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La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó una audiencia pública de carácter urgente para el próximo 10 de abril, con el fin de abordar la creciente violencia contra los firmantes del Acuerdo Final de Paz en 2016. La decisión surge en respuesta a la preocupante escalada de homicidios en 2025, con 15 asesinatos en menos de tres meses, lo que representa la mitad del total de casos registrados en todo 2024.
Desde la firma de los acuerdos de La Habana, 456 excombatientes han sido asesinados, evidenciando una crisis de seguridad que pone en riesgo el proceso de reincorporación y la estabilidad del pacto de paz. La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la JEP ha decretado medidas de protección colectivas, enmarcadas en un enfoque de seguridad humana integral que garantice el derecho a una vida libre de violencia.
La audiencia, que inicialmente estaba prevista para el 27 de marzo, fue reprogramada para garantizar la participación de todas las instituciones responsables de la seguridad de los excombatientes. Se espera la asistencia de la fiscal general de la Nación, los ministros de Defensa e Interior, el alto comisionado para la Paz, así como los directores de la Unidad Nacional de Protección, la Agencia para la Reincorporación y Normalización y la Agencia Nacional de Tierras.
Además, el director de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), conocida como la fiscalía de la JEP presentará un informe actualizado sobre la violencia letal contra los excombatientes, junto con el Equipo de Identificación y Advertencia Oportuna de Riesgos y Amenazas.
En el encuentro también participarán firmantes del Acuerdo Final de Paz ubicados en los Antiguos Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (AETCR) de La Montañita (Caquetá), Pondores (La Guajira) y Caño Indio (Catatumbo), quienes expondrán las amenazas que enfrentan en sus territorios.
Más allá de un espacio de diálogo, la audiencia busca establecer compromisos concretos de las entidades responsables para reforzar las garantías de seguridad y proteger la vida de los firmantes del Acuerdo. La JEP ha enfatizado que la protección de los excombatientes es esencial para el cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.
