidades en la prestación del servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica para los internos con detención domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, la contraloría General de la República abrió indagación preliminar con el fin de determinar la existencia de un posible daño patrimonial al Estado.

El plazo de los seis meses era estrictamente necesario para tramitar el proceso reglado de selección, explica el informe. Sin embargo, la Contraloría evidenció que mediante otrosíes fue prorrogado hasta enero de 2016 y su valor adicionado en $7.222 millones sin que dentro del plazo de seis meses se hubiera iniciado siquiera el proceso de selección objetiva. Así, el contrato pasó de un valor inicial de $14.310 millones a un valor final de $21.533 millones, precisa el comunicado de prensa.

La contraloría General tuvo conocimiento de comunicaciones cruzadas entre el Ministro de Justicia y el director General del INPEC, que generan serios indicios de las deficientes labores de supervisión por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, como entidad contratante de los servicios, de la fallas de los dispositivos electrónicos y la obsolescencia de los mismos.

El principal punto de interés fiscal respecto a los hechos denunciados, radica en el eventual pago en exceso que se hizo al contratista, pues según los hechos puestos en conocimiento, el número de dispositivos sobre los cuales se efectuó el pago (en promedio 4.250 mensuales), es superior a los dispositivos que se encontraban en servicio durante los periodos liquidados, remarca el informe de la entidad de control de las finanzas públicas. 

Recuerda el comunicado de prensa de la Contraloría General que el 28 de enero de 2016, la directora (e) de la USPEC expidió la Resolución 0048 de 2016, por medio de la cual se declaró una nueva Urgencia Manifiesta para contratar directamente la prestación del servicio de vigilancia electrónica, para lo cual se celebró el Contrato 012 de 2016, con la misma empresa con la cual se venía ejecutando el contrato materia de investigación, por un monto de $19.458 millones y un plazo de 7 meses. La Contraloría General de la República, declaró improcedente esta Urgencia Manifiesta, mediante Resolución ORD 043-2016, confirmada por la  Resolución ORD 045-2016.

La entidad de control destaca que a lo anterior, se suman otras denuncias que han sido radicadas durante el presente año, así como la reiteración de las observaciones del INPEC  respecto a la deficiente supervisión de la USPEC en relación con el seguimiento al nuevo Contrato 012 de 2016, que  reafirman la posible ocurrencia de irregularidades relacionadas con los equipos de vigilancia electrónica con los que se está prestando el servicio en la actualidad. El servicio de vigilancia electrónica viene siendo atendido con equipos obsoletos y a un costo superior a las ofertas presentadas en la licitación pública declarada desierta, según las denuncias.

La Contraloría General informó que indagó al ministerio de Justicia sobre el estado actual de la reglamentación del artículo 27 de la Ley 1709 de 2014, disposición legal que permite que los internos con detención domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad a nivel nacional, sufraguen con sus recursos el costo del dispositivo.
 

Una vigilancia especial para el contrato suscrito como resultado de la declaratoria de Urgencia Manifiesta efectuada por la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), que permitió la contratación de brazaletes para detenidos. La relación contractual se extendió por seis meses.

Dice el informe que ante las numerosas denuncias sobre irregularidades en la prestación del servicio ininterrumpido de vigilancia electrónica para los internos con detención domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad, la contraloría General de la República abrió indagación preliminar con el fin de determinar la existencia de un posible daño patrimonial al Estado.

El plazo de los seis meses era estrictamente necesario para tramitar el proceso reglado de selección, explica el informe. Sin embargo, la Contraloría evidenció que mediante otrosíes fue prorrogado hasta enero de 2016 y su valor adicionado en $7.222 millones sin que dentro del plazo de seis meses se hubiera iniciado siquiera el proceso de selección objetiva. Así, el contrato pasó de un valor inicial de $14.310 millones a un valor final de $21.533 millones, precisa el comunicado de prensa.

La contraloría General tuvo conocimiento de comunicaciones cruzadas entre el Ministro de Justicia y el director General del INPEC, que generan serios indicios de las deficientes labores de supervisión por parte de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, como entidad contratante de los servicios, de la fallas de los dispositivos electrónicos y la obsolescencia de los mismos.

El principal punto de interés fiscal respecto a los hechos denunciados, radica en el eventual pago en exceso que se hizo al contratista, pues según los hechos puestos en conocimiento, el número de dispositivos sobre los cuales se efectuó el pago (en promedio 4.250 mensuales), es superior a los dispositivos que se encontraban en servicio durante los periodos liquidados, remarca el informe de la entidad de control de las finanzas públicas. 

Recuerda el comunicado de prensa de la Contraloría General que el 28 de enero de 2016, la directora (e) de la USPEC expidió la Resolución 0048 de 2016, por medio de la cual se declaró una nueva Urgencia Manifiesta para contratar directamente la prestación del servicio de vigilancia electrónica, para lo cual se celebró el Contrato 012 de 2016, con la misma empresa con la cual se venía ejecutando el contrato materia de investigación, por un monto de $19.458 millones y un plazo de 7 meses. La Contraloría General de la República, declaró improcedente esta Urgencia Manifiesta, mediante Resolución ORD 043-2016, confirmada por la  Resolución ORD 045-2016.

La entidad de control destaca que a lo anterior, se suman otras denuncias que han sido radicadas durante el presente año, así como la reiteración de las observaciones del INPEC  respecto a la deficiente supervisión de la USPEC en relación con el seguimiento al nuevo Contrato 012 de 2016, que  reafirman la posible ocurrencia de irregularidades relacionadas con los equipos de vigilancia electrónica con los que se está prestando el servicio en la actualidad. El servicio de vigilancia electrónica viene siendo atendido con equipos obsoletos y a un costo superior a las ofertas presentadas en la licitación pública declarada desierta, según las denuncias.

La Contraloría General informó que indagó al ministerio de Justicia sobre el estado actual de la reglamentación del artículo 27 de la Ley 1709 de 2014, disposición legal que permite que los internos con detención domiciliaria, beneficios administrativos o con medida de aseguramiento no privativa de la libertad a nivel nacional, sufraguen con sus recursos el costo del dispositivo.