JEP abre macrocaso de violencia sexual: por fin se escucha a las víctimas

Cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica establecen que en Colombia hay más de 35.000 víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto.

Foto: Archivo El Espectador

¡Por fin! La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dio apertura formal al macrocaso número 11, que investigará y sancionará violencia sexual y de género cometida por grupos criminales y del Estado durante el conflicto armado. La decisión se comunica casi año y medio después de que la Jurisdicción anunciara la creación del nuevo macrocaso, en mayo de 2022, y que responde al constante clamo de las víctimas de estos crímenes y a una acción de tutela promovida por la Procuraduría por el derecho al acceso a administración de justicia.

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A través de este macrocaso, la JEP pone un foco especial en los elementos discriminatorios de estas violencias y en las dinámicas de guerra, que reflejan y multiplican las discriminaciones estructurales que históricamente han afectado a mujeres, niñas y personas con orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género diversas. No se trata de un caso que se limita a investigar determinadas conductas o crímenes, sino de una investigación centrada en los motivos y las lógicas de las organizaciones armadas, los cuales se sustentan en relaciones dominantes de género que se reproducen en el conflicto armado a través del uso de las armas y el ejercicio del poder.

La JEP estableció y analizó varios hechos a partir de los informes y bases de datos presentados por la sociedad civil y por entidades estatales, en los que se identificaron violencias de género y por prejuicio. La JEP encontró el registro de 35.178 víctimas de todos los actores armados del conflicto, por hechos de violencia sexual, reproductiva y otras violencias de género y por prejuicio, en hechos ocurridos entre 1957 y 2016. De ellas, el 89% son mujeres y el 35% sufrieron las violencias cuando eran niñas, niños y adolescentes.

Aunque en el 78% de los registros no se cuenta con datos sobre la pertenencia étnica de las víctimas, hay información sobre hechos cometidos contra personas negras, afrodescendientes, raizales o palenqueras, indígenas y del pueblo Rrom. El análisis de este universo provisional de hechos también permitió establecer que el mayor número de hechos se atribuye a grupos paramilitares (33%), seguido por las FARC (6%) y agentes del Estado (3%). Sin embargo, el 30 % de los registros no se identifica al actor armado responsable.

En esa labor de recopilación y analisis de la información la JEP determinó que estos casos serán investigados en tres subcasos: Subcaso 1, Violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de las Farc-EP; Subcaso 2, Violencia basada en género contra personas civiles cometidas por miembros de la Fuerza Pública; Subcaso 3, Violencia de género y por prejuicio al interior de la Fuerza Pública y de las Farc-EP.

“De igual manera, la Sala determinó que los hechos de violencia de género y por prejuicio se dieron con ocasión del conflicto armado, ya que los perpetradores se sirvieron del lugar de dominio que les dio las armas y del ejercicio del poder armado para seleccionar a las víctimas y cometer los crímenes. Los hallazgos cualitativos preliminares revelaron factores comunes en los hechos atribuibles a distintas organizaciones armadas, como su enraizamiento en una cultura patriarcal, pero también evidencia la existencia de factores diferenciales en el accionar de cada grupo”, señaló la JEP en su comunicado de prensa.

El camino hacia la apertura del macrocaso 11

El macrocaso 11, sobre violencia de género, nació a partir de la iniciativa de los procuradores que intervienen en ante la JEP, quienes accionaron a la Sala de Reconocimiento de Verdad para que focalizara investigaciones en torno a estos episodios considerados como guerra sucia. Según datos del Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (desagregando posibles casos de subregistro), en Colombia hay más de 35.000 víctimas de violencia sexual. El 90% de estas personas son niñas y mujeres.

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De acuerdo con la tutela de la Procuraduría, no había justificación para la demora en priorizar la investigación de la violencia sexual en el conflicto. “Cada día que transcurre sin que la Sala de Reconocimiento adopte una decisión sobre la priorización de un macrocaso relacionado con hechos de violencia sexual y violencias basadas en género, implica la violación de los derechos de las víctimas”, escribieron.

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Al órgano de justicia transicional le tomó alrededor de dos años de trabajo en territorio para hacer una descripción en detalle de tal conducta criminal. Bajo la premisa de que la violencia sexual y las violencias basadas en género durante la guerra arruinaron sueños, familias y modos de vida, la JEP priorizó esfuerzos de equipos territoriales para construir el caso desde adentro y vincular la violencia sexual al arsenal de guerra que se ha desplegado en Colombia. Por la complejidad de casos para reunir a un universo de víctimas representativo, sumado a otros obstáculos logísticos y procedimentales, esto tuvo bastantes demoras al interior de la jurisdicción.

De hecho, durante el camino, la Sección de Revisión de la JEP le dio un plazo a la Sala de Reconocimiento para que abriera el macrocaso, el cual no se cumplió el pasado 2 de agosto. Asimismo, dos semanas después, la Procuraduría hizo un llamado a la Sala para que cumpliera con lo prometido, a través de una acción de tutela, que también fue radicada para proteger los derechos a la verdad, justicia, reparación y no repetición para las víctimas.

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De acuerdo con una fuente consultada por Colombia +20, la demora en la apertura del macrocaso se debe a que, en principio, el magistrado Oscar Parra iba a ser el único relator. Sin embargo, esto no habría caído bien al interior de la jurisdicción, dado que una sola cabeza podría afectar el desarrollo de la investigación y, por ello, se discutió la idea de incluir a alguien más, que “pudiera dar aportes desde los temas de género y de conductas criminales propias de las FARC en esos hechos”.

De acuerdo con las consultas de este diario, esa fue la razón por la que se incluyó el nombre de la magistrada Julieta Lemaitre como la otra relatora principal. Su amplio conocimiento sobre los métodos de guerra de las antiguas FARC cambió el orden para estructurar desde las bases el macrocaso 11. Ahora, junto al relator Parra, ambos deberán entregarle resultados al país sobre uno de los métodos utilizados durante la guerra y del cual las víctimas esperan verdad y justicia, tras verse sometidas como objetos por guerrillas, paramilitares y agentes del Estado en los años del conflicto armado colombiano.

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