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La Unidad de Fiscales ante la Corte Suprema de Justicia inició una indagación contra la ministra de Minas, Irene Vélez, por presunto tráfico de influencias. La irregularidad tiene relación con un viaje por fuera del país de su hijo menor de edad, quien habría salido presuntamente sin el permiso correspondiente, después de un correo y una llamada de Vélez a Migración Colombia.
Los hechos se habrían dado en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Cali. El esposo de Vélez, Sjoerd Van Grootheest, y su hijo, iban a tomar un vuelo a España en su camino a reunirse con la ministra en Davos, Suiza, donde la funcionaria se encontraba en la reunión anual del Foro Económico Mundial. “Al parecer el menor no contaba con el permiso. Pero el tema se destrabó con un correo de la ministra y una llamada al funcionario de turno. Sin embargo, ese no es el procedimiento legal y se investiga al funcionario”, informó una fuente del aeropuerto a El Tiempo.
En contexto: Indagan posible irregularidad en la salida del hijo de la ministra Vélez de Colombia
Migración Colombia ya se había pronunciado respecto a la presunta salida irregular del hijo menor de edad de la ministra en enero de 2023. “En referencia a la presunta salida irregular de menor de edad del país, hijo de una alta funcionaria, Migración Colombia informa que se adelanta actuación disciplinaria dentro de los términos legales y está bajo reserva”, escribió la entidad en su cuenta de Twitter.
El Ministerio Público también indaga si la ministra Vélez usó irregularmente su cargo como ministra para presionar al agente de Migración Colombia. Por esto, la Sala de Instrucción Disciplinaria de la Procuraduría adelanta averiguaciones sobre la salida del hijo de la tutelar de la cartera de Minas en enero de este año.
Por otra parte, la semana pasada también se conoció que Sjoerd Van Grootheest, el esposo de la ministra, recibió un contrato del Fondo Colombia en Paz para hacerse cargo de la estrategia de comunicación de la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos en Colombia. El contrato, de hasta $128 millones, puso al país a hablar sobre el dilema que supone que los cónyuges de los funcionarios sean contratados por el Estado.
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