Se acerca la imposición de las primeras sanciones para los antiguos miembros del secretariado de la extinta guerrilla de las Farc, quienes aceptaron su responsabilidad en más de 20.000 secuestros cometidos durante el conflicto. Este miércoles, la JEP anunció que el próximo 4 y 6 de julio comenzarán las audiencias de observaciones sobre la resolución de conclusiones que esta jurisdicción emitió contra los máximos exjefes de esa guerrilla.
Lea aquí: La lucha por la libertad de los militares y policías secuestrados por las Farc
Esto significa que las víctimas y sus apoderados, así como los representantes de los comparecientes, harán sus observaciones sobre la resolución de conclusiones que determinó que Rodrigo Londoño (Timochenko); Jaime Alberto Parra (Mauricio Jaramillo), Milton de Jesús Toncel (Joaquín Gómez), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape, Julián Gallo (Carlos Antonio Lozada) y Rodrigo Granda, aceptaron su responsabilidad en los crímenes de guerra de toma de rehenes, crimen de lesa humanidad de graves privaciones de la libertad y otros crímenes internacionales cometidos de manera concurrente.
El objetivo de la audiencia, según informó la JEP, es que la magistratura cuente con suficientes elementos de juicio que le permitirán adoptar la decisión final en este caso. “Es decir, se trata de contar con los diversos elementos de juicio que le permitan concluir si hay correspondencia entre los hechos, las conductas reconocidas, las pruebas allegadas, las calificaciones realizadas, los presuntos responsables, la propuesta de sanción y la valoración del reconocimiento de verdad y responsabilidad por parte de los exFarc”, explicó la jurisdicción por medio de un comunicado.
Lea: Las mujeres que encararon a las Farc por la libertad de policías y militares
La resolución de conclusiones contra los exjefes del secretariado fue emitida en noviembre de 2022. En ella se reconoce que cada uno de los miembros del secretariado aportaron verdad en el proceso que llevó esa justicia, participaron en las entregas voluntarias de testimonios realizadas y aceptaron su responsabilidad en los hechos. Es decir, aceptaron que hombres bajo sus órdenes cometieron al menos 21.396 secuestros y que estos crímenes ocurrieron bajo tres patrones, como les imputó la JEP: para financiar sus operaciones a través del pago de rescates; privaron de la libertad a uniformados, políticos y funcionarios para forzar un intercambio por guerrilleros presos, y finalmente, como una forma de control social.
¿Cuál será la sanción?
En la resolución, la JEP explicó que a los exjefes les serán impuestas sanciones propias por parte del Tribunal de Paz, las cuales pueden hacerse efectivas, entre otras, a través de los TOAR (Trabajos, Obras, Actividades con contenido reparador y restaurador) y también podrían implicar la restricción efectiva de la libertad y los derechos a la participación política, si el Tribunal para la Paz lo decide.
En la resolución, la Sala recomienda que ese tiempo de sanciones sea de ocho años para Rodrigo Londoño; Jaime Alberto Parra, Milton de Jesús Toncel, Pablo Catatumbo Torres, Pastor Alape y Julián Gallo, mientras que para Rodrigo Granda “recomienda cinco años de sanción por no haber tenido mando directo sobre la tropa, manteniendo así la proporcionalidad de la duración de la sanción”.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
