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En las últimas horas, las autoridades confirmaron la muerte de 15 disidentes en la localidad de Araracuara, en Solano (Caquetá), en medio de operativos que se desarrollan desde la semana pasada en esta zona que limita con el Amazonas. Entre los fallecidos se presumió que estaría Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, líder de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC).
No obstante, la muerte del guerrillero fue desmentida hoy por el ministro de Defensa, Pedro Sánchez. En paralelo, El Espectador conoció información de agencias de inteligencia militar y policial que dan cuenta de que al interior de la disidencia se estarían presentando profundas fracturas internas y luchas de poder entre los que siguen la línea de mando de Iván Mordisco.
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Específicamente, Ebimelec Eregua Torres, conocido como Alonso 40 o Alonso 45, principal líder de la estructura Carolina Ramírez, junto con hombres de su confianza —entre ellos alias Jhonier Boyacá, Indio Yoga y Negro Primo— estarían manifestando un creciente descontento con las directrices de Vera Fernández.
Las presuntas tensiones, según los documentos conocidos por este diario, obedecerían a “una serie de hechos que se han venido presentando y que los estaría poniendo en serios aprietos, los cuales irían desde ser capturados, asesinados por sus rivales (los Comandos de Frontera de la Segunda Marquetalia, o los frentes Jorge Suárez Briceño o Raúl Reyes de las disidencias de Calarcá) o muertos en desarrollo de operaciones militares por la Fuerza Pública”, detallaron las autoridades.
Además, señalaron que en las últimas semanas varias ofensivas militares han afectado significativamente a estas estructuras, tanto en lo logístico como en lo operativo. Entre los hechos más recientes se encuentra la muerte de alias Paisa, el pasado 9 de abril, quien contaba con un historial delictivo de más de ocho años, involucrado en homicidios, reclutamiento forzado de menores y desplazamientos.
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Inteligencia militar y policial aseguran que estos hechos han generado alarma entre mandos medios y líderes de peso dentro del EMC. Según información recopilada por inteligencia militar, a través de medios técnicos, testimonios de desmovilizados y fuentes humanas, algunos jefes estarían considerando alternativas como una eventual negociación de paz o acuerdos de sometimiento, similares a los iniciados por el Frente Comuneros del Sur del ELN en Nariño.
Además, se “estaría conociendo que integrantes de las redes de alías Alonso 40 o Alonso 45 estarían buscando y ubicando los campamentos, depósitos ilegales, laboratorios de otras estructuras de su misma organización para entregarlos y delatarlos. Para ello estarían empleando a población civil ubicada en sus zonas de influencia y que por su intermedio dieran aviso a sus contrincantes”.
Otro foco de conflicto interno sería el manejo de los recursos obtenidos del narcotráfico. Según los documentos de inteligencia conocidos por este diario, las ganancias estarían siendo redireccionadas para financiar la guerra personal de Iván Mordisco contra alias Calarcá, descuidando las necesidades de las estructuras del suroriente, lo que ha generado descontento y divisiones entre los combatientes. En contraposición, los líderes Ferney Polo y Curubá se mantendrían leales a Iván Mordisco, operando laboratorios y cultivos ilícitos que alimentan las finanzas de la organización.
La situación pone de manifiesto una ruptura interna cada vez más evidente: entre quienes buscan una salida negociada y aquellos que insisten en continuar el conflicto armado, alineados con el núcleo duro del EMC. Alonso 40, cuyo operación se acentúa en los departamentos de Caquetá, Putumayo y Amazonas, tiene control sobre rutas de narcotráfico hacia Brasil y Perú, y lideraría una estructura con al menos 200 integrantes. Sobre él pesa una recompensa de más de $600 millones.
Iván Mordisco, es señalado de múltiples delitos como narcotráfico, reclutamiento forzado de menores, desplazamiento, terrorismo, homicidio y extorsión, entre otros. Por este líder disidente, según los documentos de las agencias de inteligencia militar y de Policía, “se ofrece una millonaria recompensa de hasta 4 mil 450 millones de pesos”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
