Jaime Benítez, víctima de la toma del Palacio, estaba enterrado en la tumba equivocada

En el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía para dar con el paradero de los desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia en 1985, en enero del año pasado se ordenó la exhumación de la tumba del sargento de la Policía, Jaime Benítez Prieto. Hoy, más de un año después de esta diligencia, Medicina Legal y el ente investigador anunciaron que en realidad la familia del escolta del presidente de la Corte Suprema de Justicia no enteraron a su ser querido hace 32 años, sino los restos de dos personas diferentes.

(En contexto: El levantamiento y entrega de las víctimas del Palacio de Justicia, un caos que nunca se investigó)

A esta conclusión llegaron las autoridades al revisar la tumba de Benítez Prieto y cotejar los hallazgos con las cajas de restos óseos que se encontraron en el Cementerio del Sur en Bogotá en una fosa común, tras ordenar su inspección en 1998. Fue allí en donde los médicos forenses encontraron a Jaime Benítez Prieto quien, después de 32 años, por fin regresará a los brazos de su familia, quien recibirán a su ser querido en una ceremonia que se realizará el próximo 7 de septiembre en el Centro Religioso de la Policía Nacional.

(Lea también: Los muertos equivocados del Palacio de Justicia)

Que Benítez Prieto no haya estado en la tumba que su familia le preparó hace ya tres décadas, es una prueba más de las irregularidades que se dieron días después de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Una vez las autoridades entraron a las ruinas del Palacio de Justicia, lavaron el piso en donde había restos de personas que murieron en el incendio, hicieron montículos con los cuerpos, y en Medicina Legal, familiares de las víctimas entraron a buscar a sus seres queridos y los identificaron, sin ningún tipo de prueba medicolegal. 

(Le puede interesar: Radiografía de la investigación del Palacio de Justicia)

Este caos se ha venido reseñando, incluso desde meses después de los hechos violentos. En 1986, por ejemplo, el Tribunal Especial de Instrucción, creado por el gobierno de Belisario Betancur para evaluar lo sucedido, concluyó en 1986 que las autoridades militares impidieron que los funcionarios competentes cumplieran su labor de investigación. “Primero, ordenaron la incautación de armas, provisiones y material de guerra, después la concentración de cadáveres en el primer piso, previo al despojo de sus prendas de vestir y de todas sus pertenencias”, señala el documento judicial.

Fuentes del alto tribunal le aseguraron a este diario que el proceso para remediar estas irregularidades e identificar a todas las víctima del Palacio de Justicia y su paradero, puede tardar por lo menos dos años más. 

En el marco de la investigación que adelanta la Fiscalía para dar con el paradero de los desaparecidos de la toma del Palacio de Justicia en 1985, en enero del año pasado se ordenó la exhumación de la tumba del sargento de la Policía, Jaime Benítez Prieto. Hoy, más de un año después de esta diligencia, Medicina Legal y el ente investigador anunciaron que en realidad la familia del escolta del presidente de la Corte Suprema de Justicia no enteraron a su ser querido hace 32 años, sino los restos de dos personas diferentes.

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A esta conclusión llegaron las autoridades al revisar la tumba de Benítez Prieto y cotejar los hallazgos con las cajas de restos óseos que se encontraron en el Cementerio del Sur en Bogotá en una fosa común, tras ordenar su inspección en 1998. Fue allí en donde los médicos forenses encontraron a Jaime Benítez Prieto quien, después de 32 años, por fin regresará a los brazos de su familia, quien recibirán a su ser querido en una ceremonia que se realizará el próximo 7 de septiembre en el Centro Religioso de la Policía Nacional.

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Que Benítez Prieto no haya estado en la tumba que su familia le preparó hace ya tres décadas, es una prueba más de las irregularidades que se dieron días después de la toma y retoma del Palacio de Justicia. Una vez las autoridades entraron a las ruinas del Palacio de Justicia, lavaron el piso en donde había restos de personas que murieron en el incendio, hicieron montículos con los cuerpos, y en Medicina Legal, familiares de las víctimas entraron a buscar a sus seres queridos y los identificaron, sin ningún tipo de prueba medicolegal. 

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Este caos se ha venido reseñando, incluso desde meses después de los hechos violentos. En 1986, por ejemplo, el Tribunal Especial de Instrucción, creado por el gobierno de Belisario Betancur para evaluar lo sucedido, concluyó en 1986 que las autoridades militares impidieron que los funcionarios competentes cumplieran su labor de investigación. “Primero, ordenaron la incautación de armas, provisiones y material de guerra, después la concentración de cadáveres en el primer piso, previo al despojo de sus prendas de vestir y de todas sus pertenencias”, señala el documento judicial.

Fuentes del alto tribunal le aseguraron a este diario que el proceso para remediar estas irregularidades e identificar a todas las víctima del Palacio de Justicia y su paradero, puede tardar por lo menos dos años más.