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En la sede principal de la Defensoría del Pueblo, en Bogotá, hay una pared de la que cuelgan cuadros con las fotografías de quienes han ocupado ese puesto desde 1991. Todos son hombres. Pero al terminar este periodo, en septiembre de 2028, la fotografía de Iris Marín ocupará un lugar en esa pared, como la primera mujer defensora en el país.
Su paso por la entidad ha estado marcado por desafíos importantes como sostener su independencia y su postura crítica, a pesar de haber sido ternada por el presidente Gustavo Petro, a quien varias veces ha tenido que llamar a la cordura en medio de las polémicas y escándalos. A eso se le suma su trabajo en las regiones más golpeadas por la violencia, a pesar de la deteriorada apuesta de paz total.
La defensa por los derechos humanos, el respeto por el Derecho Internacional Humanitario, la vida en dignidad y el enfoque de género han sido algunas de las banderas de Marín durante un año convulsionado por los focos de violencia que se arraigan en los territorios y la ola de escándalos que han estallado por presuntas connivencias entre agentes del Estado y las disidencias de las Farc, o los bombardeos en los que mueren niños reclutados.
En todos esos escenarios, la funcionaria ha jugado un papel fundamental: hacerle contrapeso al gobierno. A través de comunicados públicos, alertas tempranas y redes sociales, la defensora Marín ha hecho visibles las problemáticas del país.
“Nuestro eje de acción es la defensa de los derechos humanos y esta no se detiene a observar la bandera política o el lugar de poder de quien los amenaza o vulnera”, le dijo la defensora a El Espectador.
La paz, pero con hechos
Uno de los pedidos de la defensora Iris Marín es que las víctimas y las comunidades estén en el centro de la paz. Pero las constantes alertas sobre el control territorial que extienden los actores armados en diferentes zonas del país han sido, de cierta manera, poco atendidas por el gobierno de Petro.
Para la muestra, un reciente escándalo dejó al descubierto presuntos nexos entre un general del Ejército y un agente de inteligencia con la disidencia de alias “Calarcá”, para, al parecer, aprovechar la mesa de diálogos de paz para extender su poder. Sobre este escenario, la defensora emitió un mensaje claro: “Necesitamos hechos de paz”, y cuestionó las bases, la finalidad y la credibilidad al diálogo con ese grupo.
Pero, sin duda, uno de los episodios en los que la defensora Marín hizo sentir con mayor contundencia su postura fue tras los bombardeos que ordenó el presidente Gustavo Petro, en los que murieron 15 menores de edad en Guaviare, Arauca y Amazonas. La funcionaria le envió fuertes mensajes al presidente para que reevalúe esta práctica como vía de ataque.
Asimismo, le pidió suspender los bombardeos como un llamado a la razón, partiendo de que en los grupos armados ilegales hay niños reclutados, como ya lo había alertado la misma Defensoría. “La historia de cada menor de edad que muere allí en estos bombardeos es desgarradora. Le imploro que piense en una alternativa”, le dijo a Petro.
Las alertas sobre las decisiones de Petro
En su papel de mantener una mirada crítica y de llamado a la razón, Marín defendió una vez más la independencia.
Lo hizo cuando al gobierno llegó el entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien junto con Petro, hablaron de dictaduras en el Congreso. Sobre este tema puntual, la defensora fue clara en advertir que, aunque son aceptables las críticas, no se puede poner en duda la autoridad de las altas cortes o del Congreso para expedir las leyes, por lo que rechazó las calificaciones de una dictadura. Al mismo tiempo, sobre la propuesta de una constituyente, la defensora la tildó de “preocupante” y sin lugar.
“Tenemos es un deber de cumplir la Constitución, de respetar la separación de poderes, de superar la inequidad a través de la cláusula social del Estado de derecho”, dijo Marín, quien agregó que la propuesta dejaba de lado todo procedimiento constitucional.
Otra de las decisiones del presidente Petro a las que la defensora le puso freno fue la designación de exparamilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) como gestores de paz. En contravía con esa pretensión del mandatario, la defensora presentó una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado argumentando que la resolución del gobierno que les dio luz verde a personajes como Salvatore Mancuso, “Don Berna “y “Jorge 40” en esa figura dejaba por fuera la supervisión de autoridades judiciales y de las víctimas. La designación de 16 exintegrantes de las AUC como gestores de paz “afectan de manera grave y palmaria el orden público, político y social de la Nación”, dijo la defensora.
En esa misma postura crítica se mantuvo la entidad, en cabeza de Marín, tras las primeras sanciones de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La defensora alertó por retos clave como su implementación, la falta de claridad con respecto al ejercicio político de los sancionados y la participación de las víctimas para fortalecer la legitimidad de los fallos. Sobre las sentencias, Marín señaló que aunque son restaurativas, también deben tener un carácter retributivo.
Aumenta la confianza, pero le bajan el presupuesto
Una reciente encuesta de la firma Cifras y Conceptos resaltó a la Defensoría como una de las entidades que generan mayor confianza. Según la firma, esta valoración se debe a que la entidad es vista como garante de derechos y barrera democrática al gobierno Petro. Sin embargo, el recorte presupuestal a la entidad pasó de ser una preocupación a un hecho.
“La Defensoría tendrá en el año 2026 el 47,3% menos del presupuesto de inversión que tuvo en 2024. Esto impactará severamente nuestra misionalidad y, particularmente, nuestro despliegue en el territorio”, señaló Marín, quien en una reciente entrevista con este diario señaló una posible retaliación del Ejecutivo por su postura.
“Mi actuación no está motivada por cálculos políticos, sino por la misión constitucional de la entidad (...) Hemos presentado cuestionamientos a decisiones del Gobierno, pero también a gobernadores y alcaldes, al sector privado, al Congreso y, por supuesto, a los grupos armados. La raíz de nuestros pronunciamientos es la defensa de los derechos de la gente”, agregó.
La decisión, entre otras cosas, reduce las capacidades de la entidad que le ha hecho contrapeso al gobierno del presidente Petro. Aun así, Iris Marín se mantiene en su compromiso de trabajar por los derechos humanos, la paz, la democracia y las mujeres. Su voz se convirtió este año en un sinónimo de independencia resistencia y esperanza para el país.
“La voz de la Defensoría, en ocasiones, es usada para la disputa y no para avanzar conjuntamente sobre el consenso de los derechos humanos. La “gritería” y la inercia de esta disputa entre sordos, ahoga las propuestas de la Defensoría que muchas veces son objetadas y usadas para ganar una discusión, mientras perdemos tiempo en la solución de los problemas más serios de nuestro país. Aun así, hemos construido mucho, la gente sobrevive y es resiliente, encuentra cada día una razón para seguir adelante y lo logra. Esa es la base de la esperanza en la que podremos construir nuestro futuro común", concluyó la defensora.
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