JEP define proyectos restaurativos para exmilitares vinculados a ‘falsos positivos’

Inauguración del primer proyecto del Sistema Restaurativo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en Sumapaz.

Foto: Óscar Pérez

La Sala de Reconocimiento y Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que, el próximo 24 de enero, se realizará una mesa técnica con varias entidades y familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales en Casanare, con el fin de establecer las primeras medidas para definir los proyectos restaurativos que deberán adelantar los exmiembros de la Fuerza Pública señalados de participar en estos crímenes.

De acuerdo con el órgano de justicia transicional, esta mesas para definir el futuro de los proyectos responde procesos de acompañamiento y escucha que ha realizado la JEP, principalmente desde el despacho del magistrado Óscar Parra, relator del macrocaso 03, que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate en esa región.

La mesa de articulación, señalan desde la Jurisdicción, tiene como fin acordar cómo los exintegrantes de las Fuerzas Militares pueden resarcir el daño causado por su participación en los mal llamados ‘falsos positivos’. Este espacio estará conformado por delegados de la Gobernación de Casanare, la Alcaldía de Yopal, las víctimas acreditadas en el subcaso Casanare del macro caso 03 y sus representantes judiciales, la Mesa Departamental de Víctimas de Casanare y la Subdirección del Sistema de Justicia Restaurativa de la JEP.

“En esta instancia de articulación se deberán discutir las iniciativas de proyectos restaurativos que han sido presentadas por víctimas y comparecientes y explorar alternativas de acuerdo con la oferta institucional de los planes de desarrollo nacional y locales”, explicó la justicia especial a través de un comunicado oficial.

Las propuestas restaurativas

La primera propuesta que se discutirá entre todos los actores se llama Parque Memoria y Paz. Bajo esta iniciativa, que fue puesta sobre la mesa por los comparecientes representados por el Fondo de Defensa Técnica y Especializada para los miembros de la Fuerza Pública (FONDETEC) y ajustada con el apoyo de la Alcaldía de Yopal, se busca “honrar la memoria de las 303 víctimas de los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas como bajas en combate por la Brigada XVI del Ejército, entre 2005 y 2008″ por medio de un monumento.

La segunda iniciativa fue propuesta por la Asociación de Víctimas de Casanare para la Paz (Casa Paz), que integra cerca de 170 víctimas acreditadas en el subcaso Casanare de la investigación del macrocaso 03. Se trata de una idea en la que los comparecientes puedan apoyar labores para el desarrollo, la salud y la educación en el departamento. Esta iniciativa estaría enmarcada bajo el modelo conocido como TOAR (Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador Reparador ).

En concreto, aclaró la JEP, estos proyectos son: “‘Empresa Memoria - Casanare Fértil’, con la que buscan reparar la pérdida de economías familiares, veredales y municipales; ‘Clínica Universitaria de Salud Mental y Protección de la Memoria’, para atender la salud mental de las víctimas de la región; y la ‘Universidad de la Memoria y la Justicia de Casanare’, con énfasis en formación en derechos humanos, justicia transicional, ciencias de la salud y ciencias agropecuarias”.

Por último, la mesa de articulación también analizará un proyecto denominado Búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Como su nombre lo indica, esta iniciativa tiene como objetivo principal que los exuniformados contribuyan a las labores de identificación y búsqueda de cuerpos que lidera, precisamente, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). “Estas labores no sustituyen la obligación de los comparecientes de contribuir a esclarecer el paradero de las víctimas de los crímenes que ellos cometieron”, aclaró la Jurisdicción.

“Estas propuestas y otras que surjan en el proceso diálogico entre autoridades y víctimas serán analizadas y discutidas para lograr la formulación de proyectos restaurativos durante el primer trimestre de 2025. Cada propuesta deberá integrar las observaciones, ajustes y recomendaciones que las víctimas han presentado a través de sus voceros. La Sala de Reconocimiento ordenó que la mesa debe tener una propuesta acordada de proyectos restaurativos para el 25 de abril de 2025″, se lee en el comunicado de la JEP.

Este anuncio se da días después de un encuentro entre el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli, y la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, en el que se habló de las sanciones propias. Allí no solo se habló de una colaboración armónica entre las partes, sino también del diseño de estas sanciones, las cuales, cabe recordar, no son penas de cárcel. “Nuestro objetivo es dictar sentencias que sean viables, que se puedan ejecutar y que sean sostenibles incluso al cierre de esta Jurisdicción”, preciso el magistrado Ramelli.

Esta reunión marca un punto clave para destrabar el tema de las sanciones, pues a lo largo del 2024 surgieron varios cuestionamientos sobre quién debía tomar la batuta para garantizar que los proyectos restaurativos puedan ejecutarse. Mientras la JEP señalaba que el Gobierno no había girado el dinero a las entidades que se encargarían de ejecutar esos proyectos, el Ejecutivo señalaba que eso debía hacerlo la justicia especial.

Sin embargo, en el Plan Nacional de Desarrollo quedó establecido que, efectivamente, sería el Ejecutivo quien debería girar los recursos a las entidades para que se lleven a cabo los proyectos como sanciones propias. Al principio esta labor estaba en manos de la Unidad para las Víctimas, y luego pasó a ser competencia de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

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