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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció este jueves 16 de enero que cuatro miembros de la extinta guerrilla de las Farc recibieron amnistía por su participación en delitos políticos relacionados al Paro Nacional Agrario ocurrido en 2013, durante la administración de Juan Manuel Santos. Los comparecientes, aclaró la justicia especial, habían sido condenados por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos.
El beneficio que recibieron los comparecientes elimina toda responsabilidad penal por delitos políticos durante el conflicto armado, pero no por crímenes de guerra o lesa humanidad. También condiciona a los exguerrilleros para que continúen entregando contribuciones a la verdad, la reparación y la implementación de garantías de no repetición, lo cual les permitiría mantenerse en un tratamiento penal diferenciado.
Al recibir este beneficio, los cuatro exintegrantes de las antiguas Farc deberán cumplir ciertos requisitos: En primer lugar tendrán que informar todo cambio de residencia a las autoridades competentes. Además, no podrán salir del país sin una autorización previa y tendrán que garantizar la dejación de armas y comprometerse a no reincidir en la comisión de delitos dolosos (con intención).
Así mismo, los comparecientes deberán mantener su compromiso de participación en los programas de contribución a la reparación de las víctimas y comparecer ante la Unidad de Búsqueda de las Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) o ante la JEP cuando sean requeridos, con el compromiso de aportar verdad plena. Y, por último, también tendrán que presentarse ante la Jurisdicción toda vez que sean requeridos sus aportes a través de trámites judiciales.
La responsabilidad de los ex-Farc en el Paro Agrario
Los hechos se remontan al 22 de agosto de 2013, según determinó la Sala de Amnistía o Indulto de la JEP. Ese día, los ahora comparecientes se dirigían al municipio de Campoalegre (Huila), para participar en el Paro Nacional Agrario. En la vía fueron detenidos, agregó la Sala, por miembros de la Policía, quienes encontraron en sus maletas sustancias de aluminio, azufre y clorato de potasio, así como pancartas que aludían al Paro Agrario y al movimiento campesino. Fueron capturados y procesados por la justicia ordinaria, la cual argumentó que las sustancias encontradas eran materiales para fabricar explosivos.
Según la Sala de Amnistía de la justicia especial, “el conflicto armado interno pudo ser una causa directa o indirecta de excesos cometidos durante la protesta social de 2013 o de hechos que derivaron en disturbios públicos”. De igual manera, la determinación de la JEP señala que la extinta guerrilla tendría interés en participar en movilizaciones sociales. “Por esta misma razón, el ejercicio de la protesta social fue objeto de discusión en la negociación del Acuerdo Final de Paz y su posible relación con el conflicto fue ratificada por la Corte Constitucional”, añadió la Sala.
En medio de las manifestaciones del Paro Agrario, ocurrido durante la presidencia de Juan Manuel Santos, fueron detenidos y judicializados exguerrilleros de las Farc, en delitos que nada tenían que ver con hechos políticos. Sin embargo, en el caso de los cuatro comparecientes que recibieron este beneficio la situación es diferente, pues la Sala encontró que sus conductas no son crímenes de guerra o de lesa humanidad y que, además, los hechos de protesta social y disturbios públicos pueden ser objeto de los beneficios contemplados en el Acuerdo de Paz de 2016.
“A la fecha, la JEP ha concedido 827 amnistías por delitos políticos y ha comunicado decretos de amnistía a más de 9.600 firmantes de las extintas Farc que cumplieron con los requisitos para acceder a este beneficio del Acuerdo Final de Paz”, concluyó la Jurisdicción a través de un comunicado.
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