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JEP abre incidente contra la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán

La decisión también aplica para el funcionario delegado, William Hernández Arias. Ambos no asistieron a la audiencia de seguimiento que adelanta esa jurisdicción, sobre las medidas de protección de varios cementerios en el Eje Cafetero y el Magdalena Medio.

29 de noviembre de 2023 - 03:21 p. m.
Los magistrados de la JEP hacen seguimiento a órdenes que protegen cementerios en el Magdalena Medio y el Eje Cafetero.
Los magistrados de la JEP hacen seguimiento a órdenes que protegen cementerios en el Magdalena Medio y el Eje Cafetero.
Foto: Jurisdicción Especial para la Paz

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un incidente de medidas correccionales a la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, y al funcionario por ella delegado, William Hernández, por no asistir a la Audiencia pública de seguimiento a las medidas cautelares que protegen 36 cementerios en el Magdalena Medio caldense y el Eje Cafetero. Los funcionarios fueron citados y estaban en la obligación de ir a comparecer.

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Al término de las audiencias, que se llevaron a cabo en la Universidad del Quindío los días 28 y 29 de noviembre, la JEP ordenó que se preserven las medidas cautelares los sobre 16 cementerios ubicados en Risaralda, 11 en Quindío y seis en Caldas. Así mismo, otros tres en dos municipios de Antioquia (2 en Puerto Berrío y 1 en Puerto Triunfo), además de isla de La Tortura. Esto luego de determinar que en estos lugares no se cumplían los parámetros técnicos para custodiar los cuerpos de personas no identificadas, así como las identificadas y no reclamadas.

De acuerdo con un registro entregado por la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas a la JEP, con corte a 15 de octubre de 2023, en el Eje Cafetero hay 3.642 personas desaparecidas en el marco del conflicto armado. De ellas 2.176 se encuentran en Caldas, 1.048 en Risaralda y 418 en Quindío.

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A estas audiencias asistieron autoridades locales y departamentales (entrantes y salientes) de los municipios donde están ubicados los cementerios y que, entre otras medidas, debían llevar a cabo acciones para fortalecer a Medicina Legal. Así mismo, la magistratura evaluó si la Unidad de Víctimas cumplió la orden de acompañar los casos de 187 familias, con miras a garantizar su acceso a la atención que les ofrece el Estado, así como el reconocimiento de sus derechos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

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