Después de las once de la mañana el 2 de junio de 1997, Adriana González* llegó a la Clínica San Rafael de Bogotá, como era su costumbre desde que quedó embarazada de su primera hija, en este momento ya con 40 semanas. Estaba afiliada al ISS y esa era la clínica que le correspondía.
Le dijo al médico que tenía dolor de cabeza, y después de un examen, éste le informó que tenía preclamsia. La única solución médica a esta enfermedad, es la inducción de parto de forma inmediata. De no ser así, la mujer podría caer en eclampsia (coma y crisis convulsivas).
"Sin embargo, de manera extraña, e injustificada, no se realizó de inmediato la cesárea a la paciente, aún a sabiendas de que el feto estaba listo para el parto, y la madre estabilizada, de modo tal que, entrada la tarde de ese día (4:20 p.m.), cuando transcurría el tiempo sin que se hubiera llevado a cabo el parto, de forma infortunada, Blanca Dolly Salazar entró en convulsión", reseña el Consejo de Estado.
A pesar de las convulsiones, los médicos del centro clínico tampoco hicieron un esfuerzo por provocar el parto de inmediato; "de forma inexplicable, por demás, el parto sólo se produjo el día siguiente a las 5:00 a.m.", cuando le practicaron una cesárea. Al momento del nacimiento Andrea* ya fue diagnosticada con daños cerebrales irreparables, "definitivos e insuperables".
Con la madre la historia no fue más alentadora. Perdió mucha sangre y le ordenaron trasfusiones que Hospital San Rafael no tenía. "Sólo unas pocas e insuficientes unidades le fueron transfundidas, mientras la familia hizo llegar, desde Medellín, 20 donantes que, tampoco fueron atendidos para que se les recibiera la sangre correspondiente".
Con la madre la historia no fue más alentadora. Perdió mucha sangre y le ordenaron trasfusiones que Hospital San Rafael no tenía. "Sólo unas pocas e insuficientes unidades le fueron transfundidas, mientras la familia hizo llegar, desde Medellín, 20 donantes que, tampoco fueron atendidos para que se les recibiera la sangre correspondiente". Posteriormente murió.
La familia decidió demandar por los daños causados a su familia en 1999, y después de varios trámites en juzgados de primera y segunda instancia, ésta llegó a la Sección Tercera del Consejo de Estado.
Por ello el Consejo de Estado condenó a que el Hospital San Rafael y el ISS pagaran de forma solidaria un total de $580754316 a la niña, su papá, los papás de Adriana y a sus hermanas, por los perjuicios morales que les causó la muerte de la mujer, y los daños cerebrales irreversibles de la niña.
Adicionalmente el ISS y el Hospital tendrán que atender de por vida a la niña y suministrarle toda la medicina que requiera, y el ISS tendrá que pagarle una pensión equivalente a un salario mínimo mensual por el resto de su vida desde que cumpla 18 años de edad.
Por El Espectador
